jueves. 28.03.2024

Pedro Maximiliano Orfila, ex presidente de la Fundación Coint, una de las empresas investigadas en el marco del caso Voltor por recibir subvenciones presuntamente irregulares del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), prestó hoy declaración como imputado ante la jueza que instruye el procedimiento, Mari Carmen Abrines, y durante el interrogatorio se desmarcó de cualquier tipo de irregularidad relacionada con la concesión de estas aportaciones públicas.

   En su comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, el fiscal Miguel Ángel Subirán y varios de los abogados personados en la causa, Orfila, asistido por Llorenç Salvà, negónvenio suscrito en 2007 con el Inestur por el que la Fundació percibió dos subvenciones del organismo público por valor de 70.000 euros cada una para un proyecto europeo de desarrollo del turismo náutico -Nautismed-, pese a que según el Ministerio Público parte de estos fondos y el de otros proyectos pudieron utilizarse en beneficio de los patronos de la Fundación.

   Y en esta misma línea defendió la legalidad de las actuaciones a las que entonces dio su visto bueno como máximo responsable de la entidad, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press. Del mismo modo fue como se desvincularon de este presunto desvío de fondos públicos la actual presidenta de la Fundación, Betina Giner, y la otra imputada vinculada a este órgano que hoy prestó declaración ante la magistrada, Eva Martínez.

   Así, Giner, defendida por José Ignacio Herrero, explicó que cuando se gestaron estas subvenciones que se encuentran bajo la lupa judicial, no tenía ningún control sobre la aprobación de los proyectos que debían ser sufragados con dinero público, sino que únicamente asistía a las juntas en las que se abordaba estas cuestiones. Unas reuniones que, aseveró, no se llevaban a cabo de manera "formal" y en las que la mayoría de los asuntos acababan aprobándose por unanimidad.  

   Acerca de las subvenciones presuntamente ilegales que percibió Coint ya declaró ante la jueza la vicepresidenta de la Fundación y responsable de proyectos del Centre Balears Europa (CBE), María Dolores Ordóñez, quien entregó diversos informes con los que probar que los trabajos para los que se aprobó la partida de 140.000 euros fueron realizados, y aseveró además que si no hubiera sido así, el dinero no habría sido concedido por parte del Inestur.

   En este sentido, defendió que el sistema de controles era muy riguroso por lo que habría sido "complicado" no llevar a cabo la labor para la que fueron acordados las dos aportaciones de 140.000 euros desde el organismo dependiente de la Conselleria de Turismo.

El ex presidente de la Fundación Coint se desvincula de las subvenciones irregulares en...