Un preso agrede a tres funcionarios en la cárcel de Palma

Que la situación en el Centro Penitenciario de Palma está descontrolada no es ninguna novedad. Día sí y día también los funcionarios de la cárcel de la capital balear reciben amenazas y en algunos casos, como el que nos atañe, se tornan en agresiones.

El pasado lunes por la tarde todo parecía estar tranquilo cuando varios internos, tratados con medicación psiquiátrica, regresaban a su módulo desde el departamento de Enfermería. Lo que debería de haber sido un paseo apacible se convirtió en una pesadilla para varios de los funcionarios encargados de vigilar al grupo.

Así, según indican desde la Centra Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), uno de los funcionarios sospechó que uno de los internos había escondido en uno de sus bolsillos una pastilla. Tras ordenarle que sacara todo lo que llevaba guardado, se procedió al cacheo reglamentario requisándole un fármaco que había eludido administrarse.

Con ello, el interno en cuestión, entró en un estado de nerviosismo notable llegando a dar voces en presencia de los demás reclusos. Por ello, los funcionarios decidieron apartarle del grupo para someterlo a un registro minucioso en la sala de cacheo.

En ese momento, supuestamente, el interno se abalanza sobre uno de los funcionarios llegando a llevar al suelo a otros compañeros que intentaron, en vano, sofocar el incidente. En un duro forcejeo, el recluso lesionó, según CSIF, a tres funcionarios que tuvieron que ser atendidos en la Enfermería del Centro para ser trasladados posteriormente a los servicios de urgencias del hospital de referencia. Como consecuencia, dos de los funcionarios agredidos se encuentran con una baja laboral de 15 días cada uno.

Con este último incidente, ya suman un total de nueve funcionarios agredidos en la cárcel de Palma en 2017 y, por ello, desde CSIF piden que se aplique un protocolo contra las agresiones en el ámbito penitenciario que ya ha firmado el sindicato con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Este Protocolo contempla que los presos que agredan a un funcionario deberán enfrentarse a una pena adicional de cuatro años de prisión, ya que se les reconoce a los empleados públicos penitenciarios la condición de autoridad pública.

 

 

 

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