En 2015 la presidenta Armengol nos hizo creer que su gobierno sería el del diálogo y el consenso. Pero el tiempo pone a todo el mundo en su sitio y la realidad ha demostrado lo contrario. No ha dialogado con los médicos para imponer el catalán, ni con los propietarios de viviendas para prohibir el alquiler vacacional, ni con los vecinos para ampliar la Albufera, ni con los estudiantes para cambiar las fechas de Selectividad, ni con los ayuntamientos para elegir en qué municipios se invierte la ecotasa, ni mucho menos con las familias para construir barracoescuelas. La imposición está siendo la tónica general de esta legislatura y la prohibición el camino fácil de este gobierno.
Desde el Partido Popular hemos ofrecido propuestas que se podrían haber aceptado. Una rebaja de impuestos a las clases medias, la regulación del alquiler turístico en plurifamiliares o un plan de vivienda con incentivos son buenos ejemplos de iniciativas populares que han caído en saco roto. Quizá seamos unos ingenuos, pero hay cuestiones que van más allá de la ideología política y que nos deberían preocupar a todos por igual.
Falta diálogo y falta consenso, por supuesto, señora Armengol. Y falta también voluntad política para llegar a acuerdos, por razones claramente sectarias.
Desde un punto de vista práctico, tanto totalitarismo es incomprensible. Las ganancias políticas de las decisiones acertadas son para el que las ejecuta, independientemente de la procedencia de la propuesta. Y por otro lado, no querer escuchar la opinión de la gente es falta de inteligencia política y de visión de futuro. Ya se sabe que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Claro que un gobierno de sillas, que tiene continuos problemas internos hasta el punto de cuestionarse la idoneidad al cargo de sus miembros o “miembras”, difícilmente puede escuchar lo que piensan los demás. Demasiado ruido en casa propia para asomarse al portal a interesarse por lo que pasa alrededor.