Urbanismo y política

Cuando tomó posesión como Presidente del Consejo de Gerencia de Urbanismo el nuevo concejal de urbanismo y anterior alcalde, me dejó boquiabierto al decir que seguridad jurídica “puede significar muchas cosas”. Estábamos tratando la concesión de una licencia, y esta fue su respuesta a la intervención del representante de los promotores, cuando éste puso de manifiesto que una decisión que iba a adoptar el Consejo iba en contra de la seguridad jurídica.

Lamentablemente, la citada expresión es el reflejo del criterio con el que se adoptan las decisiones en el citado Consejo; y en concreto, en lo que a concesión de licencias se refiere.

El problema se plantea cuando en una materia reglada, en la que no debería haber margen a la discrecionalidad, como la concesión de licencias de obra, se pretende hacer política. En estos dos años, hemos visto como determinadas obras que se ajustaban perfectamente a la normativa urbanística quedaban sobre la mesa, o bien se retiraban indefinidamente. A partir de aquí, ¿qué reproche moral se le puede hacer al administrado, cuando habiendo cumplido con todos los trámites, finalmente realiza las obras sin la autorización a la que legalmente tiene derecho, porque desde el Consejo no se le da respuesta?, y un ejemplo lo tenemos con la demolición de la casa de Génova en la que residió D. Manuel de Falla, que al final fue derribada sin licencia.

Otro ejemplo lo tenemos en la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, cuyo Presidente tiene voz y voto en el Consejo, y lo ejercía votando en contra de la concesión de licencia para cualquier proyecto que contemplara la construcción de una piscina, con el objeto de presionar a EMAYA para que estableciera una tarifa especial para las viviendas que dispusieran de una. ¿Se imaginan?. Afortunadamente sólo era un voto, y su protesta quedaba en agua de borrajas.

Criticar esta forma de actuar no significa ir en contra del patrimonio de nuestra ciudad, ni realizar una defensa desaforada de los promotores, aunque supongo que si los miembros del gobierno municipal leen este artículo, o lo hace el citado Presidente de la FAVV, no dudarán en decir que defendemos los intereses de los grupos de poder, de los especuladores y del IBEX35, que es lo que acostumbran hacer.

La realidad es muy distinta, denunciamos el constante ataque a la seguridad que debemos tener los ciudadanos, cuando compramos un inmueble, de que podremos ejecutar las obras que la Ley nos permite. En dos palabras, seguridad jurídica.

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