El consell de Eivissa ha abierto diligencias contra el alquiler turístico irregular de un piso de protección oficial. Algo que ha sido posible, gracias a una denuncia anónima.
Tras la denuncia, se ha comprobado que la vivienda se anunciaba en el portal de Airbnb ofreciendo varios servicios. Siendo algo habitual, ya que la persona que la comercializaba, lo había hecho unas 10 veces.
El Consell ha trasladado los hechos a la Delegación de Hacienda y a la Dirección General de Vivienda del Govern. Sin embargo, dado que las diligencias se abrieron en julio, antes de la entrada en vigor de la modificación de la Ley turística, el responsable se expone solo a una sanción de entre 4.000 y 40.000 euros.
Con la actual Ley, las sanciones son considerablemente superiores, a las que deberá hacer frente el responsable de la infracción.
