Los promotores temen que la moratoria de Cort se amplíe en más de un año

Luis Martín presidente de la Asociación de Promotores de Baleares

La moratoria impuesta por el Ayuntamiento de Palma, impidiendo la concesión de licencias para construir en hoteles urbanos, hostales y albergues, además de la inseguridad jurídica que genera, está provocando incertidumbre y el temor de que esta moratoria tan solo sea el principio de nuevas actuaciones.

Los promotores de Baleares instan a los ayuntamientos, el de Palma entre ellos, a que se realicen actuaciones con sentido de la responsabilidad pues las consecuencias económicas para los ciudadanos e inversores serán muy onerosas.

El presidente de la Asociación de Promotores de Baleares, Luís Martín, resalta que “la suspensión de licencias no es nuevo ya que no podemos olvidar otras actuaciones como las realizadas en el barrio de Santa Catalina, suspendiendo licencias hasta que se tenga perfilado el futuro Plan General de Palma”.

“Hay que respetar las reglas del juego”

“El problema de la suspensión de licencias es que es fundamental que se respeten las reglas del juego y que estas reglas sean aceptadas por todos. Creemos que no se deben tomar decisiones precipitadas dentro del ámbito turístico cuando la política turística está en manos del Govern. En cuanto a la moratoria acordada recientemente por el Ayuntamiento de Palma, nos tememos que  finalmente será más de un año, es casi seguro”, señala el presidente de la asociación.

Luís Martín destaca, al mismo tiempo, que los mayores problemas a los que se enfrentan los promotores hacen referencia al baile de leyes y decretos que constantemente se están aprobando.

En este sentido resalta que “tenemos una Ley de Vivienda que probablemente en algunos artículos sea inconstitucional, otra Ley de Urbanismo que no aporta mucho pero que cambia las reglas de juego y después un Plan General de Palma que estaba muy avanzado en la legislatura anterior y ahora empezamos de nuevo con un plan que no contempla la realidad urbanística de la ciudad. De lo que realmente nos quejamos es por el hecho de que no existe coherencia política ni consenso a la hora desarrollar las leyes. Tenemos un sistema político basado en la alternancia de partidos, lo que hace que las medidas que ahora se adoptan tengan fecha de caducidad y esto nos perjudica ya que los promotores trabajamos  con proyectos a largo plazo”.

Por último, Luís Martín quiere desmentir las idea de que los promotores son destructores del territorio indicando que “nada más lejos de la realidad ya que no queremos consumir más territorio sino que se estudien las necesidades de la población y en función de estas necesidades se adopten las medidas más adecuadas, es decir, lo que solicitamos es poder utilizar el suelo que tenemos, no más suelo”.

El presidente concluye apuntando que “por el bien de los ciudadanos hay que pensar las cosas antes de hacerlas ya que en caso contrario se produce lo que está ocurriendo ahora y que no es otro que la cantidad de dinero que tiene que abonar el Govern por realizar desclasificaciones urbanísticas no adecuadas, dinero que, finalmente, tendrá que salir de nuestros bolsillos”.

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