El Ayuntamiento de Palma se convertirá el próximo mes de mayo en el primero de España en demandar a varias compañías de telefonía móvil ante el Juzgado Civil, concretamente, a Movistar, Vodafone, Euskaltel, Yoigo, Racc Móvil y Más Móvil por sus "cláusulas abusivas y, por tanto, nulas de pleno derecho" al "vulnerar los derechos de los consumidores" y a las que se podrían sumar también Orange y Carrefour Móvil.
Así lo confirmó en una rueda de prensa la regidora de Consumo, Joana Maria Borràs, quien explicó que a comienzos de este mes, el Instituto Municipal de Protección del Consumidor remitió una carta a las citadas compañías, así como a Pepephone y Simyo instándoles a que retirasen las cláusulas de permanencia; la imposición de plazos de preaviso para la extinción del contrato y la falta de información sobre los datos del operador.
Asimismo, se les exigió que pusiesen fin a su facultad de inclusión de los clientes en ficheros de 'solvencia patrimonial' o 'morosos'; la caducidad de las tarjetas prepago y la pérdida del saldo de las mismas, mientras que también se les solicitó que depositaran los contratos en el Registro General Mercantil, teniendo en cuenta que sólo Orange lo hace.
Borràs detalló que el Consistorio dio un plazo de diez días a las diez compañías para que contestaran a estos requerimientos, tal como han hecho todas ellas, a excepción de Movistar y Euskaltel, razón por la cual, el Consistorio ya ha decidido denunciar directamente a ambas ante los tribunales ante su falta de respuesta.
Respecto al resto, el gerente del Instituto Municipal de Protección del Consumidor, Xabier Pascuet, detalló que sólo Pepephone y Simyo se han comprometido a eliminar y subsanar el 95 por ciento de las cláusulas "abusivas", mientras que el 5 por ciento restante será discutido con el Ayuntamiento, a través de reuniones bilaterales.
Así, subrayó que, de momento, éstas serán las únicas compañías contra las que el Consistorio no interpondrá ninguna denuncia ante los tribunales, al igual que podría suceder con Orange y Carrefour Móvil, en caso de que éstas se comprometan antes del mes de mayo a retirar sus cláusulas "abusivas", teniendo en cuenta que han solicitado un poco más de tiempo para responder a los requerimientos de la institución municipal y realizar, en su caso, las modificaciones oportunas.
DEFIENDEN LA VALIDEZ DE LAS CLÁUSULAS
Por su parte, Pascuet detalló que el Consistorio ha decidido llevar a los tribunales a Yoigo y RACC Móvil por "justificar la validez de las cláusulas abusivas" en la respuesta que estas compañías telefónicas dieron a la carta remitida por el citado Instituto Municipal.
Asimismo, se demandará a Vodafone y a Más Móvil, ya que, a pesar de que señalan que en los últimos años han retirado algunas de las cláusulas abusivas, por el contrario, defienden la validez de otras.
Concretamente, estas cuatro operadoras defienden la imposición de plazos de preaviso para la extinción del contrato; la falta de información sobre los datos de contrato y las infracciones en materia de comunicaciones entre las partes; la caducidad de las tarjetas prepago y la pérdida de los saldos de las mismas; y la facultad de inclusión de clientes en ficheros de 'solvencia patrimonial' o 'morosos'.
Respecto a las cláusulas de permanencia, Pascuet apuntó que las compañías defienden su continuidad, aunque con "matices", de manera que muestran su disposición a informar de manera más transparente sobre las mismas a sus clientes, con el fin de que estos conozcan perfectamente en qué consisten y qué les cuesta incumplir el contrato con la operadora.
El gerente explicó que las denuncias ante los tribunales se fundamenta en que los contratos de la mayoría de compañías de teléfono móvil no se ajustan a la legalidad vigente, como la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Baleares.
Asimismo, la demanda también se fundamentará en el Real Decreto
que aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universla y la protección de los usuarios; el Real Decreto que aprueba la Carta de los Derechos del Usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas y el Real Decreto que aprueba la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
A la demanda pionera en España se sumarán diferentes organizaciones de consumidores, como Ausbanc, la Federación Palmesana de Asociaciones y Entidades Ciudadanas de Palma (FEPAE) y la Asociación de Consumidores de las Islas Baleares (Acuib), entre otras.
Pascuet detalló que estas denuncias se interpondrán, después de que el Instituto Municipal de Protección del Consumidor haya estado fiscalizando las condiciones generales que las compañías de telefonía móvil tenían en vigor en el mes de octubre de 2009.
SUMAR A OTROS MUNICIPIOS
Por otro lado, reveló que está manteniendo contactos con otros Ayuntamientos, como el de Barcelona, con el objetivo de que se sumen a estas demandas contra las citadas operadoras, que los tribunales civiles tardarán en resolver en un plazo de entre un año y medio o dos, si bien la sentencia judicial afectará a todos los usuarios de estas compañías en España.
"No queremos interponer demandas porque sí, sino que queremos llegar a acuerdos para que los contratos de las compañías cumplan con la legalidad, por lo que en el momento en el que eliminen las cláusulas abusivas, el Consistorio retirará su denuncia ante los tribunales", subrayó Pascuet.
Finalmente, la regidora de Consumo anunció que el Consistorio tiene previsto firmar un protocolo, denominado 'Palma Calidad de Consumo' con aquellas operadoras que se hayan comprometido a eliminar o reformar sus cláusulas, con el fin de hacer un seguimiento de estos cambios y comprobar que las modificaciones anunciadas por las compañías "no se quedan sólo en unas manifestaciones".
