Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que incrementaba sus facturas para alterar sus contabilidades y así poder beneficiarse de notables deducciones en el Impuesto del Valor Añadido (IVA). Con este procedimiento habían defraudado a la Agencia Tributaria unos 800.000 euros. Seis personas han sido detenidas, entre ellas los dos cabecillas, gerentes de un centenar de mercantiles, acusados de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Hay otros ocho imputados vinculados a las facturaciones de trabajos, la mayoría ficticios, a los que se incrementaba su importe.
La operación se inició a raíz de un informe emitido por la Delegación Especial en Baleares de la Agencia Tributaria. Tras las pesquisas policiales se detectaron facturas de dudosa procedencia para incrementar los balances y las contabilidades empresariales, todo ello para obtener beneficios directos en las deducciones de los Impuestos del Valor Añadido y de Sociedades.
Un empresario fallecido dueño de las empresas investigadas
Facturaban a nombre de personas vinculadas a las empresas investigadas, bien como trabajadores o que habían tenido contacto alguna vez con dichas compañías. Un empresario mallorquín fallecido resultó ser el epicentro de esta trama, así como dos de los detenidos, ambos con antecentes por estafa y blanqueo de capitales, que actuaban como gerentes de las sociedades siendo en realidad los verdaderos artífices de las contabilidades ficticias de aproximadamente cien sociedades. También se ha arrestado a otros cuatro miembros que actuaban como testaferros ocupando cargos sociales ficticios a cambio de dinero o de regularizar la situación legal en España. Mediante estas suplantaciones, los verdaderos autores eludían responsabilidades directas. Entre esos testaferros se encontraban el jardinero del chalet del dueño o el encargado de limpiar las oficinas que figuraban como administradores únicos a cambio de una cantidad mensual.
Deudas personales muy elevadas
El asesor fiscal de esta trama reconoció haber inflado la facturación a petición de la empresa utilizando identidades de personas que a lo largo de su vida tuvieron vinculación empresarial-mercantil con él, constando una de las facturas presentadas por un importe de 130.000 euros. En alguno de los casos investigados la deuda personal generada a esas terceras personas les llevó a situaciones personales-patrimoniales muy complicadas o directamente a la indigencia.
La operación ha sido desarrollada por la Brigada Provincial de Policía Judicial Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicosde la Jefatura Superior de Policía de Baleares, con la colaboración de la Comisaría Local de Onteniente y la Jefatura Superior de Policía de Cataluña.
