Investigan a la novia del padre de Gabriel por la muerte de otra menor

La detención por parte de la Guardia Civil de Ana Julia Quezada, la mujer de origen dominicano que llevaba en el maletero de su coche el cadáver del niño Gabriel Cruz, ha llevado a las Fuerzas de Seguridad a revisar el pasado de esta mujer en España, especialmente en Burgos, por su posible vinculación con la muerte de otra menor, según confirman a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación.

Estas fuentes piden cautela y recuerdan que la única detenida por su vinculación directa con la muerte de Gabriel Cruz, el niño de ocho años que desapareció el pasado 27 de febrero en Las Hortichuelas de Níjar, en Almería, se encuentra desde ayer a última hora de la mañana en dependencias de la Comandancia de Almería.

Agentes del Instituto Armado custodian desde ayer una finca en el Valle de Rodalquilar, a unos cinco kilómetros al sur de Las Hortichuelas, en el sentido opuesto hacia donde se centraron las batidas de búsqueda, según pudo comprobar Europa Press. Se trata de una finca con varios pozos que tiene una especial vigilancia por ser uno de los escenarios del crimen de Gabriel. Al cuerpo del niño se le practicará la autopsia en el instituto anatómico forense de Almería.

La actual pareja de Ángel Cruz, el padre de Gabriel, tenía otra hija. Llegó a España hace unos 20 años y, antes de en Almería, vivió en Burgos. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional reconstruyen sus pasos en España y su posible vinculación con casos ya archivados, como el de la muerte de una niña, en apariencia accidental, tras caer por una ventana de una vivienda en Burgos.

Ana Julia tuvo otra pareja en Almería antes de convivir con el padre de Gabriel Cruz. En ese momento regentó un bar de copas en Las Negras, un municipio a escasos tres kilómetros al noreste de Las Hortichuelas.

El hallazgo por parte de Ana Julia de la camiseta de Gabriel Cruz el pasado sábado, 3 de marzo, puso sobre ella el foco de la investigación de la Guardia Civil, en la que participan especialistas en desapariciones de la Unidad Central Operativa (UCO). Ya antes hubo otros elementos que despertaron la alerta policial, por ejemplo por su incapacidad para facilitar a los investigadores su teléfono móvil.

 

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