Mallorca Confidencial

Viernes, 30 septiembre 2016

El Casino Teatro Balear advierte a Noguera: ‘no habrá paz para los malditos’

abril 24
10:34 2016

Ante las que califica como ‘desafortunadas y tendenciosas manifestaciones’ que Antonio Noguera ha realizado en su condición de Concejal y Presidente del Consejo de Gerencia de Urbanismo sobre el affaire “Casino Teatro Balear”, la empresa ha remitido el siguiente comunicado:

1 La confusión y torpeza (lenguaje deslavazado, miradas al vacío, silencios estruendosos, perdido en su ignorancia, según se puede comprobar en el video colgado en Youtube) con la que se ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gerencia demuestra que, o bien no es muy trabajador o, realmente, tiene una gran incapacidad para entender y, desde luego, resolver los asuntos que se han colocado bajo su “competencia y dirección” (?).

2 En efecto, sólo una mala fe o una completa inepcia e incapacidad explican que confunda de forma sistemática la solicitud de licencia presentada por Gran Casino Teatro Balear el 28 de enero de 2014, con el procedimiento iniciado en junio de 2014 sujeto a las determinaciones de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades. Aquella solicitud de licencia de obras se formuló antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, por lo que tendría que resolverse de conformidad con lo dispuesto en la Ley anterior, como en su momento ha mantenido el Jefe del Departamento de Obras en su Informe de 5 de abril de 2016.

3 La licencia de obras solicitada no ha sido resuelta hasta la fecha, y ello a pesar de que se solicitó hace ya más de dos años. La explicación dada por los servicios técnicos de Gerencia fue, en su momento, que la nueva Ley obligaba a pedir previamente el informe favorable del Departamento de Actividades y Seguridad de establecimientos de la Gerencia (la temida segunda planta para el común de los mortales, caracterizada por su absoluta arbitrariedad en el despacho de los expedientes). Sin embargo, es evidente que esta contestación es errónea e inveraz, pues basta con tener delante el Informe del Sr. Buades Feliu, Jefe del Departamento de Obras, para verificar que reconoce, en su calidad de jurista, que la tramitación habría de haber seguido el procedimiento de la legislación anterior, es decir, comprobar si el proyecto de obras se ajustaba o no al Plan, sin tener que entrar a solicitar informe alguno al Departamento de Actividades y Seguridad de establecimientos.

4 Y aquí viene lo más grave: la arbitrariedad y discriminación con que se emplea habitualmente la Gerencia en función de quien sea el peticionario de la licencia, la cercanía a otros intereses metajurídicos o, simplemente, la empatía o proximidad a políticos y secuaces. Como muestra un escandaloso botón: el affaire Plaza de España o Inversiones Müller S.A.

5 Los dos asuntos son jurídicamente muy parecidos aunque en el caso Plaza de España no sólo se ha producido una alteración del uso y del propio proyecto, sino que se le ha permitido ejecutar un edificio de uso comercial expresamente prohibido. En efecto, la licencia original fue solicitada en febrero de 2006 y otorgada por el Consejo de Gerencia de Urbanismo el 19 de julio de 2007. Tras largos años sin iniciarse las obras y varios pases de la parcela a diferentes promotores (Promociones Son Dameto S.L., Dabney S.L.U., Solvia Developpemennt S.L. y finalmente Inversiones Müller S.A.), con sus correspondientes modificaciones del proyecto original, don Alejandro González y don Gabriel Buades, el 16 de junio de 2011, informaron favorablemente una nueva prórroga para iniciar las obras y un nuevo modificado del proyecto y de la licencia, ahora ya con 13 viviendas, 3 locales, 4 despachos y 18 aparcamientos, modificación que fue nuevamente aprobada por el Consejo de Gerencia el 29 de junio de 2011.

Como se puede apreciar, todo son facilidades para alterar el proyecto, modificar su contenido y, especialmente, incentivar la especulación pues en lugar de caducar la licencia por incumplimiento de los plazos y condiciones, se fomenta la especulación improductiva y antisocial.

