IbDona, en defensa de la dignidad de mujeres y niñas

El Consell de Govern ha encargado al Instituto Balear de la Mujer (IbDona) que elabore, en el plazo de un año, un plan autonómico contra el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual para definir líneas de trabajo estratégicas y campañas de sensibilización.

Así lo ha anunciado la portavoz adjunta del Govern, Fina Santiago, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha explicado que, según datos de la Universitat de les Illes Balears (UIB), unas 2.300 mujeres ejercen la prostitución en las Islas, en las que se calcula que hay entre 90.000 y 100.000 clientes de estos servicios.

El plan que elaborará el IbDona se hará “desde la perspectiva de los derechos humanos” y tendrá un enfoque transversal para coordinar a varias instituciones. Este plan se desarrollará en colaboración con los agentes sociales e institucionales que intervienen en estos campos, para garantizar la efectiva protección, recuperación e integración sociolaboral de las víctimas.

Además, el plan también estará enfocado, en materia de prevención y sensibilización, a los consumidores de servicios sexuales.

La portavoz adjunta del Govern ha defendido que la explotación sexual es una “forma de esclavitud y de violencia de género” y que supone, además de una “vulneración de los derechos humanos”, una “cruel manifestación de la desigualdad y la feminización de la pobreza”.

Asimismo, ha recordado que en los últimos tres años se han desmantelado en Baleares tres pisos en los que se ejercía la prostitución con menores.

El acuerdo del Consell de Govern cumple con una proposición no de ley aprobada por la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos del Parlament.

Con esta iniciativa, el Govern también quiere manifestar su compromiso en la lucha contra la explotación sexual.

El Consell de Govern también ha acordado manifestar la ratificación y su adhesión al Plan Integral contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual aprobado por el Gobierno de España, y se ha unido al compromiso para prevenir, reprimir y sancionar la trata de mujeres con fines de explotación sexual, tal y como establece el Protocolo de Palermo de 2000.

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