La Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares presentó este jueves un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en el que informa a favor de la petición de la defensa del presidente del Parlament y exalcalde de Inca, Pere Rotger, para que se archive su imputación en el caso Over Marketing, al considerar que no cometió "ningún delito".
Así lo han informado a Europa Press fuentes del Govern, que han explicado que el Ejecutivo balear considera que el juez José Castro debe levantar la imputación de Rotger, dado que el contrato que adjudicó a la empresa Over cuando era alcalde de Inca y que está siendo investigado "está de acuerdo con la normativa aplicable, ya que el trabajo se hizo y se ajustó a precio de mercado".
En esta línea, han apuntado que la petición del archivo de la imputación realizada por la Abogacía de la Comunidad Autónoma se hace "desde un punto de vista técnico jurídico", teniendo en cuenta que el Govern está personado como acusación particular en esta causa, al estimar que ha podido haber una malversación de fondos públicos por parte de responsables del Govern de Jaume Matas.
Precisamente, el portavoz del Govern, Rafael Bosch, ha defendido esta mañana la actuación de Rotger, en el marco de la contratación presuntamente irregular de la empresa Over Marketing por parte del Ayuntamiento de Inca para la realización de unas encuestas sobre la calidad de vida en el municipio mallorquín, servicio por el que la mercantil cobró 20.300 euros (17.500 sin IVA).
Durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión del Consell de Govern, Bosch ha alegado que el entonces alcalde de Inca no realizó "ninguna actuación irregular" que justifique su encausamiento en el denominado caso Over, aseverando que los trabajos se llevaron a cabo y se abonó una cantidad en base al precio de mercado. Asimismo, ha apuntado que la contratación se materializó al amparo de la Ley aplicable entonces.
El propio Rotger manifestó ante el juez instructor, José Castro, que ordenó encargar a Over la realización de las encuestas, si bien apostilló que "en esta cuestión estábamos los tres", al referirse a su sucesor como primer edil, Rafael Torres -para quien el magistrado archivó su imputación-, al entonces jefe de prensa y a él mismo.
Los investigadores apuntan a que se trata de un expediente que resultó amañado en el sentido de que se hizo una contratación de forma directa y verbal, vistiéndose posteriormente el correspondiente procedimiento administrativo negociado sin publicidad mediante la presentación de diversos presupuestos simulados.
De hecho, un escrito de la Fiscalía incluido en el sumario del caso señala que el precio del servicio estaba "notablemente hinchado" al haber subcontratado Over al Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Baleares (IBES), al que abonó 9.800 euros cuando del Consistorio de Inca Over recibió por este trabajo un total de 20.300 euros.
Es más, un informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso Over y al que tuvo acceso Europa Press, revela cómo el expediente "adolece de todo rigor" al haber sido cursado como un contrato menor cuando la cantidad que le fue abonada ascendía a más de 20.000. El Instituto Armado incide así en la forma como fue supuestamente maquillada la contratación para darle forma de negociado en el que concurrieron otras empresas.
El informe hace constar, asimismo, que "sería difícil desvincular de un Consistorio relativamente mediano y con un presupuesto no excesivamente alto del conocimiento del alcalde-presidente Pere Rotger el contenido y aprobación [del contrato] a Over". Asimismo, destaca el hecho de que no se opusieran a la aprobación de la factura, elevada a la Junta de Gobierno por el entonces teniente de alcalde Rafael Torres, ni la interventora municipal ni el asesor jurídico.
