El Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares (ICAIB) celebra mañana el Día de la Justicia Gratuita y el Día del Turno de Oficio y lo hará con la organización de un acto institucional, a las 19.00 horas, durante el cual se entregará una placa conmemorativa a cinco letrados de las islas, uno de ellos a título póstumo, que se han destacado de forma especial en la defensa y la mejora del servicio público de la justicia gratuita en las islas. En concreto, recibirán la placa de reconocimiento los abogados Francisco Villalonga Cerdá, Ramón Antonio Riutord Pané, Javier Capelastegui Pérez-España, Lorenzo Gomila Gelabert y un familiar en representación de la colegiada fallecida Francisca Dols Company.
Pero además de rendir un justo homenaje a los letrados del Turno de Oficio, el acto se plantea para invitar a la sociedad en general a defender un modelo de justicia gratuita que funciona de forma eficaz, que es alabado por muchos países europeos, asiáticos, africanos y latinoamericanos y que garantiza, de hecho, el derecho de defensa y el acceso a la tutela judicial efectiva de miles de personas.
A juicio del decano de los abogados, la defensa del modelo requiere desterrar tópicos, como el hecho de que los letrados del turno sean inexpertos o estén poco preparados, ya que, de hecho, “son los únicos a quienes se exige una experiencia profesional previa de al menos tres años de ejercicio y la superación de una formación específica antes de asumir la defensa de sus representados en los tribunales”.
Juan Font ha asegurado que el sistema de justicia gratuita actual garantiza la defensa de los ciudadanos por parte de abogados libres e independientes, por lo que ha rechazado cualquier propuesta de reforma que se proponga la privatización del servicio o su funcionarización por considerar que lo primero podría incidir en una menor calidad de la defensa y lo segundo, “si bien no afectaría a la calidad de la defensa, sí podría comprometer en cierto modo la independencia de los abogados, puesto que, en ese caso, el justiciable estaría únicamente en manos de la Administración, la misma que, además, debe decidir sobre su derecho o no al beneficio de la justicia gratuita”.
