La Federación de Servicios Públicos de la UGT ha criticado que la Ley del Sector Público es "una ley escaparate que permitirá seguir malgastando fondos públicos", además de "facilitar los despidos en el sector público de la CAIB y vulnerar los derechos de los trabajadores".
La FSP-UGT ha informado de que el pasado mes de junio planteó alegaciones a la citada Ley, "a raíz de la falta de información previa de la Administración" que incluían una batería de propuestas, centradas en la negociación previa de un marco normativo común en las relaciones laborales del sector público, sistema de concurso-oposición, adscripción de trabajadores a la condición de personal laboral de la CAIB en caso de extinción de empresas públicas, limitación de contratos precarios o la homologación salarial en todas las empresas públicas.
En opinión del sindicato, este texto legal "no resuelve los problemas del personal al servicio de las empresas del sector público. En este sentido, ha indicado que la disposición adicional 1ª "legitima los expedientes de regulación de empleo, así como los despidos por causas objetivas".
Además, ha apuntado que "se mandata la reducción y simplificación del sector público, sin establecer parámetros objetivos" y "se facilita, por tanto, la privatización de los servicios". En este sentido, ha apostillado que "el movimiento privatizador ya se observa en el uso de encomiendas de gestión y en el incremento de asistencias técnicas".
Asimismo, ha considerado que "se impide la negociación colectiva, vulnerando, por tanto un derecho constitucional fundamental". Así, ha añadido que "los sindicatos no estarán en los procesos de fusión de empresas" y se verán obligados a acudir a la vía jurisdiccional para reclamar los derechos de consulta y participación de los artículos 44 y 64 del Estatuto de los Trabajadores.
El sindicato ha lamentado "la nula voluntad negociadora de la Administración que decidió adoptar actitudes no democráticas y vulneradores de la libertad sindical".
"El Govern no solo aprueba una norma que no resuelve la problemática del empleado público en Baleares, sino que además vulnera la Ley, si en el proceso de fusión de empresas públicas, planea el despido de trabajadores".
En esta línea, ha agregado que "esta vía de hecho, transgrede la normativa laboral aplicable, suplantando la legitimidad y potestad de los actores sindicales, habilitados, constitucional y normativamente para negociar en los procesos de fusión de empresas públicas".
Además, el sindicato ha añadido que es "una ley que permite seguir manteniendo cargos públicos de cuota de partido" y "sigue retribuyendo con dietas por asistencia a Consejos de administración, a cargos públicos que ya tienen un sueldo público; en ocasiones en varios consejos de administración".
También ha afirmado que "introduce nuevas figuras en la negociación colectiva (representantes de Hacienda y función pública), que, lejos de asegurar el control del gasto público, duplican las funciones que ya tiene la Comisión Interdepartamental de Retribuciones de la administración de la CAIB".
