La ley antipiratera de Sarkozy pierde fuerza

El Consejo constitucional frances censur este mircoles la parte ms polmica de la ley antipiratera impulsada por el presidente Nicolas Sarkozy que sanciona con la desconexin las descargas ilegales en la red. El organismo alega que el acceso a Internet es un derecho fundamental y retira el poder de sancin a la Alta autoridad para la proteccin de las obras en Internet (Hadopi).

En la decisin emitida este mircoles por el Constitucional despus de que el Partido Socialistas solicitara su opinin el pasado 19 de mayo, se reprueba la llamada “respuesta gradual” prevista en el texto legislativo, es decir los avisos al infractor y la consiguiente desconexin de la red, al considerar que tienen varios elementos contrarios a la Constitucin.

En primer lugar, los expertos del Constitucional estiman que la libertad de comunicacin y de expresin enunciada en la Declaracin de Derechos Humanos de 1789 implica hoy la libertad de acceder a los servicios de comunicacin al gran pblico ‘on line’, a la vista del desarrollo generalizado de Internet y de su importancia para participar en la vida democrtica y en la expresin de ideas y opiniones.

“El papel de la Alta autoridad es advertir al internauta que ha sido detectado pero no sancionarlo”, advierte. Asimismo deja claro que esta labor, si tiene que ser llevada a cabo por alguien, corresponde efectuarla a un juez. Es exactamente la visin del Parlamento Europeo que el Gobierno francs reiter que no tendra ninguna consecuencia en la legislacin domstica.

El segundo de los aspectos criticados por el Constitucional es la “presuncin de culpabilidad” o la inversin de la carga de la prueba que instaura la ley, dado que la Hadopi prev que sea el internauta supuestamente pillado en flagrante delito quien demuestre que no era l quien estaba cometiendo la ilegalidad.

En definitiva, el Constitucional tumba el ncleo duro de la ley antes incluso de su entrada en vigor y adopta una decisin histrica al elevar a derecho fundamental la libertad de acceso a Internet.

La ministra de Cultura, Christine Albanel, ha anunciado ya que completar la ley, aprobada el pasado 13 de mayo tras un rocambolesco proceso parlamentario, para que sea un juez quien ejecute el ltimo tramo de la respuesta gradual.

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