El alcalde de Capdepera llamado a declarar por presuntas irregularidades urbanísticas

El actual alcalde de Capdepera, Rafael Fernández y los ex alcaldes gabellins, Bartomeu Alzina y Josep Gallego deberán declarar como investigados (antes imputados) el próximo 29 de noviembre ante el juzgado de instrucción  número 1 de Manacor por un delito contra la ordenación del territorio al haberse detectado presuntas irregularidades urbanísticas cometidas al conceder licencias para construir chalets en suelo rústico protegido en las cercanías de Cala Mesquida.

La investigación también se extiende  a los ex ediles Mateu Garau, Maria Pilar Gasull y Sebastià Sureda quienes han sido llamados a declarar para esclarecer los hechos.

Al parecer y según la denuncia, estas licencias se concedieron de forma irregular pues los terrenos no constaban con los suficientes metros cuadrados que estipula la ley para poder construir en terreno rústico. Las parcelas objetos de la investigación corresponden a un chalet de un funcionario municipal, otro del hermano de éste y un último chalet de la pareja del ex edil Joan Ferrer.

Estas actuaciones han sido calificadas por el Seprona como muy graves al entender que se podrían haber cometidos delitos contra la Ordenación del Territorio.

Algunas de estas licencias o prórrogas  son anteriores al 2011, mientras que otras se concedieron durante el año 2012 cuando Rafael Fernández ya era primer edil de Capdepera.

En el curso de la investigación, la Guardia Civil ha interrogado al arquitecto municipal, al asesor jurídico, así como a varios funcionarios, empresarios de la construcción y  propietarios mientras que el Seprona ha realizado exhaustivos informes sobre diferentes aspectos relacionados con la investigación.

La investigación se centra en que la mayoría de las licencias que se otorgaron  afectan a terrenos de 7.000 metros cuadrados, que era la mínima parcela exigible anteriormente y que después fue ampliada a los 14.000 metros cuadrados para construir en suelo rústico.  Los  propietarios que  se habían acogido a la antigua licencia tenían un año para renovarla y poder así continuar con el proyecto. El problema se presenta cuando algunas de estas licencias de prórroga se conceden mucho después amparándose en la declaración de derecho adquirido.

No obstante, la ley explicita claramente que, una vez pasado el plazo de ejecución de licencia mas el tiempo extra para solicitar la prórroga, se perdían los derechos adquiridos.

Desde el Ayuntamiento de Capdepera se ha insistido en que no se concedió ninguna  prórroga que no contase con los informes técnicos preceptivos, por lo que entiende que más que un tema de interés político se ha debido a un posible error técnico.

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