Tras acontecimientos terribles los políticos son muy dados a transmitir a sus conciudadanos expresiones grandilocuentes que muestran la voluntad de acabar con el mal de forma expeditiva y tajante. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones esas palabras se las lleva el viento, y esas medidas quedan en el olvido o, a lo sumo, se limitan en otras más aseadas conforme a los valores democráticos occidentales.
En el caso del terrorismo yihadista, responder o combatir su barbarie conforme nuestros valores y derechos individuales constituye una clara ventaja para el terrorista. Principios occidentales esenciales que todos aceptamos y exigimos en nuestra vida diaria, como la presunción de inocencia, la inviolabilidad de nuestro domicilio o la privacidad de nuestras comunicaciones, todos ellos derechos fundamentales que son aprovechados por quienes quieren exterminar nuestras libertades y costumbres para preparar, coordinar o perpetrar actos asesinos contra ciudadanos inocentes.
Después de un atentado terrorista no es ya una sorpresa conocer que el autor del delitos estaba siendo, de una u otra forma, vigilado u observado por las fuerzas policiales o de inteligencia por sus ideas extremistas o por sus conexiones con otros sujetos de igual perfil. Sin embargo, el Estado de Derecho siempre está limitado en la adopción de medidas preventivas y privativas de esos derechos individuales a menos que exista ya alguna conducta por parte del terrorista que exteriorice su pensamiento o su propósito delictivo, información que navega generalmente escriptada por internet o por las grandes plataformas sociales por donde contactan los delincuentes.
En efecto, en el mundo en el que vivimos, para preparación de los actos ilícitos, para el reclutamiento de las bandas criminales, o difusión de sus actos ilícitos, el uso de las redes sociales y nuevas tecnologías de comunicación son el medio por el cual los delincuentes se comunican, hecho que ha provocado quejas e incidentes entre las autoridades tanto en Europa como en EEUU y las grandes empresas tecnológicas (Facebook, Microsoft, Google o Twitter), guardianes de la privacidad de sus clientes. Rob Wainwright, director de la Europol afirmó recientemente que dichas empresas tecnológicas no cooperan con la agencia, y ya en 2014, el comité de inteligencia y seguridad del Reino Unido criticó a Facebook por no pasar información que hubiera ayudado a prevenir el asesinato del soldado británico Lee Rigby por los terroristas islamistas. Y si bien es cierto que en los últimos meses estas grandes depositadoras de información han avanzado en su colaboración, y que en el futuro el desarrollo de la inteligencia artificial podrá crear mecanismos de captación de dichas comunicaciones entre grupos terroristas, lo cierto es que ha llegado el momento de que la legislación dé un paso valiente y facilite la labor de prevención de estos ataques.
Probablemente sea esto mismo lo que ha querido expresar Theresa May en la mañana de ayer, señalando un camino que con toda seguridad secundará la amplia mayoría silenciosa de nuestra sociedad, aun y cuando sea a costa de ceder en algunos de sus derechos fundamentales.