Los promotores califican la futura Ley de la Vivienda de “inaplicable y que se va a quedar en nada”

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La Futura ley de la Vivienda, a juicio de los promotores de Baleares, es  sencillamente “inaplicable, se va a quedar en nada, tiene un fuerte carácter político y es farragosa”.

Los promotores han presentado un conjunto de  alegaciones a la ley que, con toda probabilidad, entrará en vigor durante el primer trimestre  del próximo año y que en su articulado presenta determinadas  medidas que no agradan a este colectivo al entender que no actúa con determinación sobre los verdaderos problemas que tienen los ciudadanos para adquirir una vivienda, sea ésta libre o de VPO.

Luis Martín, presidente de la Asociación de Promotores de Baleares critica la ley porque, para empezar “califica a los promotores de tenedores,  y nosotros no somos grandes tenedores, ni grandes fabricantes. Al hablar de grandes tenedores debería concretar que hace referencia a los bancos que son los que ostentan la titularidad de la mayoría de las viviendas, pero no se nos puede meter a nuestro colectivo como tenedores”.

La ley, al parecer, está orientada a beneficiar a colectivos más desfavorecidos “aunque aquí no parece tenerse en consideración dos cosas: primero que hay un 5% de ciudadanos que pueden estar en situación de máxima necesidad de vivienda y que existe otro 95% de personas de clase media que lo quiere es una vivienda  para vivir o busca una nueva vivienda  y  sobre este tanto por ciento no se hace nada”, señala.

En resumen, la futura Ley de la Vivienda no contenta a los promotores y la misma no beneficia a los ciudadanos por muchas Viviendas de Protección Oficial (VPO) que se quieran construir “puesto que antes, sí valía la pena construir VPO pero ahora la normativa es tan exigente que el precio de una VPO es prácticamente el mismo que el de una vivienda libre, solo que las VPO tienen unos condicionantes administrativos que no los asumen las viviendas libres”.

Ante esta situación, los promotores entienden que la futura Ley de la Vivienda, por mucho que se la quiera disfrazar desde la administración pública “se va a quedar en nada pues es muy difícil de aplicar,  está muy burocratizada, existen numerosas limitaciones en cuanto a disposiciones de viviendas y tiene un fortísimo carácter político”.

 

 

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