miércoles, 23 de abril de 2014

Los condenados por el caso Can Domenge niegan los cargos y dicen que “no tuvieron un juicio justo”

La defensa de la ex presidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, ha solicitado en el Tribunal Supremo que se repita el juicio por la venta amañada del solar público Can Domenge porque su condena estaba “diseñada” de antemano pese a la falta de pruebas. “Munar no ha tenido un juicio justo”, ha sentenciado.

Así se ha expresado su abogado José Antonio Choclán durante la vista pública celebrada ante el alto tribunal para revisar la sentencia dictada el pasado julio por la Audiencia Provincial de Palma que condenaba a Munar a seis años de prisión por delitos de prevaricación, fraude y revelación de información confidencial.

“El tribunal tenía diseñada la condena de María Antonia Munar”, ha afirmado su abogado, para destacar que “desde el minuto uno” sabía que su cliente no sería absuelta ya que los jueces aventuraron durante el proceso la “oscura perspectiva carcelaria que se le avecinaba”. “Su indefensión ha sido manifiesta”, ha agregado.

A su juicio, la Audiencia de Palma aplicó la ley con el “máximo rigor punitivo”, mostró reiterados “prejuicios” y valoró solo las “sorpresivas” delaciones que inculpaban a Munar, mientras que no tuvo en cuenta el testimonio del ex vicepresidente insular Miquel Nadal, que excluía su responsabilidad en la venta de Can Domenge por debajo del valor real.

Así las cosas, la defensa ha solicitado que se celebre un nuevo juicio cuando concluya la investigación sobre el soborno que la promotora Sacresa habría abonado para resultar adjudicataria de estos solares palmesanos. Choclán ha añadido que solo así se garantizaría que el derecho de defensa de Munar quede “intacto” ya que “los casos de corrupción política no pueden estar exentos de las garantías legales”.

UN NEGOCIO DE “SABROSAS PERSPECTIVAS”

La defensa de Miquel Nadal ha solicitado rebajar la pena de cuatro años de prisión impuesta a su representado, al tiempo que ha negado que este hiciera uso de ninguna “información confidencial”. “No se puede filtrar lo que Sacresa ya había ofrecido. No hay información confidencial”, ha agregado.

Otros condenados, como el exconsejero Bartomeu Vicens o el letrado que asesoró a Sacresa Santiago Fiol, también han impugnado la sentencia condenatoria por la inexistencia de pruebas de cargo y entendiendo que el tribunal se situó “extramuros” del ordenamiento jurídico.

La Audiencia de Palma consideró que la expresidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca y otros cinco acusados beneficiaron a la promotora Sacresa con la venta de los solares palmesanos por ser un negocio de “sabrosas perspectivas”. Respaldó el “móvil económico” con el que actuaron los acusados para justificar la venta por “concurso y precio topado”, en vez de subasta, y añadió que Munar “supervisó la totalidad de la tramitación”.

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Acusan a Nadal de ser el responsable de las contrataciones irregulares de UM en el Consell

Eugenia Cañellas, exsecretaria técnica del exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal, quien este lunes ha declarado como imputada en la causa que investiga adjudicaciones y contrataciones presuntamente irregulares llevadas a cabo cuando Unió Mallorquina (UM) estaba al frente del Consell de Mallorca, ha apuntado hacia Nadal al subrayar cómo éste le dijo que “había empresas afines al partido” en las que personas de confianza de la formación tendrían “muchos puestos de trabajo”.

Cañellas, quien ya en el marco de otra causa apuntó que empresas proveedoras pagaron, con dinero público procedente del Consell, a agentes electorales de UM durante la campaña previa a las elecciones autonómicas y municipales de 2007, ha señalado que ella no se encargaba de las contrataciones y que actuaba a instancias de la secretaria de Nadal, Antònia Vidal, quien le dijo que “tenía que hacer” lo que le decía, tras lo cual, ha dicho, “no volví a preguntar”.

En concreto, la declaración de Cañellas, a cuya transcripción ha tenido acceso Europa Press, ha tenido lugar ante la jueza Ana Cameselle y la fiscal Ana Lamas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, que investiga la contratación de personas afines a UM en mercantiles que a su vez eran adjudicatarias del Consell, así como el presunto amaño, por parte de la institución insular, de varios negociados de los que resultó beneficiaria la empresa de informática Minser por hasta un total de 82.000 euros.

Durante su comparecencia, Cañellas ha exhibido un cuaderno en el que, según ha recordado, hacía las anotaciones que le encomendaban respecto a las empresas que concurrían a las convocatorias del Consell, afirmando que “las primeras anotaciones fueron las de Minser”. “Lo que hacía era pasar la documentación a Minser a instancias de Antònia Vidal, que era la secretaria personal de Nadal. Yo no hacía las contrataciones. Ejecuté órdenes y me limité a pasar la documentación”, ha defendido la imputada.

Según ha manifestado, Nadal le dijo que se dedicara “a la Secretaría general técnica de Vicepresidencia”, que gestionaba y tramitaba la documentación de las direcciones generales de ese departamento, si bien ha subrayado, en relación a las adjudicaciones públicas, que “desde el inicio del expediente hasta su conclusión, estaba tranquila porque pasaba por multitud de filtros”.

“Sólo tramitaba y devolvía la tramitación, y nunca elaboré ningún expediente ni elaboré ningún pliego de prescripciones técnicas”, ha remarcado en este sentido Cañellas quien, después de que le fuera exhibida una resolución administrativa con su firma, ha aseverado que rubricaba los pliegos “porque era un trámite más”.

En cuanto a la contratación de personas afines a UM, ha recordado que cuando la entonces secretaria de Nadal “quería que se contratara a estas personas, le llevaba el DNI y el curriculum a Minser y después les daba de alta”. En cualquier caso, ha asegurado desconocer a los contratados por quienes ha sido interrogada y que en ningún momento les pagó dinero en efectivo introducido en sobres. “Yo cumplía órdenes de Antònia Vidal”, ha insistido.

“NUNCA FUI CONSCIENTE DE QUE HICIERA NADA MALO”

Recordando finalmente que estuvo en ese cargo entre febrero de 2006 y mayo de 2007, Cañellas ha asegurado que hacía su trabajo “convencida de que lo hacía bien”, y que nunca fue consciente de que hiciera “nada malo”. La encausada ha señalado que ni antes de 2006 ni después de 2007 ha tenido ningún cargo político importante en la dirección de UM, sino que ha sido militante de base.

Cabe recordar que, en el marco de esta causa, fue decretada, en mayo del pasado año, prisión sin fianza para los dos exsocios de Minser que fueron detenidos por estas pesquisas, Juan Carlos Escuer y Gabriel Rivas, si bien fueron puestos en libertad un mes después.

Tanto Rivas como Escuer fueron interrogados por los tres contratos objeto de investigación: uno valorado en 22.000 euros y referente a la realización de un informe sobre la instalación en el aeropuerto de unos vídeos promocionales de los pueblos de Mallorca; otro sobre señales de tráfico en las carreteras y un último sobre los hábitos de lectura entre los jóvenes, estos dos últimos de 30.000 euros cada uno.

Precisamente, Escuer apuntó a Eugenia Cañellas como la persona que le indicó que presentase oferta a los tres negociados y recordó que a las convocatorias concurrieron otras dos mercantiles, tal y como establece la Ley de Contratos con la Administración Pública –que al menos tres empresas capacitadas para la ejecución del objeto del contrato presenten oferta–. La Fiscalía sostiene, sin embargo, que no hay constancia alguna de los informes por los que el Consell abonó estos fondos.

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Condenan a Vicens a 5 años y 11 meses por el caso Metalumba

La Audiencia de Palma ha condenado al exconseller del Territorio del Consell de Mallorca Bartomeu Vicens a 5 años y 11 meses de prisión y devolver 1,7 millones de euros por diversos delitos en el “pelotazo” urbanístico conocido como Metalumba.

Vicen ha sido condenado en esta ocasión por prevaricación, falsedad, blanqueo de capitales, cohecho y delitos contra la hacienda pública. La pena contempla los atenuantes de confesión, reparación del daño y colaboración de la justicia y una multa de 312.000 euros y el comiso de más de 1 millón de euros.

La Audiencia condena también a 7 años de inhabilitación para cargo público al exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal.

Junto a los dos exdirigentes de UM, la mujer de Vicens, Antònia Martorell, ha sido condenada a dos años de cárcel, y el contable Tomás Martín y el empresario John Leaners, a 11 meses de prisión. Por su parte, le fue retirada la acusación a la considerada testaferro de Vicens, Elisabeth Diéguez, mientras que para el abogado Jaime Montis se ha sobreseído provisionalmente la causa debido a su estado de salud.

Los procesados reconocieron de este modo haber incurrido en delitos de cohecho, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Vicens deberá pagar asimismo unos 1,7 millones de euros por su participación en esta trama, y que ya han sido intervenidos.

Tal y como consta en la sentencia, hecha pública este miércoles, Vicens recibió en el ejercicio de su cargo -entre los años 2003 y 2006- un total de 480.574 euros de forma directa, por medio de su esposa o a través de Metalumba, fondos que recibió de parte de Montis, propietario de la sociedad que intervenía en la promoción del polígono de Son Oms.

Todo ello pese a que Metalumba carecía de actividad real y sin que los cobros respondiesen a actividad alguna, sino que constituían una contraprestación por las gestiones que realizó Vicens desde su cargo para favorecer la revalorización de la zona industrial. Es más, las cantidades no se destinaron al beneficio de Metalumba, sino que fue blanqueado mediante la adquisición de bienes personales y en beneficio privado del exconseller.

