Nadal: `setball´ con el apoyo del PSIB, Partido Popular, Ciudadanos y El Pi

El Parlament ha aprobado este martes la Ley de Vivienda de Baleares que incluye la polémica ‘enmienda Nadal’ y otras medidas como la obligación de que los grandes tenedores cedan temporalmente los pisos que llevan más de dos años vacíos para que se destinen a alquiler social.

La denominada ‘enmienda Nadal’, correspondiente a la disposición final segunda bis y que permite la ampliación del centro de tecnificación, ha provocado el enfrentamiento entre los partidos que forman o dan apoyo al Govern. No obstante, ha sido finalmente aprobada con los 37 votos a favor de PSIB, PP, Cs y El PI.

Sobre ello, el diputado de Podemos Carlos Saura, durante la defensa del voto particular, ha manifestado que la enmienda “es un error” y “una anomalía”; mientras que la diputa de MÉS per Menorca Patrícia Font ha reiterado que “no tiene cabida en la ley”.

“Pedimos a los diputados de la cámara que se lo piensen , no podemos votar lo que consideramos urbanismo a la carta. Esta enmienda vulnera el principio de igualdad en las leyes, es discriminatoria y plantea dudas de constitucionalidad”, ha expuesto Font.

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto, Xelo Huertas, ha asegurado que es “muy triste” ver como “un gobierno de izquierdas lidera un nuevo capítulo de urbanismo a la carta” y ha criticado que se haya recurrido “a mayorías antinatura”. “Demuestra que el PSIB puede estar más cerca del PP que de sus socios de Govern”, ha dicho.

CESIÓN DE PISOS VACÍOS

Con la cesión de pisos vacíos, la ley pretende facilitar que las familias mantengan su vivienda mientras se incrementa la disponibilidad de viviendas de alquiler a precio asequible en la comunidad autónoma.

A través del Registro de solicitantes de vivienda pública se acreditará la necesidad de cesión de viviendas por parte de los grande tenedores, que recibirán una compensación económica a cambio.

La normativa obliga a que los grandes tenedores de inscribir sus casas vacías en el Registro de viviendas desocupadas. En caso contrario, serán sancionados entre 3.000 y 30.000 euros.

Al respecto, el portavoz de Cs en Baleares, Xavier Pericay, ha calificado de “inasumible” que el Govern “haga expropiaciones de viviendas siempre y cuando cumplan con la ley”. Por ello, ha insistido en la necesidad de que esta cesión se realice “de forma voluntaria”.

Por su parte, la diputada del PP Sandra Fernández ha sostenido que se regula “de manera muy confusa y con inseguridad jurídica” y ha exigido que se eliminen las medidas “intervencionistas” que intentan “fiscalizar y demonizar a los grandes tenedores”.

Igualmente, la diputada ‘popular’ ha criticado que la normativa no se base en un “diagnóstico real” de la situación de la vivienda en Baleares y ha reclamado que se elabore un Plan integral de Vivienda.

Es una ley que no va a solucionar ni uno solo de los problemas de acceso la vivienda de nuestra comunidad autónoma“, ha sentenciado Fernández tras asegurado que “se está vendiendo” que los ciudadanos podrán reclamar una vivienda digna cuando “no es así”.

OTRAS MEDIDAS

Asimismo, la normativa establece vías de protección para los ciudadanos, como el servicio de acompañamiento para cualquier cuestión relacionada con el problema de la vivienda y el derecho a los suministros básicos para poder vivir en un hogar en condiciones.

La ley destaca también que se tienen que promover políticas dirigidas al fomento del parque público de viviendas de alquiler y prevé un régimen sancionador por incumplimientos que van desde los 60 euros en los casos leves hasta los 90.000 euros en los muy graves.

Por otra parte, reconoce el derecho al acceso a la vivienda en situaciones de especial vulnerabilidad y la obligatoriedad de a administración de garantizarlo. Los requisitos son no disponer de una vivienda, estar empadronado en Baleares por un mínimo de tiempo y un informe de servicios sociales que acredite la vulnerabilidad.

Para fomentar el parque público de alquiler, todas las nuevas promociones que construyan las administraciones públicas serán de alquiler. Igualmente, estas mantendrán siempre su calificación de Vivienda de Protección Oficial, de manera que nunca se podrán vender por encima del precio establecido.

Otros aspectos que contempla la ley son el impulso de nuevas fórmulas para poner a disposición de la ciudadanía viviendas a precios asequibles, con la cesión de suelo a cooperativas de ciudadanos para la construcción de viviendas.

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