Satse no descarta medidas de presión contra el decreto del catalán

El pasado viernes se consumó lo que los sindicatos consideran uno de los mayores errores de la administración: aprobar con los únicos votos de la propia administración pública el decreto que exige el conocimiento del catalán en el nivel B2 y que afectará a cerca de 3.500 enfermeros y a otros miles de profesionales sanitarios como médicos y matronas. El sindicato de enfermeros ya ha anunciado que, además de la denuncias judiciales que se presenten a nivel particular, el propio sindicato se persona judicialmente. Asimismo, no descarta ejecutar otras medidas de presión.

El secretario autonómico del Satse, Jorge Tera, lamentó que durante la reunión la administración no hubiera cedido un ápice en su decisión pese a contar con el 75 por ciento de los votos en contra, al tiempo que criticó que la administración “haya tenido un nulo margen de negociación con los profesionales sanitarios”

Jorge Tera insistió en que este decreto no sólo afecta a este colectivo sino que hay otros profesionales sanitarios como médicos o matronas que también se ven afectados, indicando que “calculamos que la exigencia del catalán incide sobre cerca de 7.000 sanitarios”.

Tera critica el inmobilismo y la cerrazón en este asunto señalando que “lo único que hemos podido lograr de la administración es que ésta suavice un poco las exigencias en el tema del personal fijo ya que, al menos durante el próximo año, se podrán presentar al concurso de traslados, es decir, que durante un año este personal fijo no se verá afectado por el decreto que obliga a disponer del certificado de B2 de catalán”.

Ante esta situación, Jorge Tera apunta que “además de las actuaciones judiciales, no se descartan otras medidas. Ahora toca explicar a los enfermeros la reunión y escucharemos sus opiniones y, dado el altísimo volumen de afectados, no descartamos que se puedan acordar diversas medidas de presión, inluso movilizaciones, aunque serán los afectados los que decidan las medidas a tomar”.

Ahora tan solo queda que el Consell de Govern dé el visto bueno para que el decreto entre en vigor.

 

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