Mallorca Confidencial

Domingo, 25 septiembre 2016

Buils y Flaquer, condenados tras admitir amaño y cobro de comisiones

Buils y Flaquer, condenados tras admitir amaño y cobro de comisiones
febrero 15
16:11 2016

El exconseller de Turismo del Govern Francesc Buils, el expresidente de Unió Mallorquina (UM) Miquel Àngel Flaquer y el exgerente del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma) Eugenio Losada se han declarado culpables de amañar un concurso para la implantación de un sistema tecnológico de información turística que resultó inservible, por el que desviaron 95.000 euros a la empresa Minser y cobraron 34.000 euros en comisiones.

Tanto los tres exaltos cargos de la extinta formación como los empresarios favorecidos, Juan Carlos Escuer y Gabriel Rivas, han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por el que han admitido la comisión de delitos de prevaricación, fraude a la administración, cohecho pasivo y cohecho activo. Los hechos se enmarcan en la pieza número 12 del caso Voltor.

En concreto, Buils, quien cumple pena en prisión por otras causas de corrupción, ha sido condenado a once meses de cárcel; Flaquer, a nueve meses que serán sustituidos por el pago de 5.400 euros de multa; Losada, a cinco meses -sustituidos por 3.000 euros-; y Rivas y Escuer, a cinco meses, que también serán reemplazados por multa. Todos ellos se han sentado este lunes en el banquillo para dar su visto bueno al acuerdo.

Todos ellos han indemnizado al Govern con la cantidad defraudada, toda vez que han pagado las multas y pagado los importes que percibieron como cohecho.

El escrito de conformidad, rubricado por todas las partes, señala cómo los acusados mostraron un “desprecio total” hacia las normas de contratación pública, impidieron la posible concurrencia de otras empresas en el proceso, facilitaron información confidencial y privilegiada y provocaron un perjuicio del patrimonio público.

Tanto Losada como Buils y Flaquer se pusieron de acuerdo con los propietarios de Minser e idearon un plan por el que la implantación de un sistema de reconocimiento de voz interativo (IVR) sería otorgado a esta empresa, aparentando para ello el cumplimiento de la legalidad en materia de contratación.

La primera vez que fue impulsado el proyecto fue en 2006, cuando Buils era conseller de Turismo en el Consell de Mallorca y presidente del Cilma. Antes de que se diese a conocer la licitación, Buils ordenó a Losada acompañarse, junto con Rivas, a Dallas, en EEUU, con el objetivo de visitar la sede de Intervoice.

Durante la instrucción de esta causa, el propio Losada afirmó que Buils era la persona que “manejaba los hilos” a fin de que la empresa Minser acabase resultando adjudicataria del proyecto y que tanto Flaquer como él eran “manejados” por el exconseller de Turismo de cara a la puesta en marcha de este sistema.

El 21 de diciembre de 2006 Buils resolvió adjudicar los trabajos a Minser por un importe de 631.000 euros. Pese al elevado coste de los mismos, el exconseller insular, quien tras las elecciones de mayo de 2007 dejó de ostentar este cargo para pasar a ser conseller de Turismo del Govern, firmó en noviembre de ese año un convenio entre el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) y el Cilma a fin de ceder, por parte de éste, la explotación del IVR.

Según las condiciones de la colaboración, el Inestur, dependiente del Ejecutivo autonómico, debía aportar al Cilma un millón de euros para la implantación del sistema y la duración del contrato estaría vigente entre 2007 y 2009.

Sin embargo, tal y como han reconocido los inculpados, a quienes se les ha aplicado las atenuantes de confesión y reparación del daño,

el servicio nunca fue prestado por Minser a pesar de lo previsto en los pliegos. De hecho, el ‘call center’ ya estaba anteriormente contratado por el Consell y por los Ayuntamientos.

Del mismo modo, tras los comicios, Buils y Flaquer dieron instrucciones a Losada para que, cedida la aplicación de la Institución insular al Inestur, ésta fuese una continuación de la anterior en la que el adjudicatario debía ser Minser “por razones de exclusividad técnica”, para lo cual, con la finalidad de beneficiarse con cargo a los fondos públicos, los acusados comenzaron a dictar resoluciones dirigidas a “vestir el expediente”.

NUEVA ADJUDICACIÓN

En marzo de 2008 se resolvió adjudicar a Minser la nueva contratación por un total de 780.000 euros. Al igual que en el caso anterior, el aplicativo desarrollado “tuvo nula utilidad por el escaso número de llamadas recibidas”.

Es más, tanto Rivas y Escuer, a petición de los exaltos cargos de UM y con el objetivo de asegurar su contratación en el futuro, entregaron a Buils 2.000 euros, la misma cantidad que a Flaquer y 30.000 a Losada que recibió mediante la presentación de una factura a Minser, emitida por su esposa con un concepto supuesto no real.

En su declaración en instrucción, Buils, en prisión desde julio de 2013 por otra pieza de la misma causa, negó haber percibido 30.000 euros de Minser y defendió el proyecto de reconocimiento de voz, en cuya utilidad aseguró seguir creyendo.

Mientras tanto, Flaquer también defendió la tramitación del contrato adjudicado por un millón de euros así como la funcionalidad del proyecto, y aseveró que Buils le dijo que propusiera a los técnicos que se llevase a cabo con el menor coste para la Administración.

CONDENAS SOBRE BUILS

Sobre Buils pesan varias penas por corrupción, la principal de las cuales le fue impuesta en 2012, al ser condenado a tres años de cárcel por delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por gratificar con 15.000 euros al exalcalde de Sóller y empresario Antoni Arbona, a quien favoreció con dos expedientes de contratación creados ‘ad hoc’ desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) para beneficiarle.

Asimismo, aceptó un año de cárcel por beneficiar con fondos públicos a un periodista a cambio de que éste redactase artículos en los que favorecer su imagen pública y política; nueve meses por abrir una cuenta en Banif, controlada por otro acusado y él, para transferir en ella hasta 1,2 millones de euros públicos a fin de que éstos generasen intereses en negro a favor de UM, y otro año de prisión por auspiciar el desvío de hasta 176.125 euros mediante subvenciones irregulares y encargos de trabajos ficticios a través del Inestur.

Finalmente, aceptó en el marco de otra causa a seis meses de cárcel por favorecer a la empresa Bitácora.

Cabe recordar que el estallido del caso Voltor, en febrero de 2010, llevó al entonces presidente del Govern, Francesc Antich (PSIB), en medio de una crisis sin precedentes en el Ejecutivo balear, a expulsar a todos los cargos ejecutivos de UM de las principales instituciones de las islas. Se rompía así el pacto de gobernabilidad firmado con la formación ‘uemita’ en 2007.

Un año después, en febrero de 2011, el partido regionalista se disolvió acuciado por los numerosos casos de corrupción que pesan a sus espaldas.

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