Para lo que ahora interesa subrayar, Inversiones Müller S.A solicita en julio de 2014 (recuérdese, 8 años después de haberse otorgado la original licencia, años que han transcurrido sin iniciar ni, mucho menos, terminar las obras) una nueva modificación de la licencia y del proyecto que, tras sucesivas modificaciones de 28 de abril de 2015, mayo de 2015 y 28 de julio de 2015, todas ellas aprobadas por la Gerencia con informes favorables de Alejandro González y Gabriel Buades, se convierte en un proyecto para 5 viviendas, una oficina y un solo local comercial, cuya superficie se ha incrementado considerablemente hasta convertirse en el verdadero objeto de la modificación y del proyecto. No hay duda alguna de que este nuevo proyecto (julio de 2014), radicalmente diferente del original, se tramita estando ya en vigor la Ley 7/2013 y que le resulta de aplicación la Ordenanza del Casco Histórico de 1999 por su ubicación espacial. Sin embargo, ni se les exige que cumplan con las prohibiciones de ésta ni se les obliga a obtener previamente la licencia de actividad o permiso de instalación de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley 7/2013, bajo el subterfugio fraudulento de que se trata del mismo procedimiento anterior, por lo que no se le puede aplicar la nueva Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades sino la anterior y las previsiones del Plan General, y ello aunque el propio promotor confiese paladinamente que el expediente de la licencia de actividad, número CO 2014/1103, se ha iniciado mucho más tarde de la entrada en vigor de la citada Ley 7/2013.

Pues bien, ésta es la cuestión: ¿por qué es posible otorgar a Inversiones Müller S.A. en julio de 2015, la licencia para un uso comercial proscrito por la Ordenanza de 1999, con ampliación notabilísima de la superficie destinada a este uso, desaparición de 2/3 de las viviendas existentes a fin de destinar su superficie a este otro uso, con un aforo extraordinariamente elevado, con colindancia o contigüidad con las viviendas prohibida y sin solución de los aparcamientos, y en cambio cuando el promotor y solicitante de la licencia es Gran Casino Teatro Balear, que pide la licencia de obras antes de que la Ley 7/2013 entre en vigor, para los mismos usos que ya estaban implantados y que venía desarrollando, sin que se altere o modifique mínimamente la superficie autorizada hasta el momento de instar la licencia, en un edificio donde no hay colindancia con viviendas y que ha sido declarado “idóneo” por el propio Ayuntamiento para ubicar la actividad de Casino, se le responde que hay que aplicar la Ley 7/2013, la Ordenanza del Casco histórico de 1999 y que la actividad a desarrollar supone un cambio de uso prohibido por la Ley?

Idoneidad, por cierto, que fue expresamente declarada por Álvaro Gijón, a la sazón Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Palma con el visto bueno (imaginamos, pues de otro modo sería prevaricación) de los servicios técnicos de la Gerencia de Urbanismo y así consta en los archivos y expedientes para la resolución del concurso convocado por la Consejería para la adjudicación de la autorización de Casino. Es tan evidente que existe ese informe de idoneidad emitido por el Ayuntamiento de Palma, que no se alcanzan a comprender las balbuceantes e ininteligibles palabras del Sr. Noguera cuando nos imputa que la actividad de Casino no es idónea para realizarla en el local: o tiene fases de amnesia que le hacen no recordar los datos reales existentes, en cuyo caso le recomendamos que acuda cuanto antes al médico para atajar los posibles efectos que pudieran producirse sobre su capacidad intelectual, o bien no se ha leído los papeles, lo que es relevante porque muestra su capacidad de trabajo o, todavía peor, es un mentiroso contumaz y compulsivo, ejemplo de lo peor que puede dar la vida política y que debemos desterrar cuanto antes de nuestra sociedad.

6 Tan manifiesto es el trato discriminatorio y la arbitrariedad con la que ha actuado el Ayuntamiento contra Gran Casino Teatro Balear que sólo es explicable desde el prisma del Código Penal, por lo que a buen seguro ejercitaremos las acciones de responsabilidad personal que correspondan contra todos los autores de este mendaz e indigno comportamiento municipal.

