El fiscal mantiene la petición de cárcel de 125 años para Correa y rebaja a 39 la de Bárcenas

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Este lunes comienza la recta final del juicio por la primera época (1999-2005) de la trama Gürtel. Y, lo hace con el anuncio de la petición definitiva de penas de la Fiscalía y el resto de acusaciones.

En este sentido, se espera que el peor parado parado sea el presunto ‘cabecilla’ de la red corrupta, Franciso Correa. Así, al menos, lo deja entrever el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales, donde pide hasta 125 años y un mes de cárcel.

Aunque, se desconoce si el Ministerio Público rebajará esta cifra al tener en cuenta que Correa es “una de las pocas partes del proceso que no ha impugnado nada”. Y, además, durante su declaración reveló datos que llevaron a reabrir la investigación de una presunta caja ‘b’ del PP.

También hay expectación por conocer cuáles serán las peticiones definitivas para otros de los principales acusados. Entre ellos, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo. Para él, la Fiscalía pedía inicialmente 85 años y 6 meses de cárcel. Y, también, el extesorero ‘popular’ Luis Bárcenas, para quien pedían 42 años y 6 meses de prisión. Ahora, tras atender a las periciales, retira el delito relativo al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2009, por lo que finalmente pide para él 39 años de cárcel.

Correa, Crespo y Bárcenas son los tres nombres propios más reconocibles de este caso. Pero, en el juicio, que conenzó el 4 de octubre, han declarado otras 34 personas investigadas,tres partícipes a título lucrativo y cerca de 300 testigos.

Entre los participantes a título lucrativo se encuentran el PP y la exministra de Sanidad Ana Mato. Al partido le pide que pagué una multa de 245.492 euros. Y a la exministra 28.467 euros.

El juicio analiza las operaciones que la red de Correa desarrolló entre los años 1999 y 2005 con ayuda de Crespo. En este período es cuando, presuntamente, organizaron un entramado societario utilizando sus contactos con responsables del PP. El objetivo era conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos. Pero, también, el pago de comisiones y dádivas. Y, ocultar al fisco las ganancias que ascienden a más de 40 millones de euros, según la Fiscalía.

Estas actividades se llevaron a cabo en las comunidades de Madrid y Castilla y León. En concreto, en el ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. Y, en la localidad malagueña de Estepona.

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