La incoherencia de exigir requisitos a los demás

Imponer el requisito de catalán a todos los funcionarios no es garantía de que lo conozcan ni de que presten mejor servicio público o de que sean más diligentes en sus funciones. Como tampoco lo sería exigirlo a los actuales cargos públicos para acreditar que aprecian nuestra lengua más que los demás o que interaccionan mejor con la ciudadanía. El conocimiento de la lengua propia es nuestro deber, faltaría más, y paralelamente un derecho que nos beneficia y enriquece. Pero no una imposición.

Lo que debe hacer una administración es ofrecer garantías a todos los ciudadanos para que puedan comunicarse libremente con sus instituciones en cualquiera de las lenguas cooficiales al solicitar un servicio público. Y con esa finalidad el Gobierno del partido popular de 2012 incluyó dos previsiones en la ley de función pública balear: la obligación de poner los medios públicos necesarios para garantizar la atención a la ciudadanía en la lengua cooficial que soliciten y la exigencia de proveer cursos suficientes para favorecer el conocimiento del catalán entre los empleados públicos a fin de garantizar dicha capacitación. Todo ello en una ley racional, deliberada y consecuente, que fijaba la lengua como mérito general necesario para acceder a la administración en calidad de funcionario, pero también la establecía como requisito imprescindible para ocupar aquellos puestos que así lo demandasen sus funciones: asesor lingüístico, atención al público, atención telefónica, funcionario docente o cualquier otro servicio que el interés ciudadano requiera.

El tiempo nos ha ido dando la razón. Primero fue el Constitucional quien avaló nuestra ley cuando la oposición de izquierdas quiso impugnarla. La sentencia TC 2013 amparó nuestra norma por ser garantista con los derechos lingüísticos y con el deber de servicio público. Y ahora de la mano de la realidad se hace patente que la imposición del requisito del catalán no es viable ni garantista ni aceptado por el sector. No se convence a los sindicatos, ni se consensúa con los propios empleados públicos y mucho menos se ha pedido la opinión ciudadana. Para esto no ha sido necesaria la tan manida ‘participación de la gente’ que hoy en día se invoca para casi todo.
Ha sido únicamente una decisión sectaria del Pacto encaminada a derogar todo aquello que haga el Partido Popular independientemente de que sea acertado. Evidentemente por falta de programa político y motivado por un posicionamento acuñado en los años sesenta como herramienta de reivindicación al que se aferran medio siglo después por el miedo al cambio. Los del cambio.

Ahora estamos ante una encrucijada sin salida, frente a un problema surgido por la improvisación y por la inexperiencia administrativa. Y el resultado es que faltan empleados para cubrir plazas porque les falta la acreditación del requisito lingüístico adicional a pesar de la reconocida profesionalidad. Hoy han sido los médicos que han provocado la alarma, hace unos días fueron los fisioterapeutas para niños discapacitados y un poco antes el personal de mantenimiento. Pero mañana podrían ser los empleados de emergencias, los inspectores turísticos, las limpiadoras de los colegios o los agentes de medio ambiente. Todos son funcionarios, ¿no serían también, en su caso, servicios esenciales a exceptuar?

Facilitemos la formación a los empleados, dotemos de recursos suficientes los servicios de atención ciudadana y pongamos en valor entre todos nuestra riqueza lingüística. Por supuesto, ahí estaremos todos. Pero no veten desde el Govern a los profesionales de ninguna especialidad porque no dispongan de un título de catalán. Por una parte no es garantía sine qua non de su conocimiento, y por otra, digo yo, que tampoco pueden dar lecciones nuestros gobernantes. Porque me imagino que no todos los cargos públicos progresistas disponen de su título acreditativo de catalán y no por ello se sienten deslegitimados para atender o entender adecuadamente a los ciudadanos.
Hay que pensar y sopesar el interés público antes de imponer lo que nuestros impulsos ideológicos nos exigen. Si no, ya se pueden ir apuntando muchos a algún curso oficial de catalán de la Administración. Aunque solo sea por dar ejemplo.

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