Dos años de cárcel por estafar simulando que se presentaba a concursos públicos

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha condenado a un hombre a dos años de prisión por estafar más de 80.000 euros a una empresa y a una fundación en las que trabajaba, alegando concurrir en concursos públicos pese a que en muchos casos no llegara a presentarse proyecto alguno.

Por estos hechos, el acusado también deberá indemnizar a la sociedad perjudicada con 60.000 euros, tras llegar las partes a un pacto de conformidad.

El hombre, marroquí en situación regular en España, trabajaba entre los años 2008 y 2011 para una fundación y una empresa ambas titularidad del perjudicado, con quien mantenía una relación de confianza.

El ahora condenado convenció al titular de la fundación para que, persiguiendo un proyecto del Ministerio de Industria, subcontratara para un estudio a una entidad de la que él era socio y administrador.

El acusado le aseguró de que esta empresa subcontratada gozaba de prestigio ante el Ministerio por haber realizado trabajos para éste anteriormente; sin embargo, la empresa había carecido por completo de actividad empresarial desde su creación, además de que su objeto social no estaba relacionado con el proyecto.

Finalmente fueron adjudicatarios del concurso, si bien la subcontrata no realizó ningún estudio, que fue elaborado por la empresa del perjudicado. El acusado alegó que habían sido adjudicatarios del proyecto gracias a haber contado con la subcontrata y elaboró una factura falsa, a nombre de otra empresa pero con una cuenta bancaria de su titularidad, embolsándose 11.600 euros.

Asimismo, aprovechando la relación de confianza con el perjudicado, le solicitó avales para diferentes convocatorias públicas, cuando en realidad las administraciones competentes no habían requerido prestación de aval, e incluso en varias ocasiones no se llegó a presentar ningún proyecto al concurso.

Así, justificó los avales para proyectos del Ministerio de Industria y Turismo, la Conselleria de Educación, la Conselleria de Comercio, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), y los Ayuntamientos de Andratx y Alcúdia, incorporando el importe a su patrimonio.

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