El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha aumentado de tres a seis meses de prisión la condena que impuso el Juzgado de lo Penal número 1 contra el ex gerente del Hospital de Manacor, Carles Ricci, y el ex responsable de mantenimiento del centro sanitario, Antonio Perelló, como autores de un delito doloso contra los derechos de los trabajadores.
La sentencia, que ya es firme y fue dada a conocer hoy por la Audiencia, estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el fiscal Miguel Ángel Anadón contra la resolución del 26 de marzo de 2009, e impone además a Ricci la inhabilitación especial para la gerencia o dirección de hospitales durante el tiempo de la condena, y a Perelló le priva para la jefatura de mantenimiento de hospitales en el mismo periodo.
Mientras tanto, la resolución condena a Ricci a pagar una multa diaria de 30 euros durante seis meses y de 20 euros para Perelló. Por el contrario, el tribunal ha desestimado el recurso de apelación que interpuso la defensa de Ricci y Perelló, ejercida por el abogado Rafael Perera, y en el que aseveró que los hechos no fueron valorados "como se debía" y en la conducta mostrada por ambos reos "no hubo ningún tipo de imprudencia", tal y como apuntó en declaraciones a Europa Press.
Los hechos se remontan al año 1998, cuando en el hospital de Manacor se produjo una fuga de óxido de etileno en la cámara de esterilización del centro, y como consecuencia de este accidente Inspección de Trabajo cerró la sala en febrero de 2000. El Juzgado consideraba probados los riesgos a los que estuvieron expuestos los trabajadores del hospital durante los dos años por el mal funcionamiento de la cámara.
Cabe recordar que tanto el fiscal como el letrado de la acusación particular, Jaime Campaner, en representación de UGT, mantuvieron a lo largo del juicio que la actuación de los dos inculpados se debió a la "desidia" de ambos a la hora de acabar con las fugas del aparato defectuoso, al anteponer criterios económicos "a la salvaguarda de los trabajadores". Por el contrario, Perera defendió que nunca existió un riesgo real para los empleados del centro hospitalario.
Sin embargo, la pena que le impuso el juez contrasta con la que solicitó el sindicato, que reclamó año y medio de cárcel y una multa de diez meses e inhabilitación durante el tiempo de duración de la condena.