Tal y como admitieron los procesados, como medio de disimular el verdadero sentido de estos pagos se emitieron facturas inveraces y se simularon diversos contratos de préstamo en realidad inexistentes. Junto a ello, Vicens eludió sus obligaciones tributarias derivadas de su enriquecimiento ilegal y de otros ingresos en efectivo. Así, en 2004 presentó una declaración del IRPF conjuntamente con su esposa que supuso una defraudación a Hacienda por valor de 250.149 euros.

Y es que, según se ha considerado probado, en su tributación el acusado declaró ingresos muy inferiores a los reales, al indicar que su base liquidable sometida a gravamen era de 49.168 euros, cuando en realidad ascendía a 610.804 euros.

LOS FONDOS AFLORADOS A TRAVÉS DE METALUMBA

En concreto, la totalidad de dinero en efectivo de origen ilícito que afloró con Metalumba asciende, al menos, a 339.329 euros más IVA, mientras que otra parte se introducía en el mercado con la adquisición de bienes a nombre de Vicens y su mujer. De este modo, el exconseller pudo incorporar al tráfico mercantil fondos de origen criminal por un total de 446.073 euros, cantidad que se eleva en 11.000 euros puesto que en abril de 2011 Martorell llevó a su marido, en la cárcel de Palma, un total de 22 billetes de 500 euros.

En lo que al resto de inculpados se refiere, Tomás Martín fue el encargado de facilitar a Vicens el nombre de alguien que estuviese dispuesto a emitir facturas falsas, para lo cual el contable contactó con John Leaners, quien a través de su empresa Windex Trading emitió varias facturas inveraces.

Por su parte, Nadal tuvo una “importante intervención” en la aprobación de la modificación del Plan General Urbana de Palma, pese a tener “pleno conocimiento” de la arbitrariedad de la propuesta, permitiendo posibilitar un desmesurado incremento de la posibilidad edificatoria en los polígonos industriales de la capital y, más en concreto, duplicar la de Son Oms de 380 metros cuadrados a 797.

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Miquel Nadal ya está en la cárcel

El exconseller de Turismo del Govern, exvicepresidente del Consell de Mallorca y expresidente de Unió Mallorquina (UM), Miquel Nadal, ha ingresado este viernes en prisión a las 16.00 horas después del requerimiento de la Audiencia Provincial, que responde a la confirmación, por parte del Tribunal Supremo, de la pena de cuatro años de cárcel que le fue impuesta en el marco del caso Voltor.

En su sentencia, el Alto Tribunal considera probado cómo Nadal cobró hasta 13.080 euros por la labor que habría efectuado para la extinta formación, abonados desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) -dependiente de la Conselleria-. “Nadal, siendo el beneficiario de aquellos servicios, tenía capacidad política y administrativa para compensarlos, bien que ilícitamente, como resulta que en efecto se hizo”, señala el TS.

La sentencia, que desestima uno a uno los argumentos vertidos en su recurso de casación por el letrado de Nadal, José Zaforteza, tilda de “abrumadoramente irregular” el contrato menor suscrito entre el Inestur y Plomer por unos servicios que no entrañaban trabajo alguno, e incide en que la orden desencadenante “tuvo que provenir del más alto nivel del organigrama: de alguien con capacidad autónoma ‘de facto’ para contratar al margen de la Ley, esto es, de Nadal”.

La Sala de lo Penal refuerza su fundamento en la “total irregularidad” del contrato rubricado; en el dato de que Plomer había prestado servicios políticos que Nadal tenía interés en compensar; en que la decisión de hacerlo de este modo, además de penalmente relevante, es política, y en que esa clase de decisiones “sólo podía tomarlas el que contase con el necesario poder político y la posición idónea en el organigrama de la Conselleria”.

Los magistrados recriminan asimismo que el letrado de Nadal “se prodiga en toda una serie de consideraciones del peculiar marco político general de UM”, si bien “son por completo periféricas y ciertamente ajenas al objeto de la causa”. En este sentido, rebaten la denuncia del abogado de que se ha producido un sesgo en el tratamiento de las pruebas, ante lo cual el TS subraya que la actitud de la Audiencia al respecto fue de un “rigor encomiable”.

El Alto Tribunal recalca cómo de los hechos se desprende que el papel de los demás acusados en favor de Plomer -el exgerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) Antonio Oliver, la exresponsable del Centro de Investigaciones y Tecnologías Turísticas de las Islas Baleares (CITTIB) María Luisa Tortella, y el exdirector general de Promoción Turística Joan Sastre- “fue debida a la iniciativa de Nadal que, por su posición en ese área de la Administración balear -como conseller de Turismo-, gozaba de poder necesario al efecto”.

TERCERA CONDENA SOBRE NADAL

Cabe señalar que se trata de la tercera condena que pesa sobre Nadal, después de que ya fuera condenado a dos años y siete meses de prisión en el marco del llamado caso Maquillaje por un desvío de 240.000 euros públicos a la productora que controlaba junto a la expresidenta del Consell Maria Antònia Munar, a través de testaferros, mientras ambos eran máximos responsables de la Institución insular.

Mientras tanto, este mismo martes ha sido condenado a otros cuatro años de cárcel en el marco del caso Can Domenge, por su intervención en la venta irregular de los solares palmesanos por treinta millones de euros a la promotora Sacresa, por debajo de su valor en el mercado.

Nadal es, además, el exalto cargo público de Baleares que se encuentra imputado en un mayor de casos: se trata, además de Voltor y Maquillaje, de los casos Son Oms, Can Domenge, Llompart, Ibatur y en una séptima centrada en la presunta financiación ilegal de UM.

Se da la circunstancia de que, en el marco del caso Voltor, Nadal fue arrestado en febrero de 2010 mientras ostentaba los cargos de consejero de la Consejería de Turismo y concejal en el Ayuntamiento de Palma. Sin embargo, no fue su única detención puesto que en junio de 2011 volvería a ser privado de libertad dentro del caso Ibatur, cuyas pesquisas se centraban hasta entonces en otro supuesto desvío de millones de euros públicos en la última legislatura de Jaume Matas, para posteriormente extenderse a la actuación de UM.

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Nadal entrará en prisión esta semana

El exconseller de Turismo del Govern, exvicepresidente del Consell de Mallorca y expresidente de Unió Mallorquina (UM), Miquel Nadal, ha acudido a primera hora de este lunes a la Audiencia Provincial de Baleares para recoger un requerimiento de prisión con el que deberá ingresar, en un máximo de cinco días – tiene de plazo hasta este viernes, día 2 -, en el centro penitenciario de Palma después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la pena de cuatro años de cárcel que le fue impuesta en el marco del caso Voltor.

El exalto cargo deberá así entrar en prisión por auspiciar la contratación fraudulenta del exalcalde de Sóller Tomás Plomer, tras determinar el Alto Tribunal que Nadal era “el mejor situado” en el organigrama de la Conselleria de Turismo para gratificar con fondos públicos a “un fiel peón de su peripecia política” -en alusión a Plomer- por sus trabajos en favor de UM.

Se da la circunstancia de que la semana pasada ingresaron en la cárcel la expresidenta del Parlament y del Consell Maria Antònia Munar, en su caso de forma provisional sin fianza ante un elevado riesgo de fuga, así como el también exconseller de Turismo Francesc Buils, tras ser confirmada la pena de tres años de prisión a la que fue condenado en otra pieza del caso Voltor. Mientras tanto, el también exalto cargo de UM Antoni Rebassa dispone hasta este miércoles para ingresar por condena firme.

En su sentencia, el Alto Tribunal considera probado cómo Nadal cobró hasta 13.080 euros por la labor que habría efectuado para la extinta formación, abonados desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) -dependiente de la Conselleria-. “Nadal, siendo el beneficiario de aquellos servicios, tenía capacidad política y administrativa para compensarlos, bien que ilícitamente, como resulta que en efecto se hizo”, señala el TS.

La sentencia, que desestima uno a uno los argumentos vertidos en su recurso de casación por el letrado de Nadal, José Zaforteza, tilda de “abrumadoramente irregular” el contrato menor suscrito entre el Inestur y Plomer por unos servicios que no entrañaban trabajo alguno, e incide en que la orden desencadenante “tuvo que provenir del más alto nivel del organigrama: de alguien con capacidad autónoma ‘de facto’ para contratar al margen de la Ley, esto es, de Nadal”.

La Sala de lo Penal refuerza su fundamento en la “total irregularidad” del contrato rubricado; en el dato de que Plomer había prestado servicios políticos que Nadal tenía interés en compensar; en que la decisión de hacerlo de este modo, además de penalmente relevante, es política, y en que esa clase de decisiones “sólo podía tomarlas el que contase con el necesario poder político y la posición idónea en el organigrama de la Conselleria”.

Los magistrados recriminan asimismo que el letrado de Nadal “se prodiga en toda una serie de consideraciones del peculiar marco político general de UM”, si bien “son por completo periféricas y ciertamente ajenas al objeto de la causa”. En este sentido, rebaten la denuncia del abogado de que se ha producido un sesgo en el tratamiento de las pruebas, ante lo cual el TS subraya que la actitud de la Audiencia al respecto fue de un “rigor encomiable”.

El Alto Tribunal recalca cómo de los hechos se desprende que el papel de los demás acusados en favor de Plomer -el exgerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) Antonio Oliver, la exresponsable del Centro de Investigaciones y Tecnologías Turísticas de las Islas Baleares (CITTIB) María Luisa Tortella, y el exdirector general de Promoción Turística Joan Sastre- “fue debida a la iniciativa de Nadal que, por su posición en ese área de la Administración balear -como conseller de Turismo-, gozaba de poder necesario al efecto”.

TERCERA CONDENA SOBRE NADAL

Cabe señalar que se trata de la tercera condena que pesa sobre Nadal, después de que ya fuera condenado a dos años y siete meses de prisión en el marco del llamado caso Maquillaje por un desvío de 240.000 euros públicos a la productora que controlaba junto a la expresidenta del Consell Maria Antònia Munar, a través de testaferros, mientras ambos eran máximos responsables de la Institución insular.

