El pleno del Parlament validó hoy, con la abstención del PP, el decreto ley de medidas ambientales para impulsar la actividad económica en Baleares; una medida que va dirigida a agilizar los trámites de una treintena de proyectos al año en materia sanitaria, educativa y deportiva, a fin de hacer frente a la actual situación de crisis, y reduciendo plazos a fin de fomentar las inversiones. Asimismo, a propuesta del PP, ha aprobado por asentimiento que la medida se tramite como Proyecto de Ley a fin de que puedan introducirse enmiendas.
El conseller de Medio Ambiente, Miquel Àngel Grimalt, apeló a la "urgencia de hacer frente a la actual situación económica" y puntualizó que, sin descuidar "en absoluto" las garantías ambientales de los proyectos públicos y privados que se pongan en marcha, su departamento tiene como objetivo establecer un conjunto de medidas urgentes que agilicen las tramitaciones y reduzcan plazos con la finalidad de impulsar las inversiones y las actividades económicas.
El decreto, permitirá que proyectos de interés público sometidos a evaluaciones ambientales como depuradoras, infraestructuras de abastecimiento de agua, centros docentes, instalaciones polideportivas, redes eléctricas y, por ejemplo, las carreteras incluidas en los convenios insulares con el Gobierno central verán reducido su plazo de tramitación ambiental en mitad del tiempo habitual hasta ahora.
Esta reducción en los plazos supondrá un impacto económico "favorable" con inversiones adelantadas y creación de puestos de trabajo en un tiempo más corto que el previsto inicialmente, tal y como recalcó Grimalt, quien ya puntualizó cuando fue aprobado el decreto en Consell de Govern, que la duración en la aplicación del decreto será indefinida ya que "en tiempos de dificultad económica es bueno simplificar trámites, pero también lo será en épocas de bonanza".
Cabe recordar que sobre las evaluaciones de impacto ambiental y las evaluaciones ambientales estratégicas, el decreto permite reducir los plazos en los trámites de la Conselleria y establece plazos a otras Administraciones y promotores, además de simplificar los procedimientos. Los equipamientos sanitarios y docentes no previstos en el planeamiento urbanístico que no ocupen más de 2.700 metros cuadrados de parcela y los equipamientos deportivos que no ocupen más de 1.700 metros cuadrados no estarán sujetos a evaluación de impacto ambiental, según especificó.
Además, las modificaciones restrictivas de planeamientos urbanísticos y ambientales no estarán sometidas a tramitación ambiental, al igual que tampoco estarán sometidos los catálogos de patrimonio histórico, los planes de ordenación de los recursos naturales ni los planes rectores de usos y gestión, siempre que supongan un mayor grado de protección patrimonial y ambiental. Mientras, las empresas gestoras de residuos que hayan finalizado su periodo de autorización podrán continuar con su actividad mientras se resuelve su solicitud de renovación.
"UN PASO ATRÁS"
Por su parte, como no podía ser de otra manera, desde el PP Catalina Soler manifestó la necesidad de garantizar que el recorte de trámites no actúen en detrimento de las normativas medioambientales, al tiempo que recriminó que esta medida "es un paso atrás".
