Mallorca Confidencial

Viernes, 30 septiembre 2016

El juez Castro archiva la imputación del responsable de la UTE del Palma Arena

El juez Castro archiva la imputación del responsable de la UTE del Palma Arena
abril 01
17:37 2016

El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha acordado archivar la imputación del gerente de la UTE que se encargó de la construcción del velódromo palmesano, Miguel Ángel Rodríguez, seis años después de ser detenido en el marco de la operación que dio pie al impulso de esta macrocausa. El empresario solicitó su sobreseimiento tras negar haber sobornado al expresidente del Govern Jaume Matas a cambio de lograr la adjudicación de las obras.

Mediante un auto al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado atiende a la petición de Rodríguez después de que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Comunidad Autónoma apoyasen el archivo de su encausamiento. “No parece acertado desatender sin más sus alegaciones”, abunda Castro.

El empresario negaba haber cometido delito alguno y, principalmente, que las empresas que conformaban la unión temporal encargada de la construcción -FCC y Melchor Mascaró- sobornasen al expresidente balear a cambio de la concesión de los trabajos. De hecho, el fiscal Pedro Horrach apuntaba en su escrito que no constan indicios incriminatorios “de suficiente calado” para mantener su imputación.

La causa, cuya complejidad derivó en la apertura de 28 piezas separadas, indaga entre otros hechos el sobrecoste de más de cuarenta millones de euros en la construcción de la considerada infraestructura ‘estrella’ bajo el último mandato de Matas (2003-2007), el enriquecimiento supuestamente ilícito del exministro y su elevado tren de vida cuando era máximo mandatario así como la financiación ilegal del PP balear.

En este sentido, la defensa del empresario aseveraba cómo un informe de la Guardia Civil sitúa en 2004 el incremento patrimonial injustificado de Matas que se indaga en estas pesquisas -aumento supuestamente derivado del sobrecoste de las obras y el presunto pago de comisiones-, mientras que otro dictamen lo ubica “mucho antes” de enero de 2006, periodo en el que se produjo la adjudicación de los trabajos de construcción a la UTE gerenciada por Rodríguez.

SOBRECOSTE “AJENO” A LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS

El encausado, uno de los primeros cinco detenidos en esta causa, cuya operación policial se produjo en agosto de 2009, defendía tajante que el precio de las obras ejecutadas por la UTE fue de 69 millones de euros, mientras que el resto, hasta los 110 millones que acabó costando el velódromo, “es ajeno” a la unión de empresas.

Tal y como subrayaba, se trata de determinadas partidas, como las de la pista del Palma Arena y el viodemarcador, que “corrían a cargo de otras empresas ajenas a la UTE”, además de incluir determinados gastos de promoción del edificio o publicidad de eventos, que “asimismo se consideran fraudulentos y que son servicios que la UTE no prestó, pues se prestaron y facturaron por empresas ajenas a ella”.

Rodríguez recordaba que, en cuanto a la actuación de la UTE, ésta “se limitó a seguir las instrucciones de la dirección facultativa” de las obras, que es el órgano al que le corresponde ordenar la ejecución de modificaciones al proyecto original o de obras complementarias al mismo, “órdenes que la contrata viene obligada a ejecutar”.

En estas modificaciones, abunda, los precios serán fijados por la Administración “de acuerdo con la propuesta de la dirección facultativa y las observaciones del contratista”.

PRESUPUESTO INICIAL DE 47 MILLONES

El empresario recuerda además que la ejecución de la obra fue inicialmente encomendada al arquitecto alemán Ralph Schürmann, quien presentó “un proyecto de ejecución absolutamente insatisfactorio, entre otras razones porque carecía de los más elementales cálculos y de otros datos imprescindibles” para el proyecto.

Según apunta, el presupuesto que Schürmann había calculado fue de 47 millones de euros, un cálculo que “carecía de cualquier soporte real pues el proyecto adolecía de carencias que impedían no ya su ejecución, sino siquiera tener un conocimiento aproximado de su coste de ejecución”.

Se trata de unas “graves deficiencias” que, añade, determinaron que la dirección facultativa ordenara imprimir un ritmo de trabajo especialmente intenso que obligó a la contratación de personal suplementario al inicialmente previsto y a realizar numerosas modificaciones al proyecto inicial o a introducir trabajos complementarios inicialmente no previstos”, lo que condujo a que el importe final de las obras por parte de la UTE fuese de 69 millones de euros (79,9 millones con IVA).

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