No hará falta tener personal para atender discapacitados en las gasolineras

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El Gobierno valenciano ha derogado este viernes por “imperativo legal” la disposición que obliga a las gasolineras a disponer de un responsable para atender a las personas con diversidad funcional para evitar la imposición de una multa diaria de 600.000 euros por parte de la Unión Europea, aunque seguirá buscando fórmulas para garantizar establecimientos de venta de carburantes inclusivos.

Así lo han señalado este viernes la portavoz del Consell, Mónica Oltra, y el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, han explicado en rueda de prensa, tras la reunión del pleno del Consell, que es un decreto que al Consell “no le gusta tener que aprobar” pero que lo tienen que hacer porque es “una disposición obligatoria” de la Unión Europa y costaría “muchísimo dinero” incumplirla.

Esta disposición adicional segunda del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunitat establecía a las gasolineras la obligación de disponer de una persona responsable de los servicios en horario diurno, que, además de garantizar los derechos de las personas usuarias, sea responsable de atender a las personas con diversidad funcional.

Al respecto, Climent ha lamentado que al eliminar esta obligatoriedad “se rompe, por un lado, las políticas del Pacto del Botánico que ponen en el centro a las personas” y se constata que se mantiene en el “marco neoliberal” de la UE “la asignatura pendiente” de crear, además de la Europa económica y financiera, la Europa social. “Estamos avanzado pero nos queda mucho de camino”, ha señalado.

En ese sentido, ha explicado que la Dirección General del Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pyme (GROW) de la Comisión Europea emitió un requerimiento al Gobierno de España en fecha 23 de febrero de 2017 sobre las estaciones de servicio automáticas en España, en el que se refería a la necesidad de cumplir con lo dispuesto la directiva 2006/123/CE.

En esta directiva solo se permite a los Estados miembros introducir nuevos requisitos, como el de la obligación de tener un número mínimo de personas empleadas, cuando cumplan las condiciones de no discriminación, de necesidad (que los requisitos estén justificados por una razón imperiosa de interés general), y de proporcionalidad (que sean adecuados para garantizar la realización del objetivo que se persigue).

Climent ha señalado que Europa veía “innecesarias y desproporcionadas” las razones argumentadas para obligar a esta contratación. La Generalitat redactó dos informes en los que se justificaba la proporcionalidad y necesidad de esta medida, pero “parece que no los tuvieron en cuenta”. Por ello, si no se cumple con la directiva Europea puede haber una multa de 600.000 euros diaria.

Esta multa diaria la tendrían que pagar todas las comunidades que también han adoptado disposiciones similares que incumplían la directiva europea como Castilla León, Castilla la Mancha, Navarra, País Vasco, Baleares o Murcia.

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