viernes. 29.03.2024

Este viernes día 10 de febrero serán desalojados Mª Carmen, su hija (que sufre un retraso maduro) y sus cuatro nietos, poniendo a esta familia en una posición de indefensión total.

Mari Carmen es madre y abuela. Madre de una hija con un retraso maduro, y abuela de cuatro nietos que están a su cargo. El 10 de febrero el BBVA la quiere desahuciar de un piso que ella nunca se ha negado a pagar.

Mari Carmen no quiere dejar de pagar. Desde la Plataforma d'Afectades per les Hipoteques de Mallorca no piden una vivienda para ella. Solicitan a las diferentes entidades sociales, gubernamentales y privadas una vivienda en régimen de alquiler social que sirva como hogar para sus cuatro nietos, desahuciados dos veces: una de al lado de su madre a causa de su minusvalía, y ahora de la casa de su abuela, debido a "la avaricia de un banco como el BBVA".

Se calcula que hasta el 2015 se producirán más de 500.000 ejecuciones hipotecarias en el estado español. Centenares de miles de familias serán desahuciadas de su casa por las mismas entidades financieras que han provocado la crisis y que han sido rescatadas con dinero público. La Plataforma d'Afectades per les Hipoteques de Mallorca cree inadmisible e intolerable que en un Estado social y democrático de derecho se estén produciendo centenares de miles de desalojos al mismo tiempo que existen millones de pisos vacíos que no están cumpliendo su función social.

La Plataforma d'Afectades per les Hipoteques de Mallorca denuncia que las administraciones públicas, lejos de dar respuesta a esta situación de emergencia de viviendas y parar la sangría de desalojos, parece más dispuesta a amparar y proteger los intereses de las entidades financieras que a defender los derechos más elementales de la ciudadanía. Los poderes públicos están siendo cómplices de la vulneración de este derecho básico, incumpliendo el marco jurídico estatal, así como varios tratados internacionales que han sido ratificados por el estado español:

– Se vulnera el Artículo 25 de la declaración universal de los derechos humanos, que dice: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida que asegure, para su familia, la salud y el bienestar, y especialmente en cuanto a alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; ... "

– Se vulnera el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales, donde dice que el estado está obligado a hacer todo el posible para impedir los desalojos forzados por motivos económicos. Y que en caso de no evitarlos, tiene que velar porque se cumplan todas las garantías procesales y un realojo digno y adecuado para las familias. España firmó y ratificar este pacto, y está pues obligada a respetarlo.

– Se vulnera el artículo 47 de la Constitución Española, que dice literalmente: "Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuado. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo según el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística. "

Los desalojos por causas económicas (es decir, por carencia de ingresos), no sólo atentan contra las necesidades más elementales de la población en un contexto de crisis, sino que además incumplen con la legalidad del propio estado. Ante la vulneración sistemática de nuestros derechos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca denuncia esta situación. Mañana quizás Mª Carmen irá a la calle mientras siguen habiendo pisos vacíos en todas partes.

El BBVA desahucia en Son Ferriol a una abuela, a su hija disminuida y a sus cuatro nietos