jueves. 28.03.2024

La eurodiputada del PP y ex vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs, la ex consellera de Obras Públicas, Mabel Cabrer, y el ex secretario técnico en el Consell, Miquel Ramis, están citados a declarar hoy ante el juez que instruye la presunta trama de corrupción urdida la pasada legislatura en torno al Plan Territorial de Mallorca y que podría haber generado 'pelotazos' por valor de unos 300 millones de euros.

   Todos ellos serán interrogados en calidad de testigos por el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Miquel Florit, a fin de aclarar la supuesta intervención que tuvieron durante la redacción del PTM, norma urbanística que salió adelante en la pasada legislatura, concretamente en 2004, con los votos favorables de PP y UM y en contra de la oposición por no estar de acuerdo con la figura de las ART contempladas en el Plan.

   Precisamente, Estarás y Cabrer ya negaron en mayo de 2008 haber participado en reuniones en la que se hubieran decidido aspectos relevantes del PTM, después de que el testigo de cargo Josep Antoni Giménez las involucrase en un encuentro celebrado en 2003 para abordar aspectos relativos a las ART. A raíz de estas acusaciones, la entonces presidenta del PP balear se querelló contra el testigo mientras que el juez, paralelamente, instó a Estaràs y Cabrer, mediante una providencia, a dejar de "intimidar" a testigos e imputados en la causa.  

   Al mismo tiempo, el portavoz del PP en el Consell de Mallorca y ex conseller de Medio Ambiente del Govern, Jaume Font, reconoció ante el magistrado que se produjeron reuniones entre PP y UM previas a la aprobación de la norma urbanística, en diciembre de 2004, en una de las cuales estuvo presente Estaràs. Sin embargo, el imputado no supo precisar si tuvieron lugar "uno o dos" encuentros de seguimiento por parte del pacto de gobernabilidad entre ambos partidos, donde se habrían llevado a cabo negociaciones decisivas previas a la aprobación del PTM.

   El procedimiento judicial se inició a raíz de la querella que interpuso la Fiscalía anticorrupción en la que involucra al ex portavoz de UM en el Parlament y ex conseller insular de Ordenación del Territorio, Bartomeu Vicens, al portavoz del PP en el Consell, Jaume Font, al promotor y propietario del grupo inmobiliario Ibercon, Mateu Sastre, al hermano de éste, Cristòfol Sastre, y al dueño del Grupo Drac y ex presidente del RCD Mallorca, Vicenç Grande.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS, INFORMACIÓN PRIVILEGIADA Y PREVARICACIÓN

   En ella, el Ministerio Público observa indicios incriminatorios en la compraventa de solares en las ART- como son las de Marratxí, Campos, Sóller, Pollença y Alcúdia- que, con la aprobación del Plan Territorial, permitían acometer recalificaciones de determinados terrenos bajo el pretexto de preservar en otros enclaves de Mallorca parajes interesantes desde el punto de vista medioambiental o zonas degradadas que debían ser rehabilitadas.

   Es por ello que el juez investiga si pudieron cometerse varios delitos -tráfico de influencias, información privilegiada y prevaricación- por parte del anterior equipo de gobierno del Consell, dirigido por UM con el apoyo del PP, mediante la filtración de información privilegiada para beneficiar a importantes promotores de la isla mediante la recalificación de terrenos de su propiedad previamente acordados en las reuniones previas que habrían mantenido PP y UM.

   En concreto, la acusación pública valora, en base a un informe pericial, en más de 297 millones de euros las plusvalías que se generaron en estos terrenos, unos hechos por los que el Grupo Balear de Ornitología (GOB) interpuso una denuncia que fue posteriormente ampliada por la Fiscalía.

Caso PTM: declaran Estarás, Cabrer y Ramis