7 El lío en que ha incurrido el Concejal es irreproducible: confunde las fechas, disparata sobre los argumentos jurídicos, volatiliza los expedientes y nos muestra una faceta de su tambaleante personalidad: es el creador de un nuevo concepto jurídico que pasará a los anales del Derecho Público: el “Borrador de informe firmado” por el probo funcionario que no sirve de nada si no se pliega a sus deseos, confundiendo la realidad jurídica con lo que le hubiera gustado. Con independencia de la poca fortuna de sus expresiones (borrador, opinión personal del Jefe del Departamento), lo único cierto es que el Informe existe y ha sido publicado por el periódico El Mundo de Baleares, por lo que no se puede desconocer la cruda realidad.

8 No es la primera vez que Gran Casino Teatro Balear se encuentra ante la existencia de un Informe Jurídico, emitido con objetividad como exige el art. 103 de la Constitución, que no sigue las “instrucciones” y contenido que caprichosamente se le ocurre al político de turno. Estamos también ya de vuelta de lo que hace en esos casos el arbitrario poder del Consejo de Gerencia: se le fulmina o conmina a jubilarse, caso Grimalt, o simplemente se le presiona de una manera tan despiadada que no es posible resistirse. No conocemos todavía el contenido del segundo informe del Sr. Buades Feliu que, según ha adelantado el Concejal, “dice digo donde dijo Diego”. Ya veremos si esto es así o es una mera exégesis o libérrima interpretación del inepto y poco trabajador Presidente del Consejo de Gerencia. Lo que sí anunciamos ya desde este momento es nuestra intención de acudir a todas las instancias nacionales o comunitarias, incluida la Fiscalía anticorrupción, para denunciar este infame y contumaz comportamiento de los dirigentes y servicios de gerencia de Urbanismo. No queremos dejar pasar la ocasión sin recordar que el Sr. Noguera ya estuvo en el Consejo de Gerencia donde se orquestó la conjura para evitar de cualquier forma que Gran Casino Teatro Balear pudiera abrir su legítimo negocio, ganado en buena lid bajo los parámetros de la leal y libre competencia.

9 Por último, una nueva consideración. Por más que se le llene la boca al Concejal de palabras y términos que, a buen seguro, desconoce su significado, por nuestra parte queremos subrayar que nosotros comenzamos las obras solamente después de haber obtenido la licencia por silencio, ante la absoluta pasividad e inactividad de la Gerencia que, una vez más, sólo se mueve cuando existen intereses inconfesables, “impulsos” que por nuestra parte no han existido nunca y seguramente es lo que explica la cerrazón que hemos encontrado ante autoridades de la Gerencia y servicios “obedientes y aplicados”. No hay, pues, obras ilegales y sin licencia, sino obras iniciadas al amparo del permiso obtenido por silencio administrativo, una vez que éste se comunicó al propio Ayuntamiento y a la Gerencia. Nada pues de obras clandestinas e ilegales como pretende hacernos creer el aprendiz de urbanista, y al parecer político comprometido con las clases humildes y trabajadoras, pero que viene ignorando sistemáticamente (desde 2014, momento en el que ya formaba parte de la cúpula directiva del Consejo de Gerencia) los efectos sociales y laborales sobre los 300 trabajadores del Gran Casino Teatro Balear que su nefasta actuación produce.

10 La Constitución española -que a más de uno de estos nuevos “proyectos de Strelnikov”, que ahora se erigen en exégetas del Derecho, le produce alergia- proclama el Estado de Derecho, el sometimiento de la actuación administrativa a la Ley, y la independencia judicial. Sólo la existencia de unos Jueces y Tribunales independientes garantiza la Justicia y el control de la legalidad de la actuación municipal. Gracias a Dios todavía hay jueces en España. Por eso hemos impetrado siempre su protección y garantía, con la absoluta confianza de que los atropellos municipales serán eliminados y descubiertas las trapacerías de sus autores. Ahora bien, también con la misma firmeza y confianza proclamamos que las exigencias de responsabilidad personal, patrimonial y penal no acabarán en la vía contencioso-administrativa y aunque nos lleve más de 15 años terminaremos exigiendo, de forma individual y personal, la responsabilidad en que hubieran podido incurrir los autores de semejantes desmanes y atropellos. ¡No habrá paz para los malditos!que califica como

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