Mientras tanto, este mismo martes ha sido condenado a otros cuatro años de cárcel en el marco del caso Can Domenge, por su intervención en la venta irregular de los solares palmesanos por treinta millones de euros a la promotora Sacresa, por debajo de su valor en el mercado.

Nadal es, además, el exalto cargo público de Baleares que se encuentra imputado en un mayor de casos: se trata, además de Voltor y Maquillaje, de los casos Son Oms, Can Domenge, Llompart, Ibatur y en una séptima centrada en la presunta financiación ilegal de UM.

Se da la circunstancia de que, en el marco del caso Voltor, Nadal fue arrestado en febrero de 2010 mientras ostentaba los cargos de consejero de la Consejería de Turismo y concejal en el Ayuntamiento de Palma. Sin embargo, no fue su única detención puesto que en junio de 2011 volvería a ser privado de libertad dentro del caso Ibatur, cuyas pesquisas se centraban hasta entonces en otro supuesto desvío de millones de euros públicos en la última legislatura de Jaume Matas, para posteriormente extenderse a la actuación de UM.

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Confirmada la pena de 4 años de cárcel para Miquel Nadal

Miquel Nadal, exconseller balear de Turismo y expresidente de Unió Mallorquina (UM) ha sido condenado a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación por malversación de fondos públicos por el Tribunal Supremo, que ha desestimado su recurso contra la condena de la Audiencia de Palma. Sentencia Nadal

El Alto Tribunal ha desestimado así el recurso de casación que interpuso la defensa de Nadal contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Baleares. Se trata además de la segunda condena que pesa sobre Nadal, después de que ya fuera condenado a dos años y siete meses de prisión en el marco del llamado caso Maquillaje por un desvío de 240.000 euros públicos a la productora que controlaba junto a la expresidenta del Consell Maria Antònia Munar, a través de testaferros, mientras ambos eran máximos responsables de la Institución insular.

La sentencia de la Audiencia, ahora confirmada, consideraba probado cómo Nadal decidió favorecer económicamente con 12.000 euros públicos más IVA a Plomer por los servicios que éste había realizado para UM sin contraprestación alguna, al tiempo que se aseguraba la fidelidad del exalcalde de Sóller para eventuales cuestiones políticas futuras.

Nadal es, además, el exalto cargo público de Baleares que se encuentra imputado en un mayor de casos: se trata, además de Voltor y Maquillaje, de los casos Son Oms, Can Domenge, Llompart, Ibatur y en una séptima centrada en la presunta financiación ilegal de UM.

Se da la circunstancia además de que, en el marco del caso Voltor, Nadal fue arrestado en febrero de 2010 mientras ostentaba los cargos de consejero de la Consejería de Turismo y concejal en el Ayuntamiento de Palma. Sin embargo, no fue su única detención puesto que en junio de 2011 volvería a ser privado de libertad dentro del caso Ibatur, cuyas pesquisas se centraban hasta entonces en otro supuesto desvío de millones de euros públicos en la última legislatura de Jaume Matas, para posteriormente extenderse a la actuación de UM.

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La Fiscalía pide seis años de cárcel para Munar y cuatro para Nadal

La Fiscalía Anticorrupción mantiene la petición de seis años de cárcel para la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, mientras que ha rebajado de seis a cuatro años su solicitud para el exvicepresidente insular Miquel Nadal pese a que no ha reconocido para él la atenuante de confesión. Una circunstancia que sí pide que sea aplicada en el caso del exconseller de Territorio Bartomeu Vicens y del propietario de la mercantil Sacresa, Román Sanahúja.

El fiscal Juan Carrau ha expuesto sus calificaciones definitivas en el marco del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Baleares por la adjudicación presuntamente irregular de los terrenos palmesanos de Can Domenge por parte de la Institución insular a Sacresa, unas conclusiones en base a las cuales rebaja de seis años a ocho meses de prisión su petición para Vicens y a un año para el exconseller de Hacienda Miquel Àngel Flaquer.

Del mismo modo, se ha reducido la solicitud de prisión de dos años a un año para Sanahúja, mientras que mantiene la inicial de 18 meses para el letrado externo de Sacresa, Santiago Fiol. En lo que a Núñez y Navarro se refiere, querellante y acusación particular en este proceso, ha retirado el delito de malversación de caudales públicos del que acusaba a los inculpados en el marco de esta causa.

Por su parte, el letrado de Munar, José Antonio Choclán, ha solicitado de nuevo la libre absolución de su patrocinada mientras que, en el caso de Nadal, su abogado también reclama que sea absuelto, si bien ha planteado de forma alternativa una condena de seis meses de prisión con la aplicación de la atenuante analógica de confesión.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público mantiene sustancialmente los hechos por los que los seis procesados se sientan en el banquillo, y será este miércoles cuando se expongan los informes finales con los argumentos de acusaciones y defensas sobre sus peticiones.

Cabe destacar que tanto a Vicens -quien cumple condena en el centro penitenciario de Palma por otro caso de corrupción- como Sanahúja el Ministerio Público solicite que se aplique la atenuante de confesión a raíz de que admitieran que medió un soborno de hasta cuatro millones de euros para que Sacresa resultara adjudicataria de los solares. Más en concreto, el exconseller insular reveló que Munar, Nadal, él mismo y la propia UM fueron quienes percibieron el cohecho.

Por su parte, también el máximo accionista de Sacresa confesó mediante un escrito, un día antes del inicio del juicio, que abonó el soborno a cambio de que la mercantil resultase adjudicataria del solar, tras acceder a la exigencia del dinero por parte del Nadal, quien, según su versión, habría conminado a la empresa catalana a abonar el soborno a cambio de garantizar la concesión a su favor.

Se da la circunstancia de que, en el caso de Nadal, ya pesan sendas condenas de cuatro años y dos años y siete meses de cárcel por los casos Voltor y Maquillaje, respectivamente. Mientras tanto, Munar ya fue sentenciada a cinco años y medio en el marco de esta última causa. Nadal es, además, el exalto cargo público de Baleares que se encuentra imputado en un mayor de casos: se trata, además de Voltor y Maquillaje, de los casos Son Oms, Can Domenge, Llompart, Ibatur y en una séptima centrada en la presunta financiación ilegal de UM.

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Nadal afirma que el cohecho de Can Domenge se planteó en el momento de la adjudicación

Miquel Nadal, el nuevo arrepentido, el que fuera vicepresidente del Consell de Mallorca y presidente de Unió Mallorquina (UM) ha manifestado ante el tribunal encargado de juzgar a los seis acusados del caso Can Domenge que el proceso para adjudicar estos solares fue “impecable” y carente de “manipulaciones”, a pesar de haber admitido minutos antes que hubo un “trasiego” de información privilegiada con la que Sacresa obtuvo ventaja en el concurso y que esta promotora estaba haciendo “unas bases a su medida”.

Así lo ha puesto de manifiesto en un tenso interrogatorio a las preguntas del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, quien le ha inquirido “cómo puede decir que el concurso fue impecable si ha reconocido que hubo un intercambio de información, preguntándole “a cambio de qué” Sacresa obtuvo una ventaja, a lo que el procesado ha respondido que “en ese momento a cambio de nada. El cohecho se planteó en el momento de la adjudicación”.

Sin embargo, al pedirle el fiscal que profundizara en el supuesto soborno que la adjudicataria pagó a cambio de resultar ganadora, ha apuntado que sobre este cohecho declarará voluntariamente en el Juzgado que de forma paralela indaga bajo secreto el pago de esta dádiva.

A pesar de lo cual, Nadal ha expresado que le “extraña muchísimo” que en la primera sesión del juicio el exconseller Bartomeu Vicens, también acusado, no revelara el nombre de la persona que se había encargado de mediar en el pago del soborno.

“Por no querer hablar del cohecho, está hablando usted mucho”, le ha espetado Horrach, recriminándole que “sólo cuenta lo que le interesa”. Tras ello, el letrado de Nadal, José Zaforteza, ha intervenido para decir al tribunal que “me sabe mal, pero mi cliente ya ha dicho que declarará en el Juzgado”, a lo que el magistrado presidente Diego Gómez-Reino le ha respondido: “Si le sabe mal no intervenga”.

Según ha explicado en su declaración, la entonces presidenta del Consell, Maria Antònia Munar, quien se sienta por segunda vez en el banquillo, le encargó la coordinación de la desafectación de los terrenos, y ha recordado cómo el conseller de Educación y Cultura en el último mandato de Jaume Matas, Francesc Fiol, le preguntó si podía venir a verle su hermano, Santiago Fiol -abogado externo de Sacresa y también acusado- junto al representante de Sacresa Joan Maria Pujals, ya que “me querían comentar una cosa”.

“Vinieron a mi despacho diciendo que en la prensa habían leído lo de la desafectación, y que estaban dispuestos a hacer una permuta, diciendo que si les dábamos los terrenos ellos se encargarían del Teatre Principal”, ha manifestado, tras lo cual, ha señalado, lo consultó y “me dijeron que la permuta jurídicamente no se podía hacer”.

El inculpado ha precisado que se trató de una reunión “de presentación”, en la que los representantes de la adjudicataria explicaron que “tenían interés en introducirse en Mallorca”, mientras que en un siguiente encuentro, en el que no estuvo Fiol, Pujal se presentó con otro representante de la mercantil, Mario Sanz, y ambos dijeron que “harían lo necesario” para ello, ofreciendo informaciones que “servirían para el concurso pero que les estaba dando una ventaja importante”.

EL FISCAL: “¿ES QUE HABÍAN MONTADO UNA TIENDA DE SUBASTAS?”

