Federaciones de vecinos y política

En el último Pleno del Ayuntamiento, el presidente de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma nos emocionó a todos con la desgarradora historia de su nieto: un niño que, como consecuencia de los hechos ocurridos en Cataluña el uno de octubre, siente miedo cuando ve a un policía y pide a su abuelo que lo coja en brazos para protegerle. También nos habló de la democracia, esa que “los no fascistas” (él) sienten atacada por la “inconstitucional” Constitución Española de 1978, especialmente cuando ésta se aplica para impedir los efectos de un referéndum contrario a toda legalidad y sentido común.

Cuando uno escucha estos increíbles y extravagantes argumentos, se pregunta: ¿ejerce correctamente esta Federació la función de representar a las entidades vecinales, y en consecuencia, a los vecinos de Palma? Mi respuesta es que no.

En mi ingenuidad, no todos hemos nacido en política, creía que las entidades vecinales eran un elemento cohesionador y dinamizador de las barriadas, que ejercían su actividad como contrapunto y a la vez como colaboradoras del poder político, al que transmiten sus necesidades en pos del bien común y la mejora de la ciudad. Pero desde hace dos años he comprobado que en el caso de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, no es así.

Resulta paradójico que, desde el primer momento, cuando el representante de dicha Federació intervenía en el Pleno, no lo hiciera para defender o dar a conocer los intereses y necesidades de los vecinos, sino para atacar a los grupos de la oposición. Llegó a tal extremo que en una ocasión tuve que reconocer que, como oposición, curiosamente también tenía mi propia oposición.

Lo que desde mi punto de vista debería ser una defensa de los intereses vecinales exenta de cualquier valoración política – puesto que la adscripción de la ciudadanía es muy variopinta y un representante vecinal no puede ir ofendiendo las sensibilidades de sus representados hasta llegar al grosero extremo del último Pleno – se convierte, en este caso, en un instrumento más de los partidos en el poder y, por tanto, deja de cumplir adecuadamente con su función.

Todos tenemos intereses o afinidades políticas y tenemos todo el derecho del mundo a expresarlas, faltaría más, pues forma parte del derecho fundamental a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de nuestra Constitución. Es más, no podría entender una sociedad sin discrepancia política, pues es la esencia de la democracia; ahora bien, cuando uno ostenta un cargo de representación vecinal de una población tan heterogénea como la de Palma, no puede expresar continuamente sus opiniones políticas en el ejercicio del cargo, debe dejarlas en casa.

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