Condena a los recortes en la asignatura de Religión

El consejero de Educación March dictó una Orden el 23 de mayo de 2016 que derogaba la norma anterior de 2014 para modificar el currículo de Educación Primaria y con la excusa de reestructurar horarios, reducir la carga lectiva de la asignatura de Religión a una hora semanal por curso. Una disminución impuesta del 30% sin ninguna justificación. Esto supuso que un centenar de profesores de religión vieran reducida su jornada laboral a la mitad, que el Obispado impugnara la Orden por vulnerar los acuerdos del Concordato entre el Estado y la Santa Sede, que se substanciara una demanda sindical por conflicto laboral y que los propios docentes afectados demandaran al Govern para cobrar cuando menos el paro parcial.

Estos días hemos conocido la respuesta judicial al recorte anterior. Dos sentencias de diferentes salas del Tribunal Superior de Justicia han condenado el proceder ideológico del consejero y han anulado la Orden con tres motivos de peso: por ilegal, arbitraria y discriminatoria. Ilegal porque vulnera la legislación básica que exige respetar el Concordato sobre una presencia equilibrada de la asignatura de religión. Arbitraria porque no existe ninguna justificación de planificación que motive el recorte. Y discriminatoria porque no hay ninguna otra materia que se vea reducida en tal proporción.

Otra vez por tanto, una decisión sectaria, radical y repleta de carga ideológica.

La asignatura de religión es de obligatoria presencia en los centros educativos y de voluntaria elección para las familias. March tiene la obligación de ofrecerla en condiciones equiparables al resto de materias sin influir en ello su consideración personal o política, para que los padres puedan decidir libremente si quieren escogerla para sus hijos o no.

Que el Estado sea laico no significa que la Administración deba ser antirreligiosa, sino que debe dar la posibilidad a los padres de ejercer su libertad de elección. Solo ellos deben decidir si quieren formación religiosa o si prefieren una alternativa de Valores Cívicos y Sociales.

Finalmente, llama la atención que las sentencias desmonten la falsa justificación de la consejería referente a que se permitía un cierto margen a los centros educativos que quisieran aumentar la religión a cuenta de las horas de libre disposición. Tres colegios diferentes de Mallorca solicitaron ese incremento sin afectar a la jornada máxima y se les denegó expresamente en base al horario fijado en la Orden.

Mentiras y más mentiras, a los tribunales y a la gente. Ni autonomía de centros, ni respeto ideológico, ni objetividad ni consenso.

El Pacto de la prohibición.

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