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Jueves, 29 septiembre 2016

La LOMCE, a un paso de ver frenada su implantación

La LOMCE, a un paso de ver frenada su implantación
abril 05
09:10 2016

El Pleno del Congreso de los Diputados dará este martes el primer paso para frenar el calendario de implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), con la admisión a trámite de una proposición de ley del PSOE que posiblemente contará con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, excepto del PP.

Antonio Hernando, portavoz de los socialistas en la Cámara, lo adelantó en una rueda de prensa después de la reunión de la Junta de Portavoces el pasado martes, donde se estableció el orden del día de la sesión plenaria de esta semana.

A mediados de marzo, el Senado, con los únicos votos del PP —los populares cuentan con mayoría absoluta en la Cámara Alta—, rechazó otra iniciativa del PSOE en este mismo sentido y que fue apoyada por el resto de la oposición.

No obstante, es complicado que la iniciativa consiga su tramitación si no hay gobierno formado en este mes, ya que es previsible que los ‘populares’, al contar con mayoría absoluta en el Senado, intenten ralentizarla —disponen de dos meses para procesar una iniciativa—.

En caso de haber nuevo gobierno, y tras ser rechazada por la mayoría del PP en la Cámara Alta, esta normativa tendría que volver al Congreso, donde sí podría tramitarse.

 

Compromiso Parlamentario

Desde 2013 existe el compromiso de paralizar la ley en cuanto cambiase la mayoría en la Cámara Baja, sellado por todas las formaciones políticas entonces en la oposición parlamentaria a excepción de UPyD, Foro de Asturias y UPN, que no quisieron sumarse.

A día de hoy, los partidos a favor de derogar la LOMCE superan la mayoría absoluta necesaria (176 escaños) para modificar una ley orgánica como lo es la conocida ‘Ley Wert’, sumando 227 escaños. Éstos son: PSOE (89 diputados; firmó el acuerdo), Podemos (42), Ciudadanos (40), En Comú (12), Compromís (9), ERC (9), Democracia y Libertad (8), PNV (6), En Marea (6), Izquierda Unida (2), EH Bildu (2), Coalición Canaria y Nueva Canarias (1 cada una).

 

Suspender las normas que ya están en vigor

 Este martes se debatirá una de las primeras iniciativas que los socialistas presentaron en la Cámara tras las elecciones, una proposición de ley que exige “la paralización del calendario de aplicación de la LOMCE y la consiguiente suspensión de la entrada en vigor de las normas dictadas en su desarrollo que no hubieran tenido aún vigencia o aplicación efectiva”. Es el “paso prioritario” para reconstruir “un acuerdo común” entre la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas para lograr un sistema educativo “estable y de calidad”.

En ella se propone derogar el decreto de noviembre que regula las características generales de las pruebas de evaluación final de Primaria. Además, el Gobierno deberá remitir a la Cámara un proyecto de ley básica de educación que suponga la derogación de la LOMCE, “tras llevar a cabo un proceso de diálogo con las administraciones, comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas, dirigido a alcanzar el máximo consenso en un acuerdo político y social sobre las medidas necesarias para la mejora del sistema educativo”. “Esperamos que cuente con un apoyo prácticamente unánime, salvo del PP, y que salga adelante lo antes posible”, concluía Hernando.

La ley que impulsó el exministro José Ignacio Wert se aprobó en diciembre de 2013 con el único voto del PP y supuso la reforma de Ley Orgánica de Educación, aprobada en 2006 con el PSOE en el Gobierno. El objetivo de la normativa era “aumentar la calidad” del sistema educativo y reducir la alta tasa de abandono escolar, que al inicio de la Legislatura se situaba en el 26,3 %, muy por encima de la media de la Unión Europea.

Comienza el tercer trimestre

El tercer trimestre de este curso escolar comenzó la pasada semana y la evaluación final de Primaria de la LOMCE, prevista para mayo, está en el aire. Si el PSOE logra formar Gobierno, una de las primeras medidas sería paralizar el calendario de aplicación de la ley para evitar el desarrollo de dicha prueba. Si hubiese nuevas elecciones, el curso acabaría con el actual Gobierno en funciones y todos los alumnos actualmente en 6º de Primaria tendrían que hacerla.

Más de una decena de comunidades autónomas anunciaron a finales de 2015 recurrir ante el Tribunal Supremo el decreto que regula las características de la evaluación de 6º de Primaria aprobado por el Consejo de Ministros. Ejecutivos autonómicos como Extremadura, Cantabria, Asturias y Canarias han presentado su recurso contra el decreto. Otros como Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, Aragón y Baleares tienen intención de hacerlo.

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