“¿Es que habían montado una tienda de subastas para vender el proyecto al que dé más comisión?”, ha llegado a terciar el fiscal ante las respuestas del exalto cargo de UM, quien ha recordado que la información de Sacresa “me llegaba a mí en sobres y yo se la daba a Vicens”.

¿Pero quién le enviaba los sobres? ¿Porque no le llegarían sobres del cielo?”, le ha preguntado Horrach al no obtener respuesta sobre nombres concretos. “Me llegaban sobres de Pujal y Sanz”, ha precisado, manifestado que había otras empresas que “también tenían esa información”.

Tras ello, ha recordado que, a finales de septiembre, Munar le ordenó que no hiciera nada más del tema puesto que ya lo llevaban Vicens y el también exconseller Miquel Àngel Flaquer. “Ahí deje de intervenir”, ha apuntado Nadal, señalando sin embargo que el 31 de diciembre, estando “enferma” la expresidenta, Flaquer le pasó a firma el expediente de la adjudicación.

“Fui a la clínica a verla y consultarle, me preguntó si los informes eran favorables y, al decirle que sí, me dijo: ‘pues entonces puedes firmarlo’, y lo firmé”.

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Nadal confiesa que cobró el soborno de Sacresa para financiar a UM

El expresidente de Unió Mallorquina (UM) y exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal ha entregado un escrito ante la Audiencia Provincial de Baleares, minutos antes de que se reanudase el juicio del caso Can Domenge, en el que confiesa haber cobrado parte del soborno que presuntamente pagó la mercantil Sacresa a los exresponsables de la Institución insular por haber “inspirado” las bases del concurso por el que fueron adjudicados los solares palmesanos.

Según explica en el escrito, la contrapartida de la empresa por la supuesta manipulación del proceso para resultar beneficiaria del mismo fue el pago de “una cantidad de dinero” entregada al exconseller insular Bartomeu Vicens, quien con posterioridad y con el objetivo de financiar la campaña electoral de UM en 2007, en la que Nadal concurría como candidato a la alcaldía de Palma, “me entregó una parte de ella”.

Vicens, sin embargo, recordó que el cohecho fue de cuatro millones de euros, repartido entre la expresidenta del Parlament y del Consell Maria Antònia Munar, Nadal, la propia UM y él mismo, mientras que el máximo accionista de Sacresa, Román Sanahuja, señaló que pagó la dádiva tras acceder a la exigencia del dinero por parte de Nadal, quien, según su versión, habría conminado a la empresa catalana a abonar la cantidad a cambio de garantizar la concesión a su favor.

El exdirigente ‘uemita’ recuerda cómo a principios de 2005 Munar comunicó que, a la vista de que el Govern entonces presidido por Jaume Matas tenía previsto desarrollar el proyecto del velódromo Palma Arena -cuyo presunto desfase en más de 50 millones de euros está siendo investigado por el juez José Castro-, podía resultar “beneficioso” para el Consell enajenar el solar de Can Domenge para de esta manera “no sólo obtener financiación sino también desarrollar un proyecto singular desde el prisma del urbanismo insular”.

Así las cosas, señala, una vez tomada la decisión de vender el terreno, su cometido fue doble: por una parte, dada su su condición de vicepresidente, sin funciones ejecutivas, era coordinar a los distintos consellers ejecutivos competentes en la materia como lo eran Vicens y Flaquer y, por otro, en su calidad de portavoz, “defender públicamente la bondad del proyecto”.

En este contexto, recuerda que fue en abril de 2005 cuando, tras publicarse en la prensa que Can Domenge iba a ser enajenado, recibió en su despacho del Consell la visita de varios promotores, entre quienes se encontraba una comitiva de Sacresa encabezada por Joan Maria Pujals -quien estuvo imputado en el marco de esta causa-, quien le propuso “facilitarme la información necesaria para elaborar las bases del concurso”, para así “obtener ventaja frente a eventuales competidores y dada su experiencia en este tipo de contrataciones”.

SOBRES CERRADOS CON INFORMACIÓN PARA CONFECCIONAR LAS BASES

De este modo, asevera que “con el conocimiento y la aquiescencia del señor Vicens”, en los meses siguientes se reunió en diversas ocasiones con el intermediario de Sacresa en Mallorca, Santiago Fiol, quien le hizo entrega de varios sobres cerrados que contenían “toda la información precisa y necesaria para confeccionar las bases del concurso, información que yo a su vez remitía única y exclusivamente al señor Vicens, dado que mis relaciones con el señor Flaquer no eran fluidas”.

Todo ello “hasta el extremo”, según relata Nadal, de que a finales de septiembre de 2005, por así habérselo indicado Munar, dejó de ocuparse de los temas relacionados con el concurso e impartiendo Flaquer “órdenes expresas de que las funcionarias del departamento de contratación despacharan únicamente con él, como así se hizo”.

“La entrega de documentación al señor Vicens y la ruptura de la relación con el señor Flaquer determinó que en la Conselleria de Economía, y por lo que a mí concierne, desconocieran que Sacresa fue quien realmente inspiró las bases del concurso”, sentencia Nadal, quien sobre el presunto soborno afirma que declarará de forma más pormenorizada cuando sea interrogado al respecto en instrucción.

La Audiencia Provincial de Baleares ha reanudado el juicio del caso Can Domenge con Munar, Vicens, Nadal y Flaquer en el banquillo de los acusados, junto a quienes también serán juzgados el dueño de Sacresa y el abogado Santiago Fiol.

A principios de este mes, el presidente del tribunal de la Sección Segunda, Diego Gómez-Reino, dio hasta este día 19 de plazo al nuevo asistente legal de Munar para estudiar la causa, tras renunciar al letrado que le había representado durante los últimos años, Gabriel Garcías.

En concreto, la Fiscalía solicita seis años de prisión para los cuatro exaltos cargos de UM por presuntos delitos de fraude a la administración (por los que pide tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación, pese a que la acusación pública no les atribuye ningún delito de malversación de caudales públicos, ilícito que sí mantienen tanto Núñez y Navarro como el Consell, personados como acusación particular.

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Sacresa pagó un soborno a cambio de los solares de Can Domenge a un intermediario designado por Nadal

A falta de menos de un día para que arranque el juicio en torno a la adjudicación presuntamente irregular de los solares palmesanos de Can Domenge, y más de seis años después de que se iniciasen las investigaciones sobre estos hechos, el propietario de la mercantil Sacresa, Román Sanahúja, ha confesado mediante un escrito que pagó un soborno de cuatro millones de euros a cambio de resultar beneficiaria de la venta de los terrenos por parte del Consell de Mallorca.

Y ello, asevera, tras acceder a la exigencia del dinero por parte del entonces vicepresidente insular Miquel Nadal, quien, según su versión, habría conminado a la empresa catalana a abonar el cohecho a cambio de garantizar la adjudicación a su favor.

En su confesión escrita, que ha entregado esta mañana al tribunal que desde este miércoles prevé juzgar a un total de seis acusados por las supuestas irregularidades en torno al concurso de Can Domenge, entre quienes se encuentra la expresidenta del Parlament y del Consell Maria Antònia Munar, la defensa de Sanahúja asevera que Nadal contactó con la mercantil para garantizarle que no se cambiaría de criterio “si se pagaba la cantidad de cuatro millones de euros en efectivo”, a pesar de que las ofertas para el proceso adjudicatario ya estaban presentadas e incluso cuando ya estaba tomada la decisión de que Sacresa había presentado la mejor postura.

ASEGURA DESCONOCER CÓMO SE REPARTIÓ EL DINERO

Así las cosas, relata el empresario, tras acceder a la petición de Nadal, el pago fue realizado en dos entregas de dos millones de euros en efectivo, la primera de ellas antes de conocerse el fallo final del concurso y la segunda unos meses después. Más en concreto, en dos lugares públicos de Mallorca y a un intermediario designado por Nadal, a pesar de que asegura desconocer el reparto final del dinero.

En su escrito, Sanahúja reconoce “el grave error cometido” al acceder a pagar esa cantidad, reiterando su arrepentimiento y “deseo de cooperar con la Administración de Justicia”.

DEFIENDE QUE EL VALOR DE LA FINCA ERA DE 30 MILLONES

En cualquier caso, asevera que los 30 millones de euros que Sacresa abonó por los solares fueron “el único valor razonable”, pese a que los investigadores sitúan en 60 millones la tasación de los terrenos, cantidad que, además, fue la que ofreció la querellante en este procedimiento judicial, Núñez y Navarro. “Las valoraciones que algunos dan de 60 millones de euros son absolutamente erróneas, como demostraremos en el juicio”, recalca al respecto.

Precisamente, a mediados del pasado mes el exconseller insular de Territorio Bartomeu Vicens, quien cumple condena en la cárcel de Palma por otra causa de corrupción, presentó un escrito en el que admitía el cobro del soborno, si bien precisaba que el dinero fue repartido entre la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, Nadal, UM -desaparecida a raíz de los numerosos casos de corrupción que pesaban sobre sus espaldas- y él mismo.

Una confesión que dio lugar a la interposición de una denuncia por parte de la Fiscalía Anticorrupción y al registro de los domicilios de Munar y Nadal, en los que no se halló rastro alguno de los fondos ilícitos. Junto al escrito, Vicens entregó ante la Audiencia Provincial un total de 160.000 euros del cohecho investigado.

Mientras tanto, Munar ha renunciado a quien durante estos años ha ejercido su defensa, Gabriel Garcías, al aseverar que las nuevas revelaciones de Vicens, “cuyo contenido y alcance desconozco”, después de seis años de instrucción del caso Can Domenge, “cambian radicalmente los hechos”. Es más, justifica su decisión en el hecho de que la entrada y registro de su domicilio permitió a la Fiscalía acceder “a todos mis argumentos de defensa e incautarse de documentación relevante para ello”.

