Frente común de Balears y Canarias para limitar vehículos con conductor

Los gobiernos de Balears y Canarias han acordado hacer un frente común para pedir al Gobierno que desarrolle la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT) para que haya una normativa específica en ambos archipiélagos que permita limitar la llegada “masiva” de vehículos con conductor (VTC).

Así lo ha indicado el conseller de Territori, Energia y Mobilitat, Marc Pons, tras una reunión con el viceconseller de Infraestructuras y Transportes de Canarias, Onán Cruz, y representantes del sector del taxi. La decisión viene motivada ante la posibilidad de que por vía judicial se desregularice la entrada de estos vehículos en las Islas, que actualmente está limitada al 20 por ciento de las horas de trabajo de los VTC peninsulares.

Los profesionales del taxi de Canarias y Balears temen que los tribunales fallen en favor de las operadoras de VTC que han denunciado la restricción legal que establece que los conductores de vehículos de alquiler no pueden operar más del 20 % de su tiempo de trabajo fuera de las regiones para las que tienen concedidas las licencias.

“Se distorsionaría todo”, ha afirmado el conseller Pons sobre el posible impacto de una liberalización total del ámbito de actuación de las licencias VTC, que previsiblemente supondría el desembarco de miles de coches en Canarias y Baleares para aprovechar el incremento de la demanda en la temporada alta turística.

El dirigente balear ha destacado que la LOT “abre una puerta a la normativa específica” para la que se planteará una propuesta al Ministerio de Fomento que ambos gobiernos regionales tienen que definir desde el punto de vista jurídico.

Pese a abogar por una restricción de la oferta, Pons ha subrayado que los coches de VTC son “un producto necesario”, particularmente para atender la demanda de turistas con alto poder adquisitivo.

El viceconsejero canario ha indicado que la restricción de los vehículos de alquiler con conductor, fijada en su comunidad por normativa autonómica para que no haya más de 1 por cada 30 taxis, es una garantía de la “calidad” del servicio a los usuarios y una prevención del “intrusismo” en un sector estratégico para la economía.

Cruz ha eludido adelantar qué medidas concretas se solicitarán a Fomento y ha recordado que la iniciativa común con Balears responde al “miedo” de los taxistas de que una liberalización del sector acabe, en el caso de su comunidad, con la aludida norma 1/30.

El presidente de la Federación Regional del Taxi de Canarias (Fedetax), Juan Artiles, ha puesto el acento en que la regulación propia del mercado del transporte terrestre no redundará solo en beneficio de su sector, sino también de las empresas de autocares y de alquiler de vehículos sin conductor.

El presidente de la Federación Independiente del Taxi de Baleares, Gabriel Moragues, ha explicado que los profesionales del transporte de los archipiélagos no tienen las condiciones para salir a competir a la península, y por tanto debe restringirse la llegada de empresas foráneas para competir en las islas.

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