La teniente de alcalde de Funció Pública i Govern Interior, Irene San Gil, ha presentado esta mañana a los representantes de las 6 secciones sindicales en el Ajuntament de Palma un paquete de medidas base para los próximos 2 años encaminadas a racionalizar y reducir el gasto público en materia de personal en la institución municipal lo que podría suponer un ahorro de unos 10 millones de euros, a razón de 5 millones por año.
Este encuentro con los sindicatos se produce inmediatamente después de que el alcalde de Palma, Mateo Isern, se reuniera con los representantes de los trabajadores municipales y les pidiera implicación para hacer frente a la situación de especial dificultad económica por la cual atraviesa el Ajuntament de Palma.
Estas medidas tienen como finalidad una mayor racionalización de los recursos humanos disponibles lo que permitirá, a corto plazo, disminuir el número de efectivos de plantilla, reducir el gasto en materia no directamente relacionada con las retribuciones de carácter periódico y obligatorio y, especialmente, disminuir la realización de servicios extraordinarios, todo ello sin disminuir el nivel de prestación de los servicios públicos esenciales.
Este paquete de medidas propuesto esta mañana por Irene San Gil no está cerrado y trae consigo una oferta de diálogo con los representantes sindicales a fin de que pueda aplicarse un modelo consensuado y ajustado a las circunstancias económicas excepcionales que afectan al Ajuntament.
San Gil ha emplazado a los sindicatos a una nueva reunión, prevista para el próximo viernes, de manera que éstos puedan hacer constar sus impresiones y sugerencias sobre este pliego de medidas, que deberá cerrarse a principios de la semana próxima en un nuevo encuentro con los representantes de los trabajadores.
La aplicación de este nuevo modelo de racionalización y optimización de los recursos humanos en el Ajuntament de Palma se prolongaría por un período de 2 años, lo que obligaría a suspender provisionalmente el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo (ARCT) del personal funcionario, eventual y de los órganos directivos aprobado por la Junta de Gobierno de 2 de junio de 2010.
Para ello, el Ajuntament de Palma se acoge al artículo 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público que establece que “se garantiza el cumplimiento de los pactos y acuerdos, salvo que excepcionalmente y por una causa de grave interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las administraciones públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de pactos y acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. En este supuesto, las administraciones públicas han de informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o regulación”.
Entre las diferentes medidas planteadas a los sindicatos destacan la amortización de plazas correspondientes a puestos de trabajo que queden vacantes por jubilación, defunción o excedencia voluntaria; la reducción de personal interino en plazas vacacntes; la suspensión de la convocatoria de bolsines de interinos y la reducción de horas extraordinarias que pasarían a compensarse con días libres.
