El ex director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, está citado a declarar este miércoles, a partir de las 10.30 horas, en calidad de imputado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, que instruye la presunta trama urdida la pasada legislatura en torno al desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor (antigua C-715) mediante el desvío de fondos públicos a obras privadas que habrían sido facturadas como si se tratase de trabajos de la carretera.
Mientras tanto, junto a la de Aguiar está prevista, una hora después, la comparecencia de Guillem Garí, propietario de un restaurante ubicado en el kilómetro 41 de la carretera y quien también está citado como encausado, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
En concreto, el nombre de Aguiar, asistido por el letrado José Zaforteza, aparece reflejado junto al de otras 15 personas en la querella que interpuso el Ministerio Público en marzo del pasado año a raíz del supuesto desfase de 23 millones de euros producido sobre la cantidad presupuestada para el proyecto, que corrió a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715 (integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr).
Según consta en la denuncia, los imputados podrían haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil.
En el caso de Aguiar, los investigadores sospechan que obreros que trabajaban en la actual MA-15 descargaron unos 60 camiones con tierra procedente de las obras en la finca del que fuese director insular de Carreteras de 2001 a 2009. Se da la circunstancia, además, de que Aguiar fue máximo ejecutivo de Melchor Mascaró, una de las empresas que integraban la UTE.
La última declaración en el marco de esta causa tuvo lugar el pasado 23 de julio, cuando el ex vicepresidente del Consell, Antoni Pascual (UM), también imputado, puso de manifiesto ante la magistrada que durante el proceso de desdoblamiento de la antigua C-715 se produjo un desfase de 18 millones de euros -frente a los 23 que postulan los investigadores-, fruto de los modificados que la UTE llevó a cabo por imprevistos que fueron surgiendo en los trabajos. Sin embargo, negó un desvío de fondos desde la Institución a fines particulares.
Cabe recordar que la operación, abierta en marzo de 2009, se saldó con la detención de 18 personas, quienes quedaron en libertad con cargos excepto los funcionarios de la Institución insular Francisco Orejudo y Gabriel Mestre, los únicos que pasaron a disposición judicial y quienes eludieron ingresar en prisión tras depositar sendas fianzas de 125.000 y 75.000 euros. A partir de ese momento la Fiscalía ha estado estudiando toda la documentación intervenida para determinar las presuntas implicaciones de los detenidos en el caso.
En concreto, la obra se llevó a cabo en la pasada legislatura por parte del Consell de Mallorca cuando esta institución estaba gobernada por UM, iniciándose el 11 de junio de 2004 con la colocación simbólica de la primera piedra. Asimismo, requirió una inversión de 140 millones de euros y consistió en el desdoblamiento de dicha carretera con enlaces en las intersecciones y las rotondas.
