Al banquillo de los acusados Matas, Castillo y Bertrán por Son Espases

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, ha decretado la apertura de juicio oral contra el ex presidente del Govern, Jaume Matas, por el caso Son Espases.

Se le considera responsable por inducción de dos delitos de prevaricación o uno continuado de prevaricación, un delito de fraude a la administración y un delito de malversación de caudales públicos y como autor material de dos delitos de tráfico de influencias en lo referente a la adjudicación de las obras de construcción del Hospital Son Espases.

Además, también se ha abierto juicio oral con la exconsellera de Salud, Aina Castillo, el exdirector general del IbSalut Joaquin Sergio Bertrán, contra el empresario Jesús Peinado y contra la empresa Global PM Consultores como responsable civil subsidiaria.

En la resolución, la magistrada requiere a los acusados que presten una fianza solidaria de 29.500 euros, que si no se abona en el plazo de 24 horas, se procederá al embargo de sus bienes hasta cubrir la suma fijada.

La juez ha remitido la causa a la Audiencia Provincial de Baleares para su enjuiciamiento. Contra la resolución no cabe recurso alguno excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados, contra la que se podrá interponer recurso de reforma.

El caso Son Espases, que instruyó el juez José Castro hasta que se jubiló y fue reemplazado por Mora, se ha investigado el presunto amaño por parte del Govern de Jaume Matas del concurso de adjudicación del hospital de referencia de Baleares, la mayor obra pública de las islas, licitada en 2006 por 778,4 millones de euros.

La Fiscalía pide para Matas condenas que suman 4 años y 6 meses por esta causa y 16 años de inhabilitación. Para Castillo solicita 15 meses de prisión e inhabilitación por 12 años; para Bertrán 3 años de prisión y 8 de inhabilitación y para Peinado 2 años de cárcel y 8 de inhabilitación. Para todos ellos reclama además distintas multas.

La Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares pide una condena de 2 años y 10 meses de prisión para Matas; de 2 años y 1 mes para Castillo (apreciando la atenuante de confesión), y de 2 años y 10 meses para Bertrán, y para Peinado reclama 1 año y 6 meses por fraude a la administración. MÉS pide 4 años para Matas, Castillo y Bertrán, y 3 para Peinado.

Los hechos afectan al procedimiento para adjudicar la construcción, explotación y conservación del hospital y también a un contrato con la consultora Global PM para analizar las propuestas técnicas y económicas que se presentaron al concurso de la infraestructura sanitaria.

Según las acusaciones, la manipulación del concurso la ordenó Matas y la ejecutaron Castillo y Bertrán para beneficiar ilícitamente a la UTE liderada por OHL.

Tras la publicación en el periódico El Mundo publicó de que la adjudicación sería probablemente para la UTE de OHL, Castillo sugirió en un escrito a la mesa de contratación que pidiera un informe al Consell Consultiu sobre la conformidad del procedimiento seguido en la adjudicación.

Entonces se pidieron informes al Colegio de Ingenieros de Caminos y al de Economistas. Si bien al UTE encabezada por OHL obtuvo la mayor puntuación en el informe de Global PM, tras los informes de los colegios profesionales, la adjudicataria fue finalmente la liderada por Dragados, en diciembre de 2006.

La exconsellera Aina Castillo, que está acusada de los mismos delitos que Matas, a excepción de uno de tráfico de influencias, confesó durante la investigación judicial que en 2006 el entonces presidente autonómico y líder del PP balear le dio instrucciones para que la oferta liderada por OHL ganara el concurso público, orden que se frustró y la adjudicación recayó en Dragados.

Bertrán está acusado como autor de un delito de prevaricación, fraude, malversación y tráfico de influencias, y como inductor de otro delito de prevaricación; o bien de un delito continuado de prevaricación. Peinado será juzgado como cooperador de prevaricación, fraude y malversación.

En la causa ejercen la acusación, además de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía de la comunidad autónoma balear (como acusación particular), y MÉS per Mallorca (como popular). Los hechos por los que acusan las tres partes son los mismos y coinciden en las personas acusadas, pero solo la Fiscalía pide que se abra juicio por cuatro delitos, incluidos malversación y tráfico de influencias.

La Abogacía balear y MÉS acusan de prevaricación y fraude.

Además, en cuanto a la prevaricación, el Ministerio Fiscal acusa por dos delitos autónomos mientras que las acusaciones particulares lo califican como un delito continuado

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