PETICIÓN DE SEIS AÑOS DE CÁRCEL PARA LOS EXALTOS CARGOS DE UM

En el marco del juicio fijado para este miércoles, la Fiscalía solicita seis años de prisión para Munar así como para Nadal, Vicens y el también exconseller insular Miquel Àngel Flaquer, por presuntos delitos de fraude a la administración (por los que pide tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación, pese a que la acusación pública no les atribuye ningún delito de malversación de caudales públicos, ilícito que sí mantienen tanto Núñez y Navarro como el Consell, personados como acusación particular.

Los escritos de acusación también se dirigen contra Santiago Fiol, abogado asesor Sacresa considerado “correa de transmisión” entre la empresa y el Consell, y contra el principal accionista de Sacresa, Román Sanahuja, quien presuntamente dirigió la preparación del concurso.

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Encuentran documentos en casa de Munar sobre la venta de Can Domenge

Los investigadores continúan sin hallar los fondos que presuntamente percibieron la expresidenta del Parlament balear y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, el exvicepresidente de esta institución Miquel Nadal y el exconseller insular de Territorio Bartomeu Vicens, como soborno por la adjudicación supuestamente irregular de los solares palmesanos de Can Domenge, tras haber registrado de nuevo, a lo largo de esta mañana, la vivienda de la exdirigente histórica de Unió Mallorquina (UM).

Según han señalado a Europa Press fuentes de la investigación, declarada secreta por el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, la Policía Judicial y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach sí han hallado durante el allanamiento documentos que certificarían las relaciones que Munar habría establecido con Vicens de cara a lograr el presunto amaño del concurso por el que la venta de los terrenos acabó en manos de Sacresa por unos treinta millones de euros, la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía la mercantil Núñez y Navarro, querellante en el caso Can Domenge.

El registro de esta mañana, que ha finalizado en torno a las 13.30 horas, se suma a los practicados este lunes también en la vivienda de Munar de Costitx y en la que posee en el Paseo Marítimo de Palma, así como en el domicilio de quien fuese su delfín político Miquel Nadal. Todo ello después de que así lo ordenase el juez de guardia, Juan Pedro Yllanes, tras la denuncia remitida ese mismo día por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de las confesiones realizadas por Vicens y de la entrega ante la Audiencia Provincial de Baleares de 160.000 euros del cohecho investigado.

Según las pesquisas y de las declaración arrojada por el exconseller insular, la cantidad global del soborno ascendería a cuatro millones de euros, que habrían sido repartidos entre Munar, Nadal, el propio Vicens y la extinta UM, desaparecida a raíz de los numerosos casos de corrupción que pesaban sobre sus espaldas.

Precisamente, el próximo 5 de junio está previsto que arranque, tras más de cinco años de que estallase su operación policial, el juicio del caso Can Domenge, que a lo largo de ese mes y principios de julio sentará por segunda vez en el banquillo a Munar, junto a Nadal, Vicens y el también exconseller insular Miquel Àngel Flaquer, quienes serán juzgados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Para cada uno de ellos, el Ministerio Público solicita seis años de prisión.

Con más de 7.000 folios de sumario y otros tantos de expediente administrativo relativo a la adjudicación de los terrenos, la causa será juzgada en concreto los días 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20 y 21 de junio y del 1 al 5 de julio.

En concreto, sobre los excargos ‘uemitas’ pesan los presuntos delitos de fraude a la administración (por los que solicitan tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación, pese a que la acusación pública no les atribuye ningún delito de malversación de caudales públicos, ilícito que sí mantienen tanto Núñez y Navarro como el Consell, personados como acusación particular.

Los escritos de acusación también se dirigen contra Santiago Fiol, abogado asesor Sacresa considerado “correa de transmisión” entre la empresa y el Consell, y contra el principal accionista de Sacresa, Román Sanahuja, quien presuntamente dirigía la preparación del concurso.

MUNAR NO PUDO “DESENTENDERSE” DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN

En relación con Munar, la jueza que instruyó la causa, Carmen González, ya apuntó que la enajenación de Can Domenge “no era un asunto más que pudiese pasar por alto a la presidenta”, apreciando “indicios bastantes” de que “por razón de su cargo, la influencia y poder que ejercía sobre los consejeros directamente implicados” y por su “participación en las reuniones en que se fijaban aspectos esenciales” del proceso, “participó en los hechos aviniéndose a la forma y elementos del concurso”.

Es más, aseveraba que la competencia para adjudicarlo correspondía a la propia Munar, de tal forma que pese a estar ausente por enfermedad en el pleno en que se aprobó la enajenación “no cabe pensar que se desentendiese del asunto”.

Sin embargo, la expresidenta insular no es la única contra la que cargaba González al recalcar, en el caso de Nadal, que tuvo una intervención “personal y activa” en la desafectación de los terrenos y participó de forma directa en la transmisión de información a Sacresa, además de firmar el decreto de aprobación del expediente de contratación para la enajenación, el 30 de diciembre de 2005.

Es más, Núñez y Navarro destacaba que el hecho de que el pleno del Consell asumiese la enajenación de los terrenos palmesanos no fue más que una “maniobra” de Munar para “diluir” su responsabilidad en este proceso, consciente de la “flagrante ilegalidad” que estaba “perpetrando” junto a otros exaltos cargos de la Institución también imputados en esta causa.

Cabe recordar que sobre Munar ya pesa una condena de cinco años y medio de cárcel por desviar, junto a Nadal -quien fue sentenciado a dos años y siete meses-, un total de 240.000 euros a la productora que ambos controlaban mediante testaferros mientras eran máximos responsables del Consell. Nadal es, además, el exalto cargo público de Baleares que se encuentra imputado en un mayor de casos: se trata, además de Can Domenge, de Voltor, Maquillaje, Son Oms, Llompart, Ibatur y un séptimo centrado en la presunta financiación ilegal de UM.

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La policía sigue buscando dinero de los sobornos en casa de Munar y de Nadal

Agentes de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, junto a los fiscales Anticorrupción, han continuado esta mañana con los registros en las viviendas de la expresidenta del Parlament y el Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, en Costitx y en Palma, así como la vivienda en la capital balear del exvicepresidente del Consell de Mallorca y exconseller de Turismo, Miquel Nadal, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Precisamente, la Policía Nacional y los fiscales llevaron a cabo este lunes un primer registro en estas viviendas, después de que el exconseller de Territorio del Consell de Mallorca, Bartomeu Vicens, haya confesado las supuestas irregularidades en la venta del solar de Can Domenge a mitad de precio en la que se llegaron a cobrar cuantiosas comisiones.

De este modo, los agentes y los fiscales tratan de buscar el dinero supuestamente cobrado de manera irregular por Munar y Nadal, después de que Vicens devolviera este lunes un total de 160.000 euros procedentes de las citadas comisiones.

Mientras, Munar reveló este lunes, tras los registros efectuados en sus viviendas, que los los agentes de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía “se han llevado recortes de periódicos y escrituras públicas de mis propiedades”.

En declaraciones a Europa Press, Munar consideró que el registro de sus dos viviendas es una actuación “normal” tras la denuncia realizada en los Juzgados por Vicens, respecto a las citadas comisiones.

Munar aseverÓ que “no queda más remedio” que entender que ambos registros se enmarcan en una actuació normal, tras la denuncia de Vicens, al tiempo que esperó que en próximas fechas, le llamen a declarar sobre este asunto, si bien desconoce si será como imputada o como testigo.

Cabe recordar que Vicens fue condenado en 2010 a tres años de cárcel y seis meses de inhabilitación absoluta por el delito de malversación en el caso Son Oms, si bien tiene otras causas pendientes, por las que podría ser condenado a 20 años de cárcel.

El Tribunal Superior de Justicia condenó a Vicens por pagar con 12.000 euros de fondos públicos a su contable Tomás Martín al que encargó un estudio inmobiliario sobre el valor del suelo en la isla, informe que el tribunal consideró innecesario y que Martín plagió de internet.

MUNAR FUE CONDENADA A CINCO AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL

Por su parte, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma condenó el pasado 16 de julio de 2012 a quien fuera presidenta de Unió Mallorquina a cinco años y medio de prisión por los delitos de malversación continuada, prevaricación, fraude a la administración y falsedad en documento oficial, en el marco del caso Maquillaje, que investigaba un desvío de 240.000 euros públicos.

Además, le condenó a una multa de 54.000 euros por el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, así como a la inhabilitación especial para el empleo o cargo público por un periodo de dos años y medio.

Así, la Audiencia Provincial condenó a Munar a medio año menos de cárcel de lo que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción, mientras que ha mantenido la petición para Nadal.

Asimismo, condenó a dos años y siete meses de cárcel a Miquel Nadal, por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la administración y falsedad en documento oficial, así como a una multa de 36.000 euros por el delito de negociaciones prohibidas y a la inhabilitación absoluta durante cuatro años y medio.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial considera probado que a mediados de 2004, Munar y Nadal, conociendo que ese año el Govern iba a sacar a concurso licencias de televisión local digital, decidieron adquirir conjuntamente participaciones de la mercantil Video U en proporción suficiente para asegurarse, prácticamente, el control de la misma y, consecuentamente, poseer un medio de comunicación y difusión de los intereses de UM.

Actualmente, ambos están pendientes de la resolución de sendos recursos que presentaron ante el Tribunal Supremo en contra de esta resolución judicial.

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Munar dice que la Policía se ha llevado recortes de periódicos y escrituras de sus propiedades

La expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament balear, Maria Antònia Munar, ha revelado que los agentes de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía que han registrado esta tarde su casa de Costitx y de Palma “se han llevado recortes de periódicos y escrituras públicas de mis propiedades”.

En declaraciones a Europa Press, Munar ha considerado que el registro de sus dos viviendas es una actuación “normal” tras la denuncia realizada esta mañana en los Juzgados por el exconseller insular de Territorio Bartomeu Vicens, respecto a las supuestas irregularidades cometidas en la venta del solar de Can Domenge a la mitad de precio de lo estipulado.

La también expresidenta de Unió Mallorquina ha desvelado que en el registro de su vivienda de Costitx, que se ha prolongado desde las 18.30 hasta las 20.00 horas, estuvieron presentes los fiscales Anticorrupción Miguel Ángel Subirán y Ana Lamas, así como el jefe de la Policía Judicial, Antoni Cerdà.

Munar ha aseverado que “no queda más remedio” que entender que ambos registros se enmarcan en una actuació normal, tras la denuncia de Vicens, al tiempo que ha esperado que en próximas fechas, le llamen a declarar sobre este asunto, si bien desconoce si será como imputada o como testigo.

Tras indicar que ha sido la primera vez que registran sus viviendas, Munar ha señalado que la Policía Nacional también ha registrado la vivienda en Palma del exvicepresidente del Consell de Mallorca y exconseller de Turismo del Govern, Miquel Nadal.

Cabe recordar que Vicens fue condenado en 2010 a tres años de cárcel y seis meses de inhabilitación absoluta por el delito de malversación en el caso Son Oms, si bien tiene otras causas pendientes, por las que podría ser condenado a 20 años de cárcel.

El Tribunal Superior de Justicia condenó a Vicens por pagar con 12.000 euros de fondos públicos a su contable Tomás Martín al que encargó un estudio inmobiliario sobre el valor del suelo en la isla, informe que el tribunal consideró innecesario y que Martín plagió de internet.

MUNAR FUE CONDENADA A CINCO AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL

Por su parte, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma condenó el pasado 16 de julio de 2012 a quien fuera presidenta de Unió Mallorquina a cinco años y medio de prisión por los delitos de malversación continuada, prevaricación, fraude a la administración y falsedad en documento oficial, en el marco del caso Maquillaje, que investigaba un desvío de 240.000 euros públicos.

Además, le condenó a una multa de 54.000 euros por el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, así como a la inhabilitación especial para el empleo o cargo público por un periodo de dos años y medio.

Así, la Audiencia Provincial condenó a Munar a medio año menos de cárcel de lo que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción, mientras que ha mantenido la petición para Nadal.

Asimismo, condenó a dos años y siete meses de cárcel a Miquel Nadal, por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la administración y falsedad en documento oficial, así como a una multa de 36.000 euros por el delito de negociaciones prohibidas y a la inhabilitación absoluta durante cuatro años y medio.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial considera probado que a mediados de 2004, Munar y Nadal, conociendo que ese año el Govern iba a sacar a concurso licencias de televisión local digital, decidieron adquirir conjuntamente participaciones de la mercantil Video U en proporción suficiente para asegurarse, prácticamente, el control de la misma y, consecuentamente, poseer un medio de comunicación y difusión de los intereses de UM.

Actualmente, ambos están pendientes de la resolución de sendos recursos que presentaron ante el Tribunal Supremo en contra de esta resolución judicial.

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La policía busca dinero en las casas de Munar y Nadal

La Policía judicial está registrando en estos momentos la vivienda de la expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament, Maria Antònia Munar en Costitx y del exvicepresidente Miquel Nadal, en Palma, por orden de la Fiscalía Anticorrupción, en busca de dinero en efectivo en relación con el caso Can Domenge.

La policía busca el dinero que pudieran haber cobrado ambos políticos por la supuesta venta irregular del solar de Can Domenge en 2006, en la que habrían beneficiado a la empresa Sacresa, o bien datos que puedan conducir a encontrar dicho efectivo, han informado a Efe fuentes de la investigación.

La Fiscalía se ha dirigido al juzgado de guardia para solicitar la práctica de una serie de diligencias entre las que figuran los dos registros domiciliarios a raíz de la acción realizada esta mañana por la defensa de Bartomeu Vicens que ha entregado un escrito en la Audiencia de Palma, así como 160.000 euros que serían parte de un soborno. El abogado de Vicens se ha presentado con el dinero en efectivo en la Audiencia, donde se le ha informado de que debía ingresarlo en un banco.

La Audiencia de Palma ya ha fijado fecha para la celebración del juicio de Can Domenge, que comenzará el próximo 5 de junio, en el que están encausados Marìa Antònia Munar. Miquel Nadal, Bartomeu Vicens y Miquel Àngel Flaquer, Anticorrupción cree que los cuatro políticos diseñaron “un traje a medida” al crear un concurso para beneficiar a la empresa Sacresa con la venta de la finca de Can Domenge

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Nadal y Vicens vuelven a pasar por el banquillo

El exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal y el exconseller insular de Territorio Bartomeu Vicens volverán a sentarse en el banquillo de los acusados entre los próximos 18 de noviembre y 13 de diciembre en el marco de una de las piezas separadas del caso Son Oms, más en concreto la centrada en la ocultación de los ingresos presuntamente ilegales obtenidos de diversas recalificaciones a través de la empresa Metalumba.

En concreto, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha fijado el juicio para el 18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2013 y el 9,10,11,12 y 13 de diciembre. En el marco de esta causa, la Fiscalía Anticorrupción solicita en concreto para Vicens 19 años y tres meses de cárcel por las comisiones que presuntamente cobró, mientras era alto cargo del Consell, por sus gestiones en favor de las recalificaciones, sirviéndose de Metalumba como tapadera.

Junto a los dos exdirigentes de Unió Mallorquina (UM) también serán juzgados la mujer de Vicens, Antònia Martorell; la presunta testaferro de Vicens, Elisabeth Diéguez; el abogado Jaime Montis; el contable Tomás Martín y el empresario John Leaners, sobre quienes pesan presuntos delitos de cohecho, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

En el marco de esta causa, la Fiscalía postula que tanto Vicens como su mujer crearon la empresa Metalumba “con el propósito de ocultar sus ingresos ilícitos así como su verdadera riqueza”, además de evitar su correcta tributación a Hacienda. De hecho, mientras ostentaba el cargo de conseller, la acusación sostiene que recibió unos 559.000 euros directamente, a través de su esposa o por medio de Metalumba, pagos que habrían sido realizados por Jaime Montis, entonces propietario único de Gestora de Desarrollo Son Oms.

Una sociedad que intervenía en la promoción y desarrollo del polígono industrial y cuya actividad “entraba en la esfera de las competencias que tenía la Conselleria que dirigía Vicens”, tal y como relata la Fiscalía en su extenso escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press. Puesto que Metalumba carecía de actividad real, los diversos cobros que canalizó suponían “la dádiva o contraprestación que por las actuaciones que en el ejercicio de sus funciones públicas haría Vicens para favorecer los intereses de la Gestora”.

Y como fondo de todo ello, la aprobación de la modificación del Plan General Urbana de Palma, que permitió, según los investigadores posibilitar un desmesurado incremento de la posibilidad edificatoria en los polígonos industriales de la capital y, más en concreto, duplicar la de Son Oms de 380 metros cuadrados a 797.

En concreto, además de los 19 años y tres meses de cárcel para Vicens, la Fiscalía reclama 13 años y tres meses para Martorell; un año de prisión y quince de inhabilitación; once años y cuatro meses de prisión para Diéguez; cinco para Montis; once meses para Martín y otros once para Leaners.

UN CASO DIVIDIDO EN 40 TOMOS

En concreto, se trata de otra de las piezas del caso Son Oms que irá a juicio, mientras que otro de los flecos de la causa, el caso Maquillaje, tiene varias de sus subpiezas ya enjuiciadas. Sólo una de las piezas del caso Son Oms cuenta con sentencia firme, y es la referida al pago de 12.000 euros de Vicens a su contable por un informe plagiado de Internet, por la que el exconseller cumple condena en la prisión de Palma. A nivel global, el caso Son Oms acumula unos 40 tomos.

Cabe recordar que el caso fue abierto después de que un empresario y propietario de una de las fincas de Son Oms, Ángel Ochando, denunciara ante la Fiscalía que Vicens y el expresidente del Parlament, Maximilià Morales (UM) le exigieron comisiones de un 15 por ciento por la recalificación de su solar.

Tras ello, la Fiscalía Anticorrupción interpuso una querella contra Vicens y Morales, así como contra el propio Montis. El Ministerio Público investiga de esta forma si se cometieron delitos de alcance millonario como tráfico de influencias, estafas y negociaciones prohibidas mediante el cobro de comisiones por la recalificación de las parcelas de suelo rústico a urbanizable.

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Nadal niega que en UM se manejase dinero negro

El expresidente de Unió Mallorquina (UM) y exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal ha negado ante el juez que en el extinto partido se manejase dinero negro, sino que los ingresos que obtenía la formación procedían de las cuotas de afiliados, de las que se retenían del sueldo de los altos cargos y de las aportaciones que se realizaban.

Así lo ha puesto de manifiesto en su declaración como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, Miquel Florit, en el marco de la ronda de interrogatorios que entre esta semana y la próxima el magistrado está llevando a cabo a la excúpula de UM a raíz la supuesta financiación ilegal del partido y el pago de comisiones por parte de empresas contratistas de la Administración.

En el caso de Nadal, quien acumula dos sentencias condenatorias que suman un total de seis años y siete meses de cárcel, durante su comparecencia ha sido inquirido en concreto por una aportación de 50.000 euros que habría realizado el comité de Palma al partido, respecto a lo cual el exalto cargo ha asegurado no recordar este hecho y ha manifestado que, en cualquier caso, no sucedió durante su gestión como coordinador.

Mientras tanto, el encausado, al serle exhibida una factura de 2.000 euros, ha reconocido en ella su firma, recordando que el exconseller insular y también expresidente de la formación Miquel Àngel Flaquer le pidió si podía hacer el ingreso en la cuenta del partido para la celebración del veinte aniversario de UM, motivo por el que le dio la cantidad.

Según ha apuntado, ha sido ahora cuando ha sabido que se trataba de “aportaciones de gente que no quería dar su nombre” y ha manifestado que no sabe por qué “no lo ingresaba la misma administración”, como tampoco se lo preguntó a Flaquer. “No recuerdo si me dieron el dinero en metálico, ni tampoco si era en billetes de

quinientos”, ha recalcado al respecto.

Junto a Nadal también han sido interrogados esta jornada la exconsellera insular de Cultura Dolça Mulet, el exsecretario del Consorcio del Juego Hípico Nicolau Tous, y los letrados Matías Barón y Mateu Sedano, quienes también se han desvinculado de presuntas aportaciones ‘en B’ en favor del partido regionalista.

MULET NIEGA HABER APORTADO A UM DINERO ‘EN B’

Así, Mulet ha asegurado en la misma línea que nunca ha hecho aportaciones en negro al partido, mientras que Sedano, asistido por el letrado José María Alonso, ha manifestado que la única donación que realizó en favor de UM se produjo cuando ostentó un cargo en el Consell entre 1999 y 2001, periodo durante el cual realizó ingresos mensuales de 200 euros mediante transferencias desde su cuenta a la de la formación, además de pagar la cuota de afiliado.

De esta forma, el abogado ha asegurado desconocer de dónde procede un ingreso de 12.000 euros en efectivo investigado en esta causa, al aseverar que “jamás” ha llevado esta cantidad en efectivo a UM. Asimismo, ha recordado que estuvo en el comité local de Palma en el año 2000, si bien ha apuntado desconocer si éste realizó aportaciones en metálico al partido.

Según la querella que dio inicio a esta nueva causa, a la que tuvo acceso Europa Press, los exdirigentes de UM exigían comisiones, puestos de común acuerdo, a las distintas empresas que contrataban con la Administración, más en concreto de entre el 3 y el 10 por ciento del importe de los contratos adjudicados las mismas.

Así, las mercantiles investigadas se veían obligadas al pago de comisiones a cambio de las cuales obtenían garantías de que iban a ser ellas las adjudicatarias de las contrataciones. Tal y como postula el Ministerio Público, los querellados, por sí mismos o “con la influencia que tenían en las administraciones por su pertenencia a UM”, lograban favorecer a estas mercantiles con contrataciones.

Es más, también conseguían que la Administración abonase un precio superior al de mercado para que el pago de comisiones no perjudicase a los contratistas, al tiempo que idearon la gestión de los fondos que procedían de las dádivas o contraprestaciones ilegales, destinando parte de los mismos a UM.

SIMULARON FALSOS DONATIVOS Y VENTA DE LOTERÍA

Tal y como postulan los fiscales Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán, estos fondos eran ocultados tanto a Hacienda como a las autoridades competentes, mientras que impulsaron fórmulas para que el dinero aflorara y se integrase en la contabilidad “oficial” del partido mediante la simulación de aportaciones voluntarias o venta de lotería. El Ministerio Público considera indiciariamente acreditada la mecánica de falsos donativos, pagos de servicios sin facturas e ingresos a cuenta de loterías.

En concreto, sobre los imputados pesan los supuestos delitos de cohecho, malversación, fraude a la administración, prevaricación, blanqueo de capitales, delito electoral y asociación ilícita. En el caso de la expresidenta del Parlament y del Consell, Maria Antònia Munar, investigada en un total de cuatro procedimientos judiciales, pesan cinco años y medio de cárcel por el desvío de 240.000 euros a la productora que controlaba, junto a Nadal, a través de sus testaferros.

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Nadal asume su entrada en el “negocio inmobiliario” de Nova Singladura

El expresidente de UM Miquel Nadal ha confesado ante el juez que en 2005, mientras era vicepresidente del Consell de Mallorca, mantuvo dos reuniones a las que también asistió el exconseller Bartomeu Vicens, el empresario Juan Gea y otra persona que no ha recordado si fue la expresidenta de la Institución Maria Antònia Munar, a fin de gestar la compra de acciones de la inmobiliaria Nova Singladura por un precio simbólico que contrasta con los beneficios notablemente superiores que obtendrían de los negocios de esta empresa.

Durante la declaración que este martes ha prestado como imputado en el marco de una pieza separada del caso Son Oms, Nadal, recientemente condenado a cuatro años de cárcel, ha recordado que fue Juan Gea padre -ya fallecido y quien estuvo vinculado a la extinta UM- quien les invitó a comer en su casa quince días antes de la adquisición de las acciones, donde les propuso participar “en un negocio inmobiliario”, para lo cual debían poner 12.000 euros cada uno, se compraría un solar, se solicitaría una hipoteca y “se ganaría dinero”.

Tras dos encuentros con Vicens, Gea, otra persona que “seguro que no era Maximilià Morales” -expresidente del Parlament- y sin recordar si en ese momento estaba presente Munar, formalizó la escritura de compra por un precio nominal de las participaciones de 997 euros a través de su empresa Consultair, mientras que el resto que faltaba hasta alcanzar los 12.000 euros pactados era “un préstamo” en favor de Nova Singladura.

Sin embargo, el exvicepresidente insular ha llegado a señalar que cuando compró las participaciones no cobraba del Consell, ya que renunció al sueldo de la Institución para no ser “incompatible con la profesión de abogado”. De hecho, ha apuntado que durante los cuatro años de esa legislatura el declarante trabajaba para el Consell si bien “no cobraba ninguna cantidad de dicha institución”.

Fue así como, ha relatado Nadal ante el juez Pedro Barceló y el fiscal anticorrupción Juan Carrau, como entraron en el accionariado de esta mercantil las sociedades Consultair, Mozalbete -perteneciente a la exsecretaria del grupo de consellers de UM Rosario Martín- y Metalumba, ésta última creada en 2002 por Vicens mediante la cual cobró 700.000 euros procedentes del 15 por ciento de comisiones presuntamente obtenidas a raíz de la recalificación del polígono Son Oms, aprobada por el Consell en 1999.

Según ha añadido, no sabía que las empresas de Gea habían sido beneficiadas por un cambio urbanístico impulsado por el Consell, y de hecho ha apuntado que con este empresario, hombre de confianza del fundador de UM, Jeroni Albertí, “no he tenido ningún tipo de relación”.

VICENS SE HA NEGADO A DECLARAR

Precisamente, el propio Vicens, defendido por los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, ha sido esta mañana conducido a los Juzgados desde el centro penitenciario de Palma, donde cumple condena por otra pieza del caso Son Oms, si bien se ha acogido a su derecho de no declarar.

Mientras tanto, también ha comparecido ante el juez Rosario Martín, quien ha recordado que Juan Gea padre era amigo del suyo y que, después de que éste falleciese, el empresario se puso en contacto con ella para proponerle “una idea”: “fui a verlo y me dijo que para entrar en su sociedad tenía que tener ingresos y entrar con otra empresa. Tenía que comprar, para lo cual compré Mozalbete, con la que entré en Nova Singladura”.

Según ha señalado, aportó “tres mil y piso euros y después puse unos 12.000 que les pedí a mis tíos de Madrid y a una amiga”. Según ha alegado para justificar que el dinero no figura en la contabilidad de su empresa, todos ellos se lo dieron en efectivo, al tiempo que ha aseverado que la contabilidad “no la llevaba muy bien, tengo que reconocer que era bastante dejada”.

ROSARIO MARTÍN SE ENTERÓ “POSTERIORMENTE” DEL RESTO DE SOCIOS

En su declaración, Martín ha manifestado que Gea no le dijo qué socios entrarían también en Nova Singladura, sino que se enteró posteriormente. “Con este negocio he perdido mucho dinero”, ha llegado a asegurar0.

Finalmente, también ha desfilado ante el magistrado el hijo de Gea, quien ha señalado que fue decisión de su padre que entrasen como socios Mozalbete, Metalumba y Consultair, por lo que ha asegurado que no conocía a Nadal, ni a Vicens ni a Rosario Martín, como tampoco le comentó su progenitor de qué forma fueron abonadas las participaciones. Sí ha manifestado saber que se hizo una aportación inicial: dos pagos en efectivo y otro mediante un talón.

Unos datos que Gea ha averiguado tras analizar la contabilidad de Nova Singladura, de la que supo además que el dinero en metálico entró en la empresa de su padre, según ha explicado.

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La Fiscalía pide la retirada del pasaporte para Nadal a fin de evitar su fuga

El fiscal anticorrupción Juan Carrau ha solicitado la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional sin previa autorización y la comparecencia mensual en los Juzgados para el expresidente de UM y exconseller de Turismo del Govern y exvicepresidente insular Miquel Nadal, con el objetivo de evitar su fuga, teniendo en cuenta su última condena a 4 años de prisión en el marco del caso Voltor, que se suma a los 2 años y 7 meses de otra causa anterior. De este modo, finalmente, no ha reclamado para él el ingreso en prisión.

De este modo, el fiscal ha pedido que se prorroguen las medidas cautelares que ya tenía por la anterior causa en el marco del caso Maquillaje evitando así un posible riesgo de fuga, en caso de que el otro Juzgado levantara las mismas medidas que ha solicitado esta mañana la Fiscalía.

Tras conocer las peticiones de la Fiscalía, Nadal ha manifestado que las aceptaba todas, por lo que, en este momento, el juez se encuentra decidiendo si acepta o no la petición del Ministerio Fiscal.

Así lo ha puesto de manifiesto el fiscal durante la comparecencia celebrada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, donde ha reclamado la necesidad de agravar las medidas cautelares que pesan sobre el exalto cargo ‘uemita’ para que no pueda fugarse.

El fiscal ha explicado que la petición “se formula en base a una serie de motivos que se exponen en el escrito, que básicamente consiste en que en esta causa, en esta pieza separada y con este Tribunal no existe ninguna medida cautelar adoptada contra el señor Nadal, y que, si por cualquier motivo, otros jueces o tribunales dejaran sin efecto las que están acordadas, nos encontraríamos en una situación de riesgo de fuga”, ha precisado.

Así, ha agregado que existe el riesgo de fuga porque hay una sentencia con una pena “importante y grave” de prisión acordada y además ha considerado que el riesgo se incrementa “precisamente porque ya hay sentencia y porque al mismo tiempo hay otra sentencia y hay otras causas”, con lo cual, ha dicho Carrau, “se multiplica el efecto o la posibilidad de pensar que le es más rentable a esta persona sustraerse a la acción de la Justicia”.

CONDUCTA PROCESAL

Para evitar este peligro, el fiscal anticorrupción, ha afirmado que “se entienden proporcionadas” las medidas solicitadas “fundamentalmente porque hasta ahora Nadal ha cumplido todas las medidas judiciales que se le impusieron”, como cuando estuvo obligado a comparecer diariamente en el Juzgado de Instrucción 2 y al haber cumplido en “todos los llamamientos y citaciones judiciales”.

“A la vista de esta conducta procesal, y de la existencia de una fianza en la causa matriz y de otras medidas cautelares en otros juzgados de instrucciones, no se han considerado necesarias otras medidas más”, ha sentenciado.

Por su parte, el abogado de Nadal, Miquel Arbona, ha constatado que las medidas solicitadas por el fiscal “no alteran para nada la situación actual que tiene Nadal en la pieza matriz”, y ha agradecido al Ministerio fiscal que haya tenido en cuenta que su defendido “ha cumplido siempre con todos los requerimientos y todas las citaciones”.

En este sentido, Arbona ha señalado que en este mismo procedimiento Nadal compareció el pasado lunes a recoger la sentencia “cuando hay otros imputados o condenados en esta causa que todavía no la han recogido”, al tiempo que ha remarcado el “cumplimiento escrupuloso y exquisito que siempre ha tenido Nadal”.

PENAS QUE SUMAN MÁS DE SEIS AÑOS

La petición de la Fiscalía se produce después de que la pasada semana la Audiencia condenase a Nadal, en el marco del caso Voltor, a cuatro años de prisión por auspiciar la contratación fraudulenta del exalcalde de Sóller Tomás Plomer por unos servicios que no le entrañaban trabajo alguno, pero por los que cobró 13.080 euros públicos como gratificación por las labores que sí había realizado en favor de la extinta UM.

Una pena que se añade a la que ya pesaba sobre él, dentro del caso Maquillaje, de dos años y siete meses por desviar, junto a Munar, un total de 240.000 euros a la productora que ambos controlaban mediante testaferros mientras eran máximos responsables del Consell.

Nadal es, además, el exalto cargo de Baleares que se encuentra imputado en un mayor de causas de corrupción: se trata, además de Voltor y Maquillaje, de los casos Son Oms, Can Domenge e Ibatur.

De hecho, uno de los jueces que le han investigado, Juan Ignacio Lope Sola, llegó a decretar su personación diaria en dependencias judiciales para evitar su fuga, una medida que cuenta como único precedente el del caso del exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, quien tuvo que presentarse en dependencias policiales a diario en Madrid.

Junto a la anterior medida cautelar, sobre Nadal pesa además una fianza penal de 100.000 euros que le fue impuesta en el caso Voltor, centrado en un presunto desvío de fondos desde el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) a entidades y personas afines a UM durante la pasada legislatura y en el marco del cual fue arrestado en febrero de 2010, mientras ostentaba los cargos de titular de Turismo del Govern y concejal en el Consistorio palmesano.

Sin embargo, no fue su única detención puesto que en junio de 2011 volvería a ser privado de libertad dentro del caso Ibatur, cuyas pesquisas se centraban hasta entonces en otro supuesto desvío de millones de euros públicos en la última legislatura de Jaume Matas, para posteriormente extenderse a la actuación de UM.

Nadal, quien tiene asimismo retirado el pasaporte y prohibido abandonar el territorio nacional sin autorización, se enfrenta por otro lado a una petición de seis años de prisión por el caso Can Domenge, a raíz del determinante papel que jugó en el proceso de venta de estos terrenos palmesanos por parte del Consell: la operación se fraguó por treinta millones de euros cuando el precio real del solar era de sesenta.

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Vicens y Nadal imputados por sus maniobras inmobiliarias mientras eran consellers

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Pedro Barceló, ha imputado al expresidente de UM Miquel Nadal -recientemente condenado a cuatro años de cárcel- y al exconseller insular de Territorio Bartomeu Vicens en el marco de una pieza separada del caso Son Oms, centrada en las maniobras inmobiliarias que llevaron a cabo a través de diversas sociedades mientras ambos ostentaban sus respectivos cargos como consellers en el Consell de Mallorca.

Así lo han informado fuentes jurídicas a Europa Press, que han precisado que tanto Nadal como Vicens, defendido por los abogados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, han sido citados a declarar el próximo 30 de octubre, día en que también está previsto que comparezcan el empresario Juan Gea y Rosario Martín Piris, exsecretaria de la expresidenta del Parlament y del Consell Maria Antònia Munar, todos ellos en calidad de imputados.

En el marco de estas investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción hace referencia a los supuestos pagos que la sociedad Vipasima, perteneciente a la familia de empresarios Gea, imputa como realizados en 2006 por 72.848 euros a Metalumba, mercantil creada en 2002 por Vicens mediante la cual cobró 700.000 euros procedentes del 15 por ciento de comisiones obtenidas a raíz de la recalificación del polígono Son Oms, aprobada por el Consell en 1999.

Los investigadores apuntan a que, mientras estos pagos no sean justificados, podrían ser constitutivos de un delito de cohecho. Al margen de esta operación, Vipasima también llevó a cabo negocios inmobiliarios con la sociedad Ranum -Munar al revés-, concretados en la venta, por parte de Juan Gea padre, de varias oficinas situadas en la Avenida Jaime III, presuntamente por debajo de su valor en el mercado-, al empresario Miquel Munar, marido de la histórica dirigente de UM.

Una venta que, según justificó su hijo ante el juez, la efectuó puesto que tras adquirir estas dependencias “se dio cuenta de que había comprado un marrón y decidió venderlas lo antes posible”. En concreto, la operación, centrada en los tres inmuebles de Jaime III y una finca de Marratxí, fue realizada por la entidad inversora Idueña, propiedad de Gea y accionista de la sociedad Nova Singladura.

Precisamente, sobre estas operaciones inmobiliarias el propio Miquel Munar defendió que estas oficinas tenían precio de mercado y no se hizo tasación, añadiendo que el coste “lo puso Gea”. “Juan Gea padre me dijo que tenía prisa por vender porque necesitaba dinero en efectivo para invertir en otros negocios de construcción”, aseveró.

En el caso de las oficinas de la avenida palmesana, Gea explicó que su padre pretendía alquilarlas aunque finalmente las compró por 300.000 euros. Sin embargo, posteriormente comprobó que estas dependencias “tenían muchas deficiencias, una altura del techo no legal, la instalación eléctrica obsoleta y sin acceso a minusválidos”, tras lo cual fueron vendidas a Munar con la subrogación de la hipoteca y un talón de 17.000 euros, al tiempo que por la nave de Marratxí Ranum asumió una hipoteca de 1,3 millones de euros, 6.000 euros y otro talón de 17.000.

MUNAR SEÑALA QUE A GEA LE INTERESABA TENER DINERO EN EFECTIVO

Mientras tanto, Munar apuntó que antes de comprar las fincas investigadas el promotor le dijo que no le interesaba tener inmuebles en alquiler sino dinero en efectivo para invertirlo en construcción, por lo que la compra de las oficinas de Jaime III se llevó a cabo por 365.000 euros y la de la finca de Marratxí por 1,3 millones tras la subrogación de las respectivas hipotecas, además de añadir dos talones por valor de 40.000 euros que “pertenecían a la cuenta de Ranum”.

Asimismo, explicó que antes de estas compras Ranum había comprado dos inmuebles, uno en Marratxí y otro en el Polígono Son Castelló, que “siguen siendo de Ranum” y por los que pagó en efectivo “por mucho menos de 500.000 euros”, de una cuenta corriente de aportaciones de capital propio. Por último, señaló que también pagó “30 ó 40 millones de pesetas” sin hipoteca por otro inmueble y un quinto a uno de los jefes de informática de una entidad bancaria.

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La Fiscalía solicitará prisión preventiva para Miquel Nadal

La Fiscalía ha solicitado la comparecencia del uemita ex conseller de Turisme, Miquel Nadal para aplicar las medidas cautelares establecidas en el artículo 505.2 de la Ley de enjuiciamiento criminal.

Unas de las medidas que podrían ser solicitadas es la prisión provisional preventiva.

La comparecencia de Nadal deberá celebrarse en el plazo más breve posible dentro de las 72 horas siguientes a la solicitud del Fiscal Carrau. Esta petición se produce después de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma haya condenado al exconseller de Turismo del Govern balear a cuatro años de prisión por el delito de malversación de caudales públicos por auspiciar la contratación fraudulenta del exalcalde de Sóller Tomás Plomer por unos servicios que no le entrañaban trabajo alguno, pero por los que cobró 13.080 euros públicos como gratificación por las labores que sí había realizado en favor de la extinta Unió Mallorquina (UM).

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