El Grupo Parlamentario Socialista ha denunciado que el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la ordenación urbanística supondrá la "desregulación masiva" del territorio de Baleares con un modelo que el PP "ya ha ensayado en el pasado en municipios como Andraitx, con unos resultados ambientales, paisajísticos, administrativos e incluso judiciales por todos conocidos".
Según el diputado socialista Jaume Carbonero, el Decreto ley 2/2012, que actualmente se tramita como ley en el Parlamento de las Islas Baleares, supone "un grave retroceso en la regulación urbanística existente en este momento en Baleares" y lo ha calificado como un "asalto a la arquitectura territorial de las Baleares".
Los socialistas afirman que, mediante estas medidas, se legalizarán parcelaciones clandestinas en suelo rústico, se posibilita la clasificación como urbanos de suelos hoy protegidos, se exonera a los nuevos crecimientos del cumplimiento de los techos poblacionales previstos en los planes territoriales, y se disminuye la carga de cesiones de las promociones privadas en suelo urbanizable.
También añaden que, la norma "rebaja" las condiciones de hasta una decena de leyes hasta ahora vigentes, posibilita la "revisión expreso" del Plan Territorial de Menorca y suspende la protección de los conjuntos histórico-artísticos del entorno a las iglesias de Ibiza y Formentera.
Para el Grupo Socialista, el Decreto Ley, cuando se aprobó, abrió la "barra libre" a la desprotección de espacios naturales y a las agresiones al paisaje de las Islas Baleares.
Según afirman, tenían "la esperanza de que, en su tramitación parlamentaria, se pudieran corregir algunos de los excesos del decretazo". Pero Carbonero afirma que no sólo no ha sido así sino que "corrigen los artículos originales para desregular todavía más su contenido, e incluso añaden muchas disposiciones nuevas" en la misma dirección.
Para los socialistas, el PP asume por ley el urbanismo a la carta que tanto mal ha hecho ya en las Islas Baleares, en un intento de satisfacer todas las demandas que habían planteado diferentes agentes urbanísticos.
Por último, el Grupo Parlamentario Socialista ha criticado que "el PP pone los intereses privados por ante el muy común, desregulando el territorio que es de todos para facilitar el beneficio particular, la construcción desenfrenada y salvaje de las islas. Y demuestra que no tiene ninguna alternativa ni proyecto de crecimiento económico que no sea, una vez más, la construcción".
