El juez deja en libertad a Ignacio González bajo fianza de 400.000 euros

EUROPA PRESS

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado, con el visto bueno de la Fiscalía, la libertad bajo el pago en metálico de una fianza de 400.000 euros del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en prisión desde el pasado 21 de abril por su implicación en presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II informan fuentes jurídicas.

El magistrado le impone como medidas cautelares la retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias semanales en el juzgado de la Audiencia Nacional más próximo a su domicilio, según explica en su auto en el que detalla que ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva en cuanto al manejo de fondos en el extranjero gracias a la actuación judicial coordinada con paises como Colombia y Panamá y también el riesgo de fuga debido al avance de la instrucción.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha adoptado esta decisión después de recibir este mismo martes el informe en el que el Ministerio Público modifica su criterio contrario a la excarcelación que había mantenido con ocasión de otras tres peticiones anteriores de la defensa del exmandatario madrileño.

En el auto, de 14 páginas, García Castellón precisa que sus acciones dentro del Canal de Isabel II son constitutivas de delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, malversación, falsedad documental y blanqueo de capitales y recuerda que González está siendo investigado por cuatro hechos concretos: las compras de Inassa y Emissao en 2001 y 2013, respectivamente, las licitaciones públicas en Panamá y República Dominicana y por revelación de secretos.

En relación al primer punto, el juez instructor explica que tanto el cabecilla de la trama ‘Lezo’ como su socio en Sudamérica Edmundo Rodríguez Sobrino supieron que la operación de compra de la empresa colombiana se hizo con un grave perjuicio de fondos públicos, que podría alcanzar los 70 millones de euros. Le acusa de autorizar a un despacho de abogados un informe relativo a la operación y luego esconderlo permitiendo el pago de la operación con fondos públicos hasta el año 2012.

Respecto a la compra de la brasileña Emissao en 2013, García Castellón determina que aunque esta se efectuó cuando González ya no era presidente del Canal, el inicio de la operativa se llevó a cabo mucho antes y dice que existen indicios que demuestran que González y su hombre fuerte en Sudamérica se beneficiaron “ilícitamente” del patrimonio de la Comunidad de Madrid mediante el abuso de su posición.

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