Destinan 118.000 euros a prevención de riesgos sociales para menores

La Junta de Gobierno ha aprobado un convenio con el Govern para implantar el programa de intervención socio-educativa (PISE) con una dotación presupuestaria de 118.000 euros y la previsión de que se beneficien 20 alumnos durante cada curso.

La colaboración, que se llevará a cabo con la Conselleria de Educación y Universidad, se desarrollará durante el curso escolar 2017- 2018 y el 2018-2019 y está destinado a jóvenes de entre 14 y 16 años.

Según ha recogido el Consistorio palmesano en una nota informativa, la regidora de Bienestar y Derechos Sociales, Mercè Borràs, ha explicado que gracias a este convenio se podrá actuar en la prevención de riesgos sociales en niños y jóvenes.

Borràs ha detallado que este convenio permite desarrollar un programa para evitar el abandono escolar y, a la vez, promover el regreso al sistema educativo.

“Una de las variables más destacadas que aparece en el estudio de vulnerabilidad es el alta tasa de instrucción insuficiente en Palma ; que es del 19,6 por ciento. Esta realidad hace necesario que desde servicios sociales intervengamos en función de nuestras competencias”, ha explicado.

Así, a partir del próximo mes de septiembre los alumnos que desde la Conselleria se determine que están en riesgo de abandono escolar podrán ir unos días a clase a su instituto y otras a un espacio de formación o aula externa donde harán actividades prácticas.

Sanción de 14.000 euros

Por otra parte, Borràs ha explicado que la Junta de Gobierno ha aprobado también interponer una sanción por un importe de 13.943 euros a la empresa Serunión SA, adjudicataria del contrato de servicio social complementario de comida para equipamientos.

En concreto, esta empresa servía la comida en el centro de Acogida municipal de la calle Socors, al Servicio de Acogida de Adultos y a los tres casales de autonomía del Ayuntamiento ubicados a Es Jonquet, Ciutat Antiga y Can Ribas.

“El Ayuntamiento controla la calidad de sus servicios. Son sanciones que corresponden a los meses de diciembre, enero y febrero”, ha señalado Borràs, quien ha detallado que la sanción se produce porque la comida que servían no estaba en condiciones.

La empresa sancionada dejó de prestar el servicio el pasado 14 de febrero.

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