La Universidad Rey Juan Carlos investiga el máster de Pablo Casado

La Universidad Rey Juan Carlos está revisando el Máster en Derecho Autonómico y Local que cursó en este centro el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, en el marco de la investigación interna abierta tras la polémica surgida con el título de postgrado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, han confirmado fuentes universitarias.

Las mismas fuentes han explicado que desde que se abriera el expedientes informativo para aclarar lo sucedido con el máster cursado por Cifuentes, se está analizando cada uno de los cursos desde que se comenzó a impartir este título, entre los que estaría el de Casado, que lo cursó antes del Plan Bolonia. La Inspección ha recabado información “recientemente” sobre esta cuestión.

Según informa el diario ‘elpais.com’ citando también fuentes universitarias, el procedimiento de información reservada que se abrió el pasado 21 de marzo, que dirige la profesora Pilar Trinidad, se han ampliado a otros cursos entre los que incluye también el del diputado Pablo Casado.

El mismo periódico explica que el procedimiento afectara también a otros alumnos como el exbanquero Mario Conde, así como otros cargos y personalidades políticas cuya identidad no facilita. Otras fuentes consultadas por Europa Press han señalado que no son sólo pertenecientes al PP y que habría dirigentes de partidos de izquierdas.

En concreto, la Universidad Rey Juan Carlos analiza la documentación y actividad del Instituto de Derecho Público, responsable del máster universitario en Derecho Público del Estado Autonómico, dirigido por Enrique Álvarez Conde y que supuestamente cursó Cifuentes.

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ordenó recientemente la apertura de una información reservada para aclarar lo ocurrido con el máster que cursó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y determinar, en su caso, las responsabilidades que pudieran existir.

Dicho procedimiento fue encomendado a la Jefa de Inspección de Servicios de la Universidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero. En este marco, el rector del centro solicitó tanto documentación como declaraciones escritas y ordenó la apertura de esa información reservada.

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