jueves. 28.03.2024

La investigación sobre la adjudicación del parque de Bomberos de Palma y la sede de la Conselleria de Salud y Consumo han llevado a denominar Bonsai (por separado, Bomberos-Salud-Islas) la nueva operación abierta hoy por la Fiscalía Anticorrupción, que investiga el presunto desvío de caudales públicos a través de esta compañía, según explicaron fuentes policiales a Europa Press.

El caso fue destapado esta tarde con el registro del despacho que posee en el Pasatge Guillem de Torrella el que fuera director general de Tributos en la pasada legislatura del Govern de Jaume Matas, Jorge Sainz de Baranda, quien fue detenido hoy por agentes de la Policía Nacional a raíz de su supuesta implicación en esta operación. Está previsto que tanto Sainz de Baranda como el otro de los arrestados, el ex director gerente de CAIB Patrimoni, Jaume Vidal, pasen esta noche en los calabozos de la Jefatura Superior.

Mientras tanto, los registros continúan, en este caso en la sede de la constructora Llabrés Feliu, en el Polígono Son Fuster, que se prevé que finalice más allá de la medianoche. Los efectivos policiales desplazados a los diferentes lugares allanados, entre ellos empresas de obras y bufetes, se han incautado de numerosa documentación que han ido trasladando en cajas a las dependencias de la Policía Nacional a lo largo de esta noche.

Las investigaciones van dirigidas a averiguar si los fondos públicos fueron desviados a empresas particulares a través de CAIB Patrimoni durante el proceso de construcción de la nueva sede de la Conselleria de Salud y del parque de bomberos de Palma. Así, se indaga en este procedimiento la presunta comisión de los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

Se da la circunstancia además de que Sainz de Baranda es adjunto a la presidencia del PP balear dentro de la dirección de José Ramón Bauzá. Cabe recordar, además, que el detenido fue nombrado en un auto judicial, emitido en julio de 2008 por el juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, administrador del concurso de acreedores del Grupo Drac, presidido por Vicenç Grande, quien acumuló un pasivo de 600 millones de euros, a consecuencia de los efectos de la crisis inmobiliaria que afecta al mercado.

Así, Sainz de Baranda se encarga desde entonces de esta labor junto al economista Salvador Fornés y Raimundo Zaforteza Fortuny, después de que el Juzgado de lo mercantil número 1 de Palma declarase el concurso de acreedores del Grupo Drac, tras la decisión del grupo empresarial liderado por Grande de presentar dicho concurso en el juzgado de forma voluntaria el 16 de junio de 2008.

La Operación Bonsai investiga si fondos públicos fueron desviados a empresas...