Nadie nacido en Baleares se refiere a Palma como Palma de Mallorca, pero la imagen turística parece prevalecer a la hora de que el Parlament tome este martes la decisión de cambiar el nombre a la capital de Balears por el que se utiliza normalmente en la península, Palma de Mallorca. Un nombre que no utilizan ni en los vuelos de Air Berlín o Ryanair, por poner un ejemplo, pero en su afán de demostrar que hacen algo y desmontan todos "los errores" de los anteriores gobernantes, el Partido Popular de Baleares cambiará el topónimo de la ciudad balear.
Es en el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears aprobado en 2007, donde quedaba constancia de que Palma debía tener un trato específico frente al resto de municipios que le diese el carácter de capital.
La portavoz popular en el Parlament, Mabel Cabrer ha confirmado que “al tratarse de una iniciativa del Ayuntamiento de Palma, está prevista la intervención del alcalde, Mateo Isern, para la presentación de la misma”.
Esta Proposición de Ley apela a dos temas que fueron modificados en 2008. Por un lado se pretende recuperar el topónimo de Palma de Mallorca, y por otro, recuperar las competencias en materia urbanística, es decir, que el ayuntamiento tenga la potestad para hacer la aprobación inicial y definitiva del Plan General de Palma y del resto de instrumentos urbanísticos, limitando al Consell de Mallorca a tener una función más consultiva, dejando las decisiones en manos del ayuntamiento, lo que le dotaría de una mayor eficiencia, autonomía local y mayor descentralización.
La popular ha querido recordar que en 2008 Aina Calvo, ex alcaldesa de Palma, y Francina Armengol, ex presidenta del Consell, decidieron dotar al Consell de las mismas herramientas de coordinación para todos los municipios, algo que “con el tiempo resultó ser un error, y que demuestra el hecho de que tanto los representantes del PSOE como del PSM en Cort decidieron abstenerse en la votación para que el ayuntamiento recuperase las competencias urbanísticas”.
Por otro lado la moción sobre política general de educación que presenta el Grupo Socialista “contará con el apoyo del GPP en la mayoría de los puntos”. Así lo ha explicado Cabrer, quien ve en este texto “voluntad por parte de todos los partidos políticos de firmar el Pacto por la Educación que para nosotros es una prioridad y cuyas bases acaban de ser presentadas ante toda la sociedad civil por el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, y por el conseller de Educación, Rafael Bosch.
Los puntos que apoyarán los populares son aquellos relacionados con “el reconocimiento de la educación como derecho universal, establecer negociaciones con el Estado y la Unión Europea para obtener fondos complementarios que ayuden a una mejor gestión, regularizar los pagos pendientes a los centros educativos y a mantener un trato ecuánime y transparente en los centros a la hora de distribuir los recursos asignados”.
Por el contrario, Cabrer ha reconocido que “será difícil llegar a consenso en el punto que reconoce la lengua catalana como lengua vehicular de nuestro sistema educativo”.
