El Consejo General del Poder Judicial informa que en 2017 se abrieron en Balears 8 procedimientos por delitos de corrupción a 40 personas.
De los ocho procedimientos, dos se abrieron en el primer trimestre del año, que fue contra ocho personas, cinco en el segundo contra 27 y uno en el tercer trimestre contra cinco.
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, juzgados y tribunales dictaron siete sentencias en procedimientos por corrupción en las Islas, de las que seis fueron totalmente condenatoria y una parcialmente.
EN TODO EL PAÍS 411 CORRUPTOS
En el conjunto del país, fueron 97 los procedimientos abiertos a un total de 411 personas. De los 97 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó el año pasado, 20 corresponden a los últimos tres meses de 2017.
La Audiencia Nacional terminó la investigación de cuatro causas y la comunidad autónoma que más instrucciones concluyó fue Andalucía (22), seguida de Canarias y Cataluña (11), según estos datos.
De todas estas causas, los jueces españolas dictaron auto de procesamiento o de juicio oral contra 411 personas, de las cuales 97 de ellas fueron sentadas en el banquillo de los acusados en el último trimestre.
SE DICTARON 126 SENTENCIAS
Por otro lado, el repositorio informa de que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, juzgados y tribunales dictaron 126 sentencias en procedimientos por corrupción, de los que 93 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 73,8 por ciento del total.
En el último trimestre de 2017 fueron notificadas 26 sentencias, de las cuáles 18 resultaron condenatorias, ninguna en Cantabria. Según los datos publicados, de estas resoluciones solo ocho de ellas fueron dictadas contemplando una conformidad alcanzada por las partes.
El repositorio es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción mediante la actualización trimestral de la información sobre sus principales indicadores: personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, entre otros.
La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía.
De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística y administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
