El Consell advierte que las obras de Sacresa están "fuera del marco jurídico correcto" pero que es el juez quien las puede paralizar

El vicepresidente del Consell de Mallorca y conseller de Hacienda e Innovación, Antoni Alemany, advirtió hoy de que las obras iniciadas por Sacresa en los terrenos de Can Domenge están “fuera del marco jurídicamente correcto”, por lo que aseveró que será el juez quien “emita la última palabra” en torno a la paralización de los trabajos.

Así lo manifestó en la rueda de prensa de presentación del servicio de wi-fi en todos los espacios públicos del Consell, donde recordó que fue el pasado mes de enero cuando la institución aprobó un decreto de rescisión del contrato de venta de este solar a las empresas Sacresa y Ferratur, ante el incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra. Este decreto fue ratificado posteriormente por el pleno del Consell con el apoyo de todos los partidos políticos.

“Cuando se anula un contrato significa que se paralizan todos sus efectos”, insistió el conseller, quien manifestó que los asesores jurídicos del organismo supramunicipal y “nosotros mismos no entendemos muy bien cuál es la estrategia de la empresa”. “Evidentemente, el asunto está en los tribunales y será el juez quien diga la última palabra”, insistió al respecto.

Así, señaló que el Consell ha elaborado un escrito en el que comunican a Sacresa que “no se pueden hacer obras”, aunque reconoció que “no podemos hacer más porque no tenemos autoridad para paralizarlas”. No obstante, advirtió de que “desde nuestro marco jurídico no las pueden hacer y que todo lo que lleven a cabo irá en contra de nuestro deseo”.

RESOLUCIÓN DEL CONCURSO

En concreto, el Consell decidió resolver el concurso una vez evaluados los informes encargados a los juristas Bartomeu Colom y Miquel Coca, y con la rescisión también se informó de la ejecución del aval y de la exigencia a la empresa de reintegrar a la Institución la propiedad de Can Domenge, libre de cualquier carga o gravamen.

También se firmó un decreto por el cual, en el supuesto de que la empresa devolviera el bien voluntariamente, se aseguraba la habilitación de un crédito extraordinario para garantizar el dinero que debía devolverse a la empresa. Una vez la empresa recibió la notificación de la resolución del contrato interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), aunque por el momento el juzgado no se ha pronunciado.

Deja un comentario / Mallorca Confidencial no se hace responsable de los comentarios vertidos en su web.