viernes. 29.03.2024

La Comisión de Hacienda y Presupuestos aprobó ayer las Propuestas de Resolución presentadas por el GPP derivadas del debate generado tras la comparecencia del Síndico Mayor, Pere Antoni Mas, en relación a los informes presentados por la Sindicatura de Cuentas en 2009 que eran concluyentes sobre la gestión que el Govern de Francesc Antich estaba llevando a cabo en la Comunidad.

Durante su intervención, Mas recordó que Antich y su equipo se saltaron “la obligación legal de trasladar al Parlament, antes del 30 de octubre de 2010, el Proyecto de la Ley de Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, para su examen, enmiendas y, en su caso, aprobación”, como constata el primero de los informes. El segundo, que correponde a las cuentas de la Comunidad, denuncia que “en 2009 el Govern del Pacte había aumentado la deuda de la CAIB en un 58% con respecto al ejercicio anterior”.

Una vez concluida la participación del Síndico Mayor, el GPP expuso sus Propuestas de Resolución, aprobadas por el Parlament, de la mano del diputado Antoni Camps. De esta forma, el Parlament constató que “el anterior Govern incumplió la normativa vigente desatendiendo la obligación que tiene de presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma ante el Parlamento para su debate en los plazos legales establecidos”. En la misma propuesta aprobada, el Parlament corroboró “su rechazo ante la actitud negligente del anterior gobierno, evidenciando que “el hecho de no presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el 2011 ha resultado sumamente perjudicial para los ciudadanos y ciudadanas de las Islas Baleares” y concluyó diciendo que “la orden de prórroga presupuestaria dictada por el anterior ejecutivo atenta contra la Constitución dado que vulnera el principio de reserva de Ley en relación al endeudamiento”.

Intención del PSOE

El PSOE, por su parte utilizó su turno de exposición para atentar contra la labor de la Sindicatura de Cuentas, al presentar una Propuesta de Resolución que pretendía que el Parlment aprobase que “no es competencia de la Sindicatura la emisión de informes específicos en materia puramente jurídica sobre la actuación del Govern” y “la absoluta y escrupulosa legalidad de todo el procedimiento seguido para prorrogar los presupuestos de 2010 de cara al ejercicio de 2011”, contradiciendo así el informe de la Sindicatura.

La mayoría parlamentaria rechaza "la actitud negligente" del anterior Govern