El ex presidente del Govern, Jaume Matas, negó hoy que durante la pasada legislatura conociese la empresa de comunicación Nimbus, por lo que aseguró desconocer si a través de esta empresa, que presuntamente recibió contratos irregulares de organismos públicos, se produjo una financiación irregular del PP, tal y como apuntan las investigaciones del caso Palma Arena.
Así lo puso de manifiesto, según señalaron fuentes jurídicas a Europa Press, durante un extenso interrogatorio que se prolongó a lo largo de la jornada durante más de seis horas, y que se reanudará mañana de nuevo a las 9.00 horas. En concreto, el sumario investiga un presunto delito electoral en relación a los servicios prestados por Nimbus al PP, a fin de averiguar si varios organismos públicos del Ejecutivo autonómico adjudicaron sin concurso público diversos contratos a Nimbus, que organizó parte de la campaña electoral de la formación de cara a las elecciones de 2007, y si esta empresa emitió facturas falsas con sobrecostes sin justificar, cobrando a cambio a 'precio coste' la organización de la campaña electoral de los 'populares'.
Por otro lado, Matas manifestó además que el ex director general de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester, al que atribuyó la responsabilidad en torno a las decisiones que se adoptaron en el marco de las reuniones de la Fundació Illesport -a través de la cual el Govern participaba económicamente en el consorcio creado para la construcción del velódromo-, fue nombrado en este órgano a propuesta suya así como de la ex consellera de Presidencia y Deportes, Rosa Puig.
Tal y como manifestó al respecto, se decantaron por el medallista olímpico -imputado en la causa- por tratarse de una persona "muy competente" en la materia. Así, entre las propuestas que atribuyó al medallista olímpico fue la contratación del arquitecto inicial de la infraestructura, Ralph Schürmann, quien posteriormente fue sustituido por los hermanos Luis y Jaime García-Ruiz y que, según las investigaciones, percibieron por ello unos honorarios de unos nueve millones de euros.
CONTRATACIÓN 'A DEDO' DE LOS GARCÍA-RUÍZ
Sin embargo, sobre ambos arquitectos afirmó que los conocía "como conocía a muchas personas" pero en ningún momento hizo referencia a que fuesen contratados 'a dedo', cuestión que presumiblemente será abordada mañana, cuando finalice el interrogatorio en torno al presunto sobrecoste del Palma Arena.
En su comparecencia ante el juez, en la que se mostró "seguro" ante el magistrado a juicio de algunos letrados personados, justificó que delegó en 'Pepote' Ballester la responsabilidad en la gestión de las obras debido a que como presidente debía acudir a numerosos actos y eventos, lo que le restaba tiempo para dedicarse a los trabajos relacionados con la ejecución de la considerada infraestructura estrella del PP durante la pasada legislatura.
Sin embargo, en relación a los encuentros de la Fundació, el imputado se mostró "más ambiguo", tal y como recalcaron las mismas fuentes. Al respecto, reconoció su firma en una veintena de las actas que le exhibió el juez, relativas a las reuniones que celebró la Fundació, pese a que negó haber asistido a las juntas de esta entidad a excepción de la primera, en la que se constituyó este órgano.
Al ser preguntado sobre el motivo por el que fueron falsificadas las actas al estar presente su rúbrica pese a que no estuvo presente en ellas, el ex ministro aseguró desconocer la causa y se limitó a mostrarse ante el magistrado "muy interesado" por el esclarecimiento de este hecho.
PALMA ARENA
Matas, se desvinculó de todas las actuaciones administrativas en la construcción del velódromo del Palma Arena, que presuntamente derivaron en el desvío de más de 50 millones de euros, si bien asumió "con todas las consecuencias" su decisión política de llevar a cabo este proyecto que, según recordó, "fue refrendado por el Consell de Govern".
A preguntas del juez José Castro sobre su supuesta responsabilidad en el desfase presupuestario del proyecto, Matas insistió en que él "no tuvo ninguna intervención" en las actuaciones administrativas y apuntó que se fiaba de los "controles" de los servicios jurídicos del Ejecutivo balear, que eran los encargados de "fiscalizar y garantizar la legalidad" de la gestión en la construcción de esta infraestructura.
De este modo, Matas afirmó que "dio por supuesto" que aquellos que se encargaron de la gestión administrativa en la construcción del Palma Arena, en referencia al Consorcio que se creó para llevar a cabo este proyecto, conformado por el Govern, el Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca "actuaron con conformidad a la Ley".
Durante el interrogatorio, el ex presidente del Ejecutivo autonómico recalcó que él sólo asume la "decisión política" de construir esta infraestructura deportiva y, como prueba de ello, resaltó que el acuerdo fue aprobado por el Consell de Govern, porque era un "tema de gran interés" para la Comunidad Autónoma.
A lo largo del día de mañana, está previsto que, a partir de las 09.00 horas, el juez y los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau continúen interrogando a Matas sobre las supuestas irregularidades cometidas en la construcción del velódromo del Palma Arena y, posteriormente, comenzarán a preguntarle sobre la adquisición, las obras de reforma y el equipamiento de su vivienda en Palma, conocida como Palacete, donde también se podría haber cometido algún tipo de irregularidad, ya que parte de estos trabajos se podrían haber pagado con dinero negro.
NO RESPONDE A PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS GRABACIONES
A lo largo de su declaración, Matas se negó a responder a todas las preguntas referidas a las conversaciones telefónicas que le fueron grabadas por orden judicial, algunas de las cuales afectaban a charlas privadas con su abogado, Rafael Perera, para diseñar su defensa, respecto a su imputación en el caso Palma Arena.
Así, Perera ya ha anunciado que presentará un recurso contra la utilización de estas conversaciones entre él y sus clientes, el ex presidente, Jaume Matas, su mujer, Maite Areal, y su cuñado, Fernando Areal-, al considerar que la incorporación de las mismas a la pieza secreta supone una "grave" conculcación del derecho a la defensa.
En este sentido, el letrado exigirá la nulidad de estas actuaciones y que, por tanto, se expulsen de la investigación, debido a que "interfieren" la labor de la defensa, teniendo en cuenta que la única manera que Perera tenía para estar en contacto con sus clientes era a través del teléfono o el correo electrónico.
