“Es más fácil hacer un chalet que emprender una actividad agraria”

“El Govern no tiene que criminalizar la actividad agraria“, una frase que sentencia y define cual es el malestar existente en estos momentos en el sector agrario de las Islas.

Hace unos meses, se presentaba el anteproyecto de la que va a ser la nueva Ley Agraria de Balears, una normativa que ponía en marcha para su tramitación la Conselleria de Agricultura, después de dos años de legislatura.

Sin embargo y a juzgar por cómo han reaccionado, no ha gustado demasiado a la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), cuyo gerente ha explicado a mallorcaconfidencial.com el por qué de ese descontento.

Existen dos razones fundamentales por las que los agricultores de Asaja han presentado, nada más y nada menos que, 107 alegaciones a la nueva Ley agraria.

Por un lado, puntualiza Joan Simonet, “el modelo de agricultura que intentan imponer desde la Conselleria no se adapta a la realidad”. Esto, para el que es la cara visible de Asaja se debe a que “el sector agrícola sigue siendo un mundo desconocido” para mucha gente.

También para los políticos que llevan las riendas de una Conselleria que debería poner fáciles las cosas a los jóvenes pageses que quieren encontrar un futuro en esta actividad tan relegada en algunos casos por las instituciones. De ahí que el gerente de ASAJA no dude en afirmar que “no solo se puede apoyar la agricultura que gusta a quien gobierna”, que hay otras perspectivas que habría que tener en cuenta.

Tan difíciles les ponen las cosas que Simonet ha lamentado que con esta Ley “es más fácil hacer un chalet que una actividad agraria“. Unas palabras que entran en contradicción con las de Vicenç Vidal, ya que el conseller aseguraba que esta nueva legislación es “más agraria y menos urbanística” que la anterior.

Asimismo, hay más razones por las que en Asaja ven “demasiado confusa” la nueva normativa, como es el tema de los transgénicos. Según los agricultores, la Conselleria no tiene competencias en este aspecto, de modo que el Gobierno central podría impugnarla parcialmente.

 

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