jueves. 28.03.2024

El Juzgado de lo Social número 1 de Palma ha confirmado la contratación irregular de 200 empleados en la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya), lo que supone el incumplimiento del acuerdo suscrito en 2006 en el que se fijan las fórmulas para llevar a cabo las contrataciones, por lo que reclamó una Ley de Empresas Públicas que establezca requisitos para acceder a la administración y evite nuevos casos como éste.

El secretario general de FSP-UGT en las islas, Aurelio Martínez, lamentó que "se haya dejado de lado" el acuerdo alcanzado en el Tribunal de Arbitraje y Mediación hace tres años, en el que se fijaba la transformación en indefinidos de los contratos de aquellos trabajadores que no acrediten 365 días de contratación -a razón de 42 al año desde 2007 hasta 2010- y que afecta a 93 personas.

Tal y como opinó, Emaya "aprovechó estos contratos para favorecer a determinadas personas ideológicamente afines e incumplir acuerdos sindicales, además de intentar vulnerar los derechos de los trabajadores", de modo que instó a la empresa a "rectificar y reeditar" el acuerdo suscrito en 2006. "Se ha estado usando el dinero público para favorecer a unas personas sobre otras", prosiguió Martínez.

En este contexto, apuntó a la presidenta de Emaya, Cristina Cerdó, como la "responsable" de esta situación, al tiempo que consideró que realizar estos tipo de contrato supone "corromper a la sociedad", mientras que la sentencia del Juzgado "demuestra que no hay ningún control sobre las empresas públicas y el Ayuntamiento debe ser consciente de que no vuelva a ocurrir mediante un control férreo".

La resolución judicial, del pasado 15 de abril, recuerda que el acuerdo de 2006 se establecen tres regímenes de trabajadores temporales, los dos primeros de los cuales están formados por aquellos que hayan cotizado 365 ó más días, mientras que el tercero lo integran los empleados que no acreditan esta cantidad de tiempo, que se integrarían en una bolsa de trabajo a fin de ser llamados para cubrir plazas eventuales.

Cristina Cerdó contrató de manera irregular a 200 empleados